“Es hora de que las normas de la guerra se conviertan en una prioridad política”

Discurso pronunciado por la presidenta Mirjana Spoljaric en el Instituto de Graduados - Ginebra, 28 de noviembre de 2022 

Señoras y señores,

Estimadas y estimados colegas,

Es un placer para mí dirigirme a ustedes en esta tarde. Es mi primer discurso público desde que asumí como presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Como presidenta, una de mis principales responsabilidades es representar las necesidades de las comunidades afectadas por conflictos ante quienes tienen el poder de mejorar sus circunstancias.

Durante estas primeras semanas, me he interesado particularmente por la labor que llevan adelante nuestras principales operaciones. He viajado al norte de Malí, Washington, Nueva York, París. También fui a Dublín en ocasión de la importante declaración para limitar el uso de armas explosivas en zonas pobladas.

Dos cuestiones me han impactado en este breve periodo.

En primer lugar, ¿qué nivel de sufrimiento humano causado por los conflictos armados y por la violencia es tolerable?

En el norte de Malí, la población ha sufrido enormemente la violencia, y a ese sufrimiento se ha sumado el impacto negativo de la crisis climática. Vi niños que no tienen comida, ni ropa, ni la esperanza de alguna vez asistir a una escuela.

En el conflicto armado internacional entre Rusia y Ucrania, vemos niveles inaceptables de destrucción, que causan un sufrimiento absurdo a la población civil.

Y no solo allí: de Etiopía a Yemen, de Afganistán a Israel y los territorios ocupados, de Siria a Somalia, a los efectos de la violencia armada se añaden los de economías fallidas, que causan hambre y una desolación total.

En segundo lugar, es evidente el porqué de la existencia del derecho internacional humanitario y de la propia función del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Los conflictos son sangrientos y arruinan vidas. Los conflictos son nada más ni nada menos que actos de deshumanización, de destrucción del otro por la fuerza.

En la lógica de la supervivencia, es difícil encontrar un espacio para la humanidad. Pero fue precisamente por esas circunstancias inextricables que se pensó la acción humanitaria neutral e imparcial.

El derecho internacional humanitario establece criterios mínimos de humanidad que deben respetarse en los conflictos armados. Todas las partes deben respetar sus normas, independientemente de los motivos que las hayan impulsado a ir a la guerra.

Valoro especialmente esta oportunidad de dirigirme a ustedes, porque creo que este es un momento decisivo para el mundo.

Las relaciones entre los Estados poderosos están marcadas por la tensión, y el multilateralismo tiene dificultades para preservar su valor y su legitimidad en un clima de división.

Los Estados y los medios de comunicación hablan de los conflictos armados internacionales de gran escala casi como si fueran inevitables. Las armas nucleares siguen siendo una amenaza para todos nosotros. Y se desarrollan nuevas formas de causar muerte y destrucción de la mano de los avances científicos.

Existen motivos para preocuparse por el resurgimiento de conflictos entre Estados luego de un largo periodo en el que predominaron los conflictos armados no internacionales y, al mismo tiempo, las tendencias de las dos últimas décadas no muestran signos de ceder.

Muchos conflictos armados no internacionales se prolongan y algunos de ellos se han agravado.

Varios grupos armados continúan eludiendo sus responsabilidades, y los Estados, que operan a través de sustitutos estatales y no estatales, hacen lo mismo.

La tecnología se desarrolla a toda velocidad, con las ciberoperaciones, las armas autónomas y el uso del espacio ultraterrestre, lo que plantea diversas cuestiones respecto de la aplicación y la interpretación del DIH.

Y los efectos concomitantes de las presiones financieras mundiales, el aumento de las desigualdades y la crisis climática solo empeoran las cosas.

Mientras tanto, el respeto por el derecho internacional humanitario es desparejo, en el mejor de los casos.

Esto también significa que las partes beligerantes con mucha frecuencia tratan de excluir a categorías enteras de población de la protección humanitaria que confiere el derecho. Y que todos los días se cometen crímenes de guerra con impunidad.

Al asumir la importante función de presidenta del CICR, soy realista, pero tengo esperanzas.

Sí, hay problemas urgentes y graves para abordar.

Pero tenemos en nuestro poder algo sumamente valioso: un consenso internacional.

Todos y cada uno de los Estados han firmado los Convenios de Ginebra.

Todos y cada uno de los Estados han aceptado libre y voluntariamente vincularse jurídicamente por las normas que esos tratados consagran.

Todos y cada uno de los Estados han decidido que, sin importar las circunstancias que hayan dado lugar a una guerra, limitar su costo humano es una obligación jurídica que no puede pasarse por alto.

En un momento en que la división obstaculiza el multilateralismo, no debemos subestimar la fortaleza del consenso mundial en torno a las normas de los conflictos armados.

No podemos dejar que el clima de incertidumbre sobre el futuro de la paz nos haga dudar de la abrumadora certidumbre del mundo sobre los límites de la guerra.

Por el contrario, es hora de que las normas de la guerra se conviertan en una prioridad política; para aprovechar ese consenso único y contribuir a que el derecho internacional humanitario haga el trabajo que se le encomendó hacer en un momento de la historia en que lo peor se había vuelto demasiado fácilmente imaginable.

Hoy propongo tres formas de lograrlo.

Primero: debemos preservar los logros que tanto nos ha costado conseguir. Con mucha frecuencia, las posiciones y las prácticas de los gobiernos, en declaraciones, en políticas o en las posturas que adoptan en las negociaciones multilaterales, debilitan las interpretaciones del derecho.

Reconocemos que siempre habrá algún Estado u otro que tenga interés en establecer una nueva excepción a la aplicación de las protecciones que confiere el DIH para lograr un objetivo político inmediato.

Se ha recurrido innumerables veces a la narrativa de la lucha contra el terrorismo de las décadas recientes para decir que determinada situación es tan singular que el DIH no puede abordarla o, peor, que algunas personas tienen tanta maldad que no merecen la protección que confiere el DIH.

Para decirlo con toda franqueza, esta es una de las razones por las que hemos terminado teniendo campamentos en el noreste de Siria, donde miles de niños de decenas de países han quedado varados en condiciones inhumanas, a la vista de toda la comunidad internacional.

También reconocemos que algunos gobiernos y grupos armados no estatales cuestionan la legitimidad del derecho internacional humanitario: adoptan la visión de que el DIH constituye una imposición extranjera y usan este argumento para menoscabar su fuerza.

Pero ¿el principio de humanidad no es universal?

Y no es un principio nuevo. Las condiciones pueden cambiar en el largo plazo: ningún Estado está exento de algún día ver a sus propios combatientes, civiles o ciudades en manos enemigas.

Y cuando su propia población sea vulnerable, los Estados no querrán que se eludan normas vitales en virtud de excepciones mal concebidas.

Los impactos de los conflictos, por su parte, no se detienen en las fronteras entre países. Millones de personas en todo el mundo han tenido que huir para salvar su vida e instalarse en países más seguros. En los meses pasados, también hemos visto los inicios de una crisis alimentaria en África, y escasez de gas y electricidad en Europa.

Y, lo que causa mucho pavor, también sabemos que los impactos de cualquier uso de armas nucleares serían de gran magnitud y causarían destrucción irreversible.

En otras palabras: todos tenemos algo en juego. El derecho internacional humanitario nos protege a todos y cada uno de nosotros.

En lo que respecta a la acción concreta, preservar nuestros logros significa usar nuestras voces para reafirmar la universalidad y la pertinencia del DIH en cada ocasión posible, en los foros multilaterales, en conversaciones con dirigentes, en los círculos académicos.

Significa no permitir que el lenguaje del derecho, acordado universalmente y consagrado en los tratados, sea erosionado por las exigencias políticas del día.

Y significa evocar las normas con la confianza de que, por más diferente que sea el próximo conflicto de todos los que ocurrieron antes, el DIH es un conjunto de normas idóneo, y los cuestionamientos sobre su pertinencia deben dejarse de lado.

Segundo: la preparación es crítica, pero también quisiera decir unas palabras sobre prevención. Para el CICR, prevención significa tener a disposición todas las herramientas necesarias para que el DIH sea respetado si estalla un conflicto.

Prevención significa que los Estados adopten legislación para implementar el DIH, brinden formación a los militares acerca de las normas de la guerra, emitan órdenes respetuosas del derecho y promuevan una cultura de la responsabilidad.

Significa que los Estados deben prever lo necesario para alojar a los detenidos en forma digna, ofrecerles un debido proceso y evitar las desapariciones; significa que los Estados deben adoptar prácticas que, al seleccionar objetivos de ataque, les permitan evitar víctimas civiles y proteger las viviendas, las escuelas, los hospitales y los bienes culturales. Significa que los Estados deben planificar las operaciones militares de tal modo de preservar los servicios esenciales, como los de asistencia de salud y abastecimiento de agua limpia.

La prevención implica también la voluntad política de los Estados de investigar la conducta de las fuerzas armadas propias, de examinar con seriedad los hechos que rodean las presuntas violaciones del DIH. Las investigaciones efectivas no solo contribuyen a disuadir y sancionar las malas conductas, sino que también permiten identificar deficiencias sistemáticas y que las fuerzas armadas podrán corregir.

El CICR trabaja estrechamente con los Estados: les ayuda con la legislación, los alienta a firmar nuevos tratados o capacita a sus fuerzas armadas, jueces, parlamentarios y diplomáticos en las normas de la guerra.

La prevención de las violaciones del DIH debe ser parte integral de todas las medidas que los Estados adopten para prepararse para los conflictos del futuro.

Tercero: debemos afrontar el problema del incumplimiento.

El DIH, como conjunto de normas vivo, es respetado a diario. El daño que no ocurre es difícil de cuantificar.

No caben dudas de que, en los más de cien conflictos armados en curso actualmente en el mundo, la aplicación del DIH por las partes ha preservado vidas y bienes civiles, evitado torturas y desapariciones, salvaguardado hospitales y mantenido armas horrendas lejos de los campos de batalla.

El personal del CICR es testigo a diario de los efectos protectores del DIH. Nuestra propia capacidad de trabajar, visitar a los detenidos, repatriar restos morales, apoyar a hospitales y desplazarnos con libertad en ambos lados de las líneas del frente para prestar asistencia a las personas necesitadas y documentar las presuntas violaciones, la debemos a la eficacia del DIH.

Y, sin embargo, se cometen con frecuencia violaciones flagrantes de las normas básicas. Se recurre a la tortura como política. Se ataca a civiles para sembrar el terror. Se destruyen hospitales con absoluto desprecio. Se profanan sitios culturales.

Entre los muchos desafíos que hoy enfrenta el DIH, el incumplimiento es el más crítico.

Pero debemos ser claros sobre la respuesta adecuada. Con mucha frecuencia, los crímenes de guerra se abordan con más incerteza que resolución.

¿El derecho internacional humanitario sigue siendo pertinente?

¿A alguien siguen importándole los Convenios de Ginebra?

Varios observadores bien intencionados cuestionan la adecuación del DIH a la luz de las violaciones de sus principios más básicos.

Cuando el derecho se quiebra, no es necesario repararlo, sino aplicarlo.

Y hay muchas maneras de hacerlo.

Las partes en conflicto, principalmente, deben responder con investigaciones efectivas y procesos penales cuando corresponda.

En una época de coaliciones y operaciones en asociación con otros actores, los países de apoyo deben cerciorarse de no estar alentando o contribuyendo a la comisión de violaciones del DIH. Tienen un papel singular que cumplir usando su influencia para poner fin a las violaciones cometidas por sus socios.

En cuanto a los Estados que abastecen de armas a las partes en conflicto, las normas internacionales que rigen la transferencia de armas tienen la finalidad de evitar que lleguen a manos de los infractores.

E incluso los Estados que no participan en los conflictos y están lejos de los campos de batalla tienen herramientas para usar.

La diplomacia y otras formas de presión aplicadas por los Estados pueden ayudar a convencer a una parte en conflicto para que cumpla el derecho. Cuando se sospecha que criminales de guerra han cruzado fronteras internacionales, los Convenios de Ginebra y la doctrina de la jurisdicción universal facultan a cualquier Estado a enjuiciarlos ante sus tribunales, independientemente de dónde haya ocurrido la conducta indebida.

Junto con los tribunales internacionales y los mecanismos de supervisión, con todas sus fortalezas, debilidades y limitaciones, existen muchas herramientas para que los Estados aborden el incumplimiento del derecho internacional humanitario.

Los Estados son los arquitectos de las normas de la guerra. En lugar de expresar dudas sobre su creación, deben demostrar la tenacidad de aplicarlas.

El CICR, por su parte, trabaja en el marco del DIH para promover el cumplimiento del derecho. Nuestro diálogo de protección bilateral y confidencial con los Estados y con grupos armados no estatales tiene la finalidad de dirigir la atención a las presuntas violaciones del derecho y a presionar para que se adopten medidas correctivas.

Nos ponemos en contacto con grupos armados no estatales, independientemente de sus motivos o de su estructura, para señalarles los principios más básicos de humanidad y su responsabilidad de preservar a las personas civiles, atender a los heridos y salvaguardar la dignidad de los detenidos.

Aplicando su modalidad de trabajo confidencial, el CICR puede ayudar a los Estados a responsabilizar a quienes hayan cometido crímenes internacionales, asegurándose de que todas las partes en conflicto conozcan su obligación de investigar y enjuiciar.

Señoras y señores,

Estimadas y estimados colegas,

Quisiera concluir con la siguiente afirmación:

Para la mayoría de los Estados que se encuentran en tiempo de paz, los conflictos armados son cosa de los libros de historia. Pero, para nosotros, para el Comité Internacional de la Cruz Roja, los conflictos armados son cosa del presente.

Desde su fundación, el CICR ha estado siempre en medio de y entre facciones beligerantes. Hoy puedo basarme en la experiencia de muchos y valientes colegas cuando digo que el actual clima mundial está invitando a la calamidad.

Mientras los Estados se preparan para los potenciales conflictos del futuro, corren el riesgo de lograr que ese futuro se vuelva más probable. No podemos permitirnos caer poco a poco en un mundo donde varios Estados poderosos acepten los conflictos armados como un instrumento político que inevitablemente causará grandes números de víctimas civiles.

Si la guerra estallara en medio de las grietas que vemos hoy en día, las ramificaciones y las consecuencias humanitarias serían abrumadoras, por decir lo menos. Y no hay nada que el DIH, el Comité Internacional de la Cruz Roja o el conjunto del sector humanitario mundial puedan hacer para volverlas soportables.

Solo los Estados son responsables de la dirección que tome nuestro futuro.

Como dirigente humanitaria, siempre evitaré los enredos políticos. Pero voy a implorar a los Estados cada vez que pueda para que consideren su responsabilidad de mantener la paz. Nos ocuparemos de promover el DIH, asistir a los Estados para que cumplan sus obligaciones de prevenir las violaciones y proteger a las víctimas civiles y militares de los conflictos armados, donde las haya.

Es responsabilidad de todos los Estados, en su calidad de partes en los Convenios de Ginebra, de evitar que se recurra a la guerra en primer lugar y, luego, cuando estalla un conflicto, de reducir lo más posible el sufrimiento de las personas civiles.

Los Estados deben ser exitosos en este aspecto.

Y las organizaciones humanitarias y las sociedades en su conjunto no deben darles, sin advertirlo, la comodidad de fracasar. Me refiero a mí, a ustedes, a los medios de comunicación, a los dirigentes comunitarios, a los empresarios y a los académicos.

Los Convenios de Ginebra se elaboraron para todos nosotros, y todos nosotros debemos cumplir nuestro papel. No podemos permitir ni por un momento que la apatía nos domine.

Es imperioso evitar la guerra. Incluso cuando estalla una guerra, el respeto por el derecho internacional humanitario ha sido y seguirá siendo la única forma de preservar un mínimo de humanidad, de mantener alejadas las peores atrocidades y, en última instancia, de allanar el camino de regreso a la paz y la prosperidad.