Cárceles, migración y uso de la fuerza: temas importantes para Colombia

La pandemia por COVID-19 agravó los retos en muchas temáticas, como por ejemplo, el manejo sanitario en el interior de las cárceles del país y las consecuencias humanitarias de la migración. Así mismo, puso en evidencia que se requiere un trabajo más fuerte en el uso de la fuerza, como por ejemplo en situaciones que no alcanzan el umbral de conflicto armado. 

El desafío de atender las cárceles

Desde hace varios años hemos evidenciado la necesidad de mejorar las condiciones de los establecimientos carcelarios y de hacer cambios en la política criminal.

El año 2020 demostró que, si las reformas al sistema penitenciario no se implementan a tiempo, las consecuencias pueden ser devastadoras ante circunstancias como las generadas por la pandemia de COVID-19. El hacinamiento, el deficiente acceso a los servicios de salud y las precarias condiciones sanitarias de los lugares de detención incrementaron el riesgo de propagación del virus y aumentaron la vulnerabilidad de las personas privadas de la libertad.

El Estado colombiano implementó medidas para dar respuesta a la pandemia y, aunque estas fueron necesarias y relevantes, no alcanzaron para transformar la problemática de fondo. 

La crisis carcelaria requiere una transformación estructural y no solo una respuesta coyuntural. El CICR insiste en la necesidad de promover una política criminal y penitenciaria que garantice los derechos y la dignidad de la población privada de la libertad.

Migrar a zonas de conflicto en medio de la pandemia

En 2020, las personas migrantes se enfrentaron con la dura realidad de una disminución de oportunidades laborales y una mayor estigmatización. 

Además, quienes llegaron al país sin documentos y se contagiaron de COVID-19 tuvieron dificultades para acceder a los servicios básicos de salud, con excepción de las urgencias médicas. 

Otras personas, que buscaban un futuro mejor, llegaron a contextos en los que el conflicto armado condiciona la vida de la población civil, lo que hizo que estas personas fueran víctimas de diversas consecuencias humanitarias, agravadas por su situación de vulnerabilidad, tales como la explotación sexual, el uso y el reclutamiento de menores de edad y la pérdida del contacto con familiares.

Por otro lado, saludamos la decisión del Estado colombiano frente al Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos. Su correcta implementación podrá brindar mejor atención y asistencia a la población migrante en zonas de conflicto y  violencia armada en el país.

Más trabajo en el uso adecuado de la fuerza

Durante 2020, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se enfrentaron a diversos retos.

A pesar de que la mayoría empleó las normas y reglamentos conformes a los estándares internacionales, se han evidenciado situaciones con un posible uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Fuerza Pública hacia los ciudadanos tanto en zonas rurales como urbanas. Ello plantea retos en cuanto a la enseñanza, integración, supervisión y control de los estándares aplicables en esas instituciones.

Continuamos, en formato virtual, con las capacitaciones sobre las normas que rigen el uso de la fuerza en el marco del mantenimiento del orden público, así como con las recomendaciones a diversas instituciones para una efectiva aplicación de los principios humanitarios.

Esto no será suficiente sin la plena apropiación de los valores y las normas destinadas a proteger a las personas tanto en situaciones de violencia que no alcanzan el umbral de conflicto armado.

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