Colombia: 120.000 motivos para seguir buscando

En 2020, documentamos una desaparición cada tres días en Colombia. Desde la entrada en vigor del Acuerdo de Paz hasta el 31 de diciembre del año pasado, registramos 571 nuevas desapariciones relacionadas con el conflicto y la violencia armada.

Una cifra que, aunque resulta dolorosa, no refleja la dimensión de la tragedia. Probablemente la magnitud del fenómeno sea aún mayor.

Arauca, Norte de Santander, Nariño, Cauca, Antioquia y Chocó fueron los departamentos más afectados en 2020. Según nuestros reportes, podemos aseverar que todos los actores armados continúan usando la desaparición para atemorizar a la población civil, con el fin de mantener el control del territorio o por no dar un trato digno a los cadáveres.

Si la búsqueda de las personas desaparecidas en Colombia normalmente era una tarea difícil, la pandemia la convirtió en un reto más grande. No solo como consecuencia de la agudización del conflicto en algunas zonas del país, sino también por la restricción de la libre circulación de civiles debido a la pandemia, lo que dificultó que las familias buscaran y acudieran a las instituciones del Estado para indagar cómo avanzaban los procesos.

Hay dos factores que agravan la situación. El primero, que muchos familiares de las más de 120.000 personas desaparecidas en Colombia dependen de economías informales, situación que, sumada a la pandemia, los obligó a decidir entre continuar la búsqueda o asegurar el sustento diario. El segundo, que el acceso a las rutas estatales se complejizó debido a las medidas implementadas para prevenir el contagio por COVID-19.

En definitiva, en Colombia, el fenómeno de la desaparición siguió resquebrajando los hogares de miles de familias en el país, en medio de un camino largo, lleno de incertidumbre y agravado por una pandemia que ha dificultado de muchas formas el ejercicio de sus derechos, que era ya complicado.

Antes de la pandemia, el manejo adecuado de cuerpos de personas no identificadas era una dificultad. En 2020, dado el incremento de personas fallecidas por COVID-19, se hizo más evidente la necesidad de que los cadáveres sean preservados en lugares idóneos para su posterior identificación y entrega digna a sus familiares. 

Hubo algunos casos en los que los cuerpos de las personas no identificadas en los cementerios fueron movidos para dar espacio a los fallecidos por COVID-19. Esta situación también podría dificultar la identificación de estos restos humanos, lo que impediría realizar los estudios forenses necesarios para conectarlos con sus familias.

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