Prevenir la desaparición de migrantes: una tarea en manos de los Estados

Por Jérémy Renaux y María Elizondo, coordinador del programa para personas desaparecidas y sus familiares y asesora jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y América Central, respectivamente.

En los últimos años el mundo ha sido testigo de un aumento dramático de las desapariciones en contextos de migración, un flagelo que persiste, se agrava y lastima a miles de familias. En respuesta a esta apremiante emergencia humanitaria, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) emitió su primer Comentario General sobre las Desapariciones Forzadas en el Contexto de la Migración. Este trascendental instrumento podría ejercer un papel rector en la formulación de políticas públicas en favor de las personas migrantes desaparecidas y sus familiares, pero su efectividad dependerá del involucramiento y articulación de los Estados de origen, tránsito y destino.

Por primera vez, el CED establece el alcance y la aplicación de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada (CIPPDF) en la desaparición de personas en contextos de movilidad. También reafirma la obligación de los Estados parte de prevenir, investigar y sancionar todas las desapariciones de migrantes.

El comentario general fortalece modelos y acciones existentes para proteger a las personas migrantes contra las desapariciones, entre ellos el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, el Reporte sobre Desapariciones Forzadas en contexto de Migración del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y las Recomendaciones sobre mecanismos regionales de coordinación e intercambio de información para la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto migratorio de la Conferencia Regional sobre Migración. Debido a que la problemática es transnacional, estos instrumentos serán útiles únicamente si todos los Estados participan.

El comentario general del CED recibió contribuciones de más de 100 especialistas, organizaciones civiles y organizaciones internacionales, como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). El texto incluye la definición de persona desaparecida según los lineamientos operacionales del del CICR, lo cual contribuye a reforzar la protección a las personas, al reconocer como elementos centrales de una desaparición la ausencia de la persona y el desconocimiento de los familiares. De igual forma, el CED determina la obligación activar la búsqueda inmediata independientemente de la causa de la desaparición.

Un sufrimiento incalculable

Las personas en movilidad desaparecen en diversos contextos: en tierra y mar, cuando son detenidas, traficadas o sufren accidentes. Una de las principales preocupaciones humanitarias del CICR reflejada en el comentario general es cómo las políticas y prácticas migratorias restrictivas aumentan el riesgo para las personas en movilidad –en especial para ciertos grupos como niñas y niños no acompañados, y mujeres– ya que pueden llevarlas por rutas más peligrosas, colocándolas en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la desaparición y otros delitos.

La Organización Internacional para la Migración ha documentado cerca de 59.000 casos de personas migrantes desaparecidas a nivel mundial desde 2014; más de 8.000 ocurrieron en las Américas y cerca de la mitad de estos (4,683) en la frontera entre México y Estados Unidos. Estas cifras, que indudablemente son mayores por la cantidad de desapariciones no denunciadas, reflejan una dolorosa problemática que afecta a un número creciente de personas. Tan solo en 2022 se registró la cifra más alta de desapariciones en la historia del registro (1,457) y en lo que va de 2023 han ocurrido casi 800.

También ha aumentado el número de personas migrantes fallecidas. En 2022 la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informó del hallazgo de 853 personas fallecidas en su frontera sur, la cifra más alta registrada en las últimas dos décadas. La falta de recuperación e identificación de los cuerpos de migrantes encontrados sin vida y de notificación a sus familiares alimenta el problema de las desapariciones.

Desde una perspectiva de derechos, es esencial y urgente que todos los Estados ratifiquen la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas —actualmente en vigor en México y Honduras y pendiente de ser ratificada por 41 países— y se comprometan a fomentar la cooperación internacional que permita investigaciones y búsquedas sistemáticas, eficaces, sin demora y con enfoque diferencial; sin olvidar la naturaleza transnacional y a menudo transregional de la migración.

Al respecto, el CED consideró la recomendación del CICR de establecer mecanismos transnacionales de búsqueda. Esto se traduce en una obligación de los Estados de origen, tránsito y destino de crear mecanismos transfronterizos y regionales que faciliten el intercambio de información (como huellas dactilares) y la participación de las familias; previniendo la fragmentación de esfuerzos para dar con el paradero de las víctimas.

Dar respuestas a las familias: un imperativo humanitario

Son las familias de las personas desaparecidas quienes están en la primera línea de la búsqueda; es por ello por lo que sus experiencias, opiniones y necesidades deben colocarse en el centro de la respuesta humanitaria. Sin embargo, el CED recalca que las autoridades Estatales son quienes tienen la responsabilidad primaria de buscar a las personas desaparecidas, y de investigar de oficio sin que la carga de la prueba recaiga en las víctimas o sus familiares.

Destaca también que los familiares de personas migrantes desaparecidas se enfrentan a menudo a la estigmatización, discriminación y barreras lingüísticas, culturales o socioeconómicas, que en muchos casos inhiben la presentación de denuncias y el seguimiento de los casos.

Las autoridades deben tratarlas dignamente y sin discriminación, y mantener con ellas una comunicación efectiva a lo largo del proceso de búsqueda empleando nuevas tecnologías o mediante la representación diplomática y consular; incluso deben crear fondos de emergencia para cubrir los gastos de los familiares durante el proceso.

Al respecto, el CED enfatiza en la obligación de capacitar a los funcionarios públicos, incluidos los consulares, con enfoque psicosocial y comprensión de los contextos de la migración forzada de la migración forzada.

Acción global urgente

La búsqueda de personas migrantes desaparecidas es un desafío global que requiere una acción inmediata y coordinada. Los Estados están obligados y se han comprometido en foros multilaterales a tomar medidas para prevenir y abordar las desapariciones, así como a revisar sus políticas públicas.

Ahora es fundamental que reafirmen su compromiso a través de la ratificación de la convención internacional, incluidos los países de origen y destino; además de crear y fortalecer sus mecanismos nacionales para la prevención, búsqueda, investigación y atención a los familiares.

Sin duda, el Comentario General emitido por la ONU es un hito en el derecho internacional de los derechos humanos y la protección jurídica de las personas migrantes desaparecidas y sus familiares. El CICR respalda este instrumento y reitera su compromiso para fortalecer cooperación internacional y acompañar la implementación de estas recomendaciones con el objetivo de que los Estados cumplan con su obligación de dar respuestas a los miles de familias que hoy buscan desesperadamente a un ser querido que migró.

Este artículo fue publicado originalmente en El País el 20 de octubre de 2023.