Protección: defender los derechos de las personas afectadas por conflictos armados

Los Convenios de Ginebra —las “leyes de la guerra”— protegen a las personas que no combaten o que han dejado de combatir. Los Estados están obligados a cumplir con los Convenios, que conforman el núcleo del DIH, para que las leyes de la guerra gocen de amplia difusión y comprensión, así como del respeto de todas las partes en un conflicto y sus simpatizantes. El CICR desempeña un papel muy significativo en esta tarea internacional, por medio de iniciativas para promover y fortalecer el DIH: recordamos a los Estados sus obligaciones; informamos a los jóvenes —los líderes del futuro— sobre el DIH y su crucial importancia; y trabajamos con la policía, las fuerzas armadas, las autoridades estatales y los grupos armados para que se esfuercen al máximo por evitar causar daños a la población civil. Además, contribuimos a seguir desarrollando el DIH, una tarea vital.

A fin de evitar el incumplimiento del DIH, comunicamos, desarrollamos y esclarecemos esa rama del derecho, además de promover su aplicación; al mismo tiempo, emprendemos esfuerzos para facilitar la aceptación de nuestra labor. El servicio de asesoramiento del CICR brinda orientación jurídica especializada y asistencia técnica sobre implementación del DIH: desde la sanción de infracciones graves de los Convenios de Ginebra hasta la protección del uso de los emblemas de la cruz roja, la media luna roja y el cristal rojo.

Mantenemos conversaciones confidenciales con Gobiernos, fuerzas armadas y grupos no estatales, haciendo hincapié en las consecuencias humanitarias de los conflictos armados y recordando a esos actores cuáles son sus obligaciones. Nuestro enfoque neutral e imparcial nos permite ser un intermediario de confianza, capaz de generar un entorno de comprensión, cooperación y respeto. Nuestro objetivo último es evitar que la población civil sufra los horrores de la guerra y reducir su vulnerabilidad en situaciones de conflicto armado.

Reconocemos las devastadoras consecuencias que pueden tener en la población civil los ataques contra la infraestructura esencial, sobre todo en zonas urbanas. En tiempo de paz, colaboramos estrechamente con Gobiernos, grupos armados y otras autoridades para sensibilizarlos sobre la importancia de preservar este tipo de infraestructura, como los hospitales, las escuelas y los sistemas de agua y saneamiento. Subrayamos la necesidad de evitar causar daños en estas estructuras, mitigar el sufrimiento de las personas civiles y mantener el acceso a los servicios necesarios para el bienestar y la supervivencia de la población.

Contratamos a exmilitares y exagentes de la policía como delegados especializados para trabajar con las fuerzas armadas y policiales. Nuestro objetivo es que estos grupos incorporen las normas pertinentes del DIH en sus programas de formación y en sus procedimientos operacionales. Además, a fin de mejorar la cooperación en el terreno, les explicamos qué actividades llevamos adelante en el país en cuestión.

Para reducir las consecuencias devastadoras de los conflictos armados en la población civil, alentamos a los Estados a adoptar nuevos tratados y a desarrollar continuamente nuevos reglamentos y normas.

Durante los conflictos armados, supervisamos y promovemos la aplicación del DIH conversando sobre cualquier denuncia de infracción directamente con las partes. Estas denuncias pueden provenir de las personas afectadas o de nuestras propias observaciones en el campo de batalla. Nuestro objetivo es defender los derechos de las personas que no participan o que han dejado de participar en las hostilidades, entre ellas, grupos vulnerables como los niños, las mujeres, los enfermos y heridos, las personas fallecidas y sus familiares, las personas privadas de libertad y las personas desplazadas. Presentamos nuestras conclusiones sobre posibles violaciones del DIH en diálogos bilaterales y confidenciales con las partes en conflicto a fin de fomentar un mayor respeto del derecho en el campo de batalla.

Puesto que las guerras suelen librarse con apoyo externo, también mantenemos diálogos con simpatizantes de las partes, a fin de que estén al tanto de sus obligaciones en el marco de los Convenios de Ginebra.

Allí donde el conflicto armado ha dejado dañada o destruida la infraestructura esencial para la vida y la seguridad humanas, nuestros proyectos de construcción e ingeniería brindan acceso a agua potable, refugio y otros servicios básicos para que las personas afectadas por conflictos armados vivan en un entorno más seguro.

La guerra arrasa con los sistemas de asistencia de salud y deja a las personas sin acceso a los servicios que necesitan. Dentro de nuestras posibilidades, trabajamos con las autoridades sanitarias locales a fin de establecer programas de asistencia de salud de alta calidad para la población de zonas afectadas por conflictos armados. En algunos casos, prestamos este servicio directamente.

Nuestros programas de rehabilitación física y prótesis contribuyen a la recuperación de los heridos de guerra y las personas con discapacidad en zonas afectadas por conflictos armados.

La violencia sexual es un crimen de guerra con consecuencias ruinosas para los sobrevivientes —mujeres, hombres, niños y niñas—, sus familiares y toda su comunidad. El CICR lleva adelante actividades orientadas a evitar ese tipo de crímenes, a través de las cuales protege a las posibles víctimas y asiste, posteriormente, a las personas y grupos afectados.

Durante un conflicto armado y por mucho tiempo después, la población civil puede sufrir lesiones graves o perder la vida a causa de armas, sus restos y dispositivos sin estallar. Las actividades para prevenir la contaminación por armas, a cargo de expertos en el tema, tienen relación directa con nuestro cometido de proteger a la población civil de los efectos de los conflictos armados.

Durante un conflicto armado, las dificultades de la vida diaria pueden llevar a la población civil a exceder los límites de sus mecanismos de afrontamiento. Trabajamos para combatir la inseguridad alimentaria y prestar ayuda de emergencia, así como apoyo a más largo plazo en relación con medios de subsistencia, para las personas que los necesitan a raíz de un conflicto armado u otras situaciones de violencia.

Todas las personas privadas de libertad tienen derecho a un trato justo y a condiciones de vida dignas, independientemente del motivo de su arresto y detención. Gracias a nuestro carácter de organización humanitaria neutral e imparcial, podemos visitar a los detenidos en lugares de detención adonde otros actores no llegan. Procuramos que tengan sus necesidades básicas satisfechas, que se mantengan en contacto con sus familiares y que reciban un trato humano y respetuoso.

En el caos que sobreviene durante un conflicto armado, muchas personas pueden fallecer, quedar desaparecidas o perder el contacto con sus familiares. Para sus seres queridos, lo que queda es un sufrimiento y una incertidumbre intolerables. Nuestra Agencia Central de Búsquedas y nuestros especialistas forenses, que trabajan junto con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, ayudan a las personas que han perdido a los suyos a encontrar respuestas sobre su suerte. También ofrecen asistencia técnica y, cuando es necesario, ayudan a que los fallecidos reciban un trato digno.