Entre 2012 y 2015, el CICR emprendió dos grandes procesos de consulta en torno al fortalecimiento de la protección jurídica para víctimas de conflictos armados. Desde entonces, los dos procesos han pasado a otra etapa, según lo dispuesto en las resoluciones 1 y 2 de la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El primero se relaciona con el fortalecimiento de la protección jurídica para personas privadas de libertad en relación con conflictos armados. El segundo apunta a fortalecer el DIH mejorando la eficacia de sus mecanismos de cumplimiento.
