Las municiones en racimo y el derecho internacional humanitario
Los problemas que generan las municiones en racimo no son ninguna novedad. En los últimos 40 años, prácticamente en todos los conflictos en que se emplearon, estas armas se cobraron numerosas víctimas civiles, tanto durante las hostilidades como después de finalizadas las operaciones militares.
En los enfrentamientos, suelen producirse víctimas civiles porque las municiones en racimo dispersan grandes cantidades de submuniciones explosivas en superficies muy amplias. Algunos modelos liberan cientos de submuniciones en terrenos de más de 30.000 metros cuadrados. Dado que las submuniciones son generalmente de caída libre, diversos factores —como el error humano y el viento— pueden hacer errar totalmente el objetivo que se pretendía alcanzar.
Por otra parte, con frecuencia, un gran número de submuniciones no detona al impactar, lo que deja extensas superficies fatalmente contaminadas. Miles y miles de personas civiles murieron o resultaron heridas a causa de estos artefactos. Su presencia hace que la agricultura sea una actividad peligrosa y obstaculiza la reconstrucción y el desarrollo de infraestructura vital, como caminos, ferrocarriles y centrales eléctricas. La eliminación de las submuniciones sin estallar tras un conflicto suele ser una tarea difícil y peligrosa; algunos países padecen este problema desde hace décadas.
En 2008, los Estados negociaron y aceptaron la Convención sobre Municiones en Racimo, que establece un marco integral para abordar los problemas asociados a estas armas. La Convención prohíbe emplear, almacenar, producir y transferir municiones en racimo. También exige a los Estados Partes destruir sus reservas de municiones en racimo, limpiar las áreas contaminadas con submuniciones sin estallar o municiones en racimo abandonadas. Cabe destacar también que los obliga a prestar atención médica, rehabilitación, apoyo psicológico y proveer de medios para lograr la inclusión social y económica a las víctimas de las municiones en racimo en áreas bajo su jurisdicción o control. Los Estados Partes que estén en condiciones de afrontar la tarea deberán, además, prestar asistencia y cooperación a otros Estados para ayudarlos a implementar sus obligaciones en virtud de lo dispuesto de la Convención
