EL CICR coopera en la lucha contra el coronavirus en los centros de detención de la región andina

Han pasado más de 80 días desde que se decretó el estado de emergencia sanitaria en Perú, Bolivia y Ecuador. La vida en las cárceles durante la pandemia de la COVID- 19 tiene a los detenidos, autoridades y familias preocupados debido al número de contagiados y fallecidos por el coronavirus. Esta situación ha obligado a las autoridades a tomar medidas urgentes para responder a la emergencia y tratar de disminuir el impacto de la enfermedad en la población penitenciaria y en los funcionarios que custodian las cárceles.

"La pandemia de la COVID-19 ha colocado a las personas privadas de libertad en una particular situación de vulnerabilidad debido, especialmente, a la proximidad durante la convivencia. Están muy cerca unas de otras y en muchos casos viviendo en condiciones de hacinamiento, sobrepoblación, con una insuficiente ventilación y carencia de asistencia médica", explicó el Jefe de la Delegación Regional del CICR, Philippe Guinand.

 
Foto: Dafne Martos/CICR

En esta situación de emergencia, es relevante tomar acciones pertinentes y priorizar la adopción de medidas excepcionales para proteger la salud -e inclusive la vida- de los internos y del personal penitenciario.

La Delegación Regional del CICR para Perú, Bolivia y Ecuador, preocupada por la situación, ha mantenido desde el inicio de la pandemia un diálogo con las autoridades penitenciarias de los tres países de la región para apoyar en su respuesta a la emergencia y ha brindado algunas recomendaciones para tratar de reducir los riesgos de propagación de la pandemia y mitigar su impacto.

Asesoría técnica
Como primera medida se recomendó identificar a la población de mayor riesgo según los criterios de edad, antecedentes de enfermedades infecciosas, crónicas y/o discapacidad y se sugirió que se les separe y ubique en lugares seguros para preservar la salud y la vida. Asimismo, se aconsejó el descongestionamiento de los centros de detención para ayudar a reducir los riesgos que conlleva la COVID-19.

En seguimiento a esta recomendación, el CICR compartió con los gobiernos de Perú, Bolivia y Ecuador estudios que recopilan por cada país los estándares nacionales e internacionales sobre el derecho a la salud de los detenidos y ha compartido, además, las experiencias de otros sistemas judiciales que dan una orientación sobre las posibilidades legales que existen para reducir el volumen de la población privada de libertad, así como la jurisprudencia existente en la materia. En este contexto, las autoridades de los tres países han adoptado normas que permiten la disminución del hacinamiento, así como medidas de prevención frente a la pandemia, según categorías definidas por las autoridades y teniendo en cuenta a la población más vulnerable.

Asistencia humanitaria
El CICR consideró necesario dotar a los centros penitenciarios de insumos que contribuyan a prevenir contagios. Ha donado a los centros de detención de Perú, Bolivia y Ecuador insumos de higiene como jabón, alcohol, desinfectantes, detergentes y materiales para la protección del personal penitenciario y de las personas detenidas. En las próximas semanas se seguirán entregando donaciones que incluyen balones de oxígeno y medicinas.

Apoyo a las familias
La situación carcelaria en medio de la pandemia continúa generando mucha angustia en los familiares de los detenidos por el riesgo de contagio. Como en muchos otros contextos, una de las primeras medidas preventivas que adoptaron los Estados de la región fue suspender las visitas familiares a los internos, medida que fue comprendida en su mayoría por los internos. Sin embargo, el miedo a la propagación de la COVID-19 y la insuficiente capacidad del sistema de salud penitenciario generó, incertidumbre y tensiones que inclusive resultaron en algunas oportunidades en motines con pérdidas en vidas humanas.

En comunicación y coordinación con las familias, el CICR les ha facilitado la compra de medicinas y oxígeno para sus seres queridos que están en situación de alto riesgo. "Las familias juegan un papel relevante en estos tiempos de pandemia y es fundamental que la comunicación entre internos y sus familiares se mantenga, puesto que son el soporte emocional y contribuyen en paliar algunas de las carencias del sistema, como la falta de medicinas y equipos para la atención en salud, y así disminuir las tensiones" estima el Jefe de Delegación del CICR.

Al respecto, se requiere de una comunicación regular y transparente entre los detenidos, sus familias y las autoridades acerca de las razones, las modalidades y la duración de las restricciones impuestas en el marco de la emergencia sanitaria.

Tres meses después de la llegada de la pandemia a los países andinos, aún hay mucho camino por recorrer. Al CICR le preocupa que a pesar de que las autoridades adoptaron las medidas para prevenir y controlar los efectos de la pandemia en los centros penitenciarios, como limitar los contactos con el mundo exterior, sensibilizar y comprometer a los mismos internos en mantener una higiene constante, así como el control sistemático en la admisión de los nuevos ingresos, las autoridades no han podido impedir el ingreso de la COVID-19 a los establecimientos penitenciarios y tienen dificultades para limitar la propagación en varios de ellos.

Lamentamos las muertes de un importante número de personas privadas de libertad, funcionarios penitenciarios y personal de salud.

Para el CICR, las medidas para evitar una mayor propagación no solo deben continuar, sino reforzarse. Es relevante que se brinde la atención sanitaria oportuna, se aíslen casos para evitar contagios, se realicen constantes evaluaciones y se agilice la revisión de casos para poner en práctica las normas promulgadas en la emergencia.