Minas antipersonal

Las guerras deberían finalizar cuando cesan los enfrentamientos. Sin embargo, las minas antipersonal continúan causando muertes y mutilaciones aun después de finalizada la guerra. Y es, sobre todo, la población civil la que sufre las horrorosas consecuencias.

Las minas antipersonal dejan un legado de muerte, lesiones y sufrimiento a largo plazo. Cuando se pisa una mina, el resultado es la muerte o la lesión de una o más personas —a menudo niños—, y las consecuencias en las víctimas y en sus familias son de por vida. A raíz de la contaminación por minas, extensas zonas de tierras valiosas quedan inutilizadas, lo que compromete la producción de alimentos y destruye los medios de subsistencia. Las consecuencias del uso de minas antipersonal en comunidades y países suelen durar décadas.

Por este motivo, la comunidad internacional aprobó, en 1977, la Convención sobre la prohibición de minas antipersonal, que prohíbe el uso, la producción, el almacenamiento y la transferencia de esas armas, y requiere que se tomen medidas para prevenir y abordar sus efectos duraderos.

La campaña para erradicar las minas antipersonal fue una de las principales iniciativas humanitarias de las últimas tres décadas. El CICR, junto con los Gobiernos, la Campaña internacional para la prohibición de minas terrestres y la Organización de las Naciones Unidas, debatieron acerca de la prohibición mundial del uso, el almacenamiento, la producción y la transferencia de esas armas. Los Estados respondieron mediante la aprobación de la Convención sobre la prohibición de minas antipersonal, pero eso fue tan solo el principio. Luego, hubo que implementar la Convención.

Hoy en día, veinte años después de la aprobación de la Convención, se han logrado importantes avances, pero aún quedan grandes desafíos, sobre todo en lo que respecta a la remoción de las minas que permanecen en el suelo, y a los heridos y sus familiares.

Más de tres cuartos de los países del mundo ya se han sumado a la Convención sobre la prohibición de minas antipersonal. El uso reciente de minas por los Estados, incluidos los que no son Partes en la Convención, es inusual. Hasta hace poco, hubo un firme descenso en los índices anuales de nuevas muertes causadas por minas y restos de explosivos de guerra. Sin embargo, esta situación comenzó a cambiar, en principio, debido al uso de minas improvisadas en algunos países que actualmente atraviesan conflictos armados. Como consecuencia, en cincuenta y seis países y territorios afectados por minas y restos de explosivos de guerra, el legado de conflictos tanto pasados como presentes genera miles de víctimas cada año.

Los heridos por minas terrestres y otros restos de explosivos de guerra en general requieren cuidados de por vida. La Convención sobre la prohibición de minas antipersonal logró que los Estados se comprometieran a ayudar a los cientos de miles de víctimas de las minas, la mayoría de las cuales residen en países con muy pocos establecimientos de salud y de rehabilitación. Aunque la inclusión de asistencia a las víctimas en la Convención fue un gran logro, los avances en este aspecto han sido lentos. Si bien hubo una mejora general en la capacidad de los Estados Partes de recopilar datos y comprender mejor las necesidades de las víctimas, muchos carecen de un plan nacional de asistencia a las víctimas en vigor, y el acceso a los servicios para las personas que residen en zonas remotas continúa siendo un desafío. En consecuencia, muchos sobrevivientes aún tienen que ver mejoras sustanciales en relación con sus vidas y el acceso a cuidados médicos, rehabilitación física, apoyo psicológico, servicios sociales, educación y empleo.

La Convención también establece objetivos claros en lo referido a la remoción de minas y confiere a cada país un plazo de diez años para desminar su territorio. Desde que la Convención fue aprobada, se limpiaron miles de kilómetros cuadrados, y se informó que treinta Estados Partes que tenían zonas donde se sabía o se creía que existían ese tipo de artefactos estaban libres de esas armas. En otros treinta Estados, se están llevando adelante tareas de remoción, pero la fecha límite original de diez años para finalizarlas tuvo que extenderse en la mayoría de los casos.

Los Estados Partes también deben destruir sus existencias de minas antipersonal. Antes de que se aprobara la Convención, se informó que más de ciento treinta Estados poseían armas. Desde entonces, los Estados Partes han destruido más de cincuenta y tres millones de minas, y se estima que, en la actualidad, solo treinta Estados —de los cuales, solo tres habían suscrito la Convención— continúan teniendo existencias de minas antipersonal.

Para abordar estos desafíos actuales, la Tercera Conferencia de Examen de la Convención —celebrada en Maputo, Mozambique, en 2014— demostró la actitud dinámica y centrada en los resultados de los Estados que suscribieron este tratado. La Conferencia aprobó el Plan de Acción de Maputo, que establece sólidos compromisos para mejorar la labor en los ámbitos de asistencia a las víctimas, destrucción de existencias y remoción de minas, y cumplir los objetivos fundamentales de la Convención para 2025. Los objetivos del Plan de Acción pueden lograrse mediante una implementación firme y la disponibilidad continua de recursos.