Ginebra (CICR) – Las autoridades penitenciarias de los países que aún no hayan adoptado medidas para prevenir y mitigar los efectos de la COVID-19 en los lugares de detención deben hacerlo inmediatamente para proteger la salud de los detenidos, del personal y de la sociedad en general.
El Comité Internacional de la Cruz Roja teme que los lugares de detención se vean duramente afectados por la pandemia, ya que los detenidos se hallan en situación de particular vulnerabilidad frente a la propagación de la COVID-19. El agua limpia puede ser un lujo, y el jabón, el cloro y otro material necesario pueden no estar disponibles en muchos lugares de detención, sobre todo en los países de bajos ingresos o en los afectados por conflictos. Esos lugares suelen estar sobrepoblados, lo que impide el distanciamiento físico. Además, suelen carecer de ventilación y de asistencia médica suficientes, lo que facilita la transmisión de las enfermedades infecciosas.
"Las cárceles no están separadas del resto del mundo en lo que a transmisión de enfermedades se refiere. Los virus pueden entrar y salir de un lugar de detención a través de los familiares que visitan a los detenidos, del personal penitenciario, de los proveedores y de los propios detenidos que entran o salen cuando son condenados o cuando deben presentarse en los tribunales. "La salud de los detenidos debe ser protegida, no solo porque es lo correcto, sino por el bien de toda la sociedad", dijo Vincent Ballon, jefe de la unidad de Detención del CICR.
Instamos a las autoridades penitenciarias de todos los países a aplicar medidas de control y prevención de infecciones. Sabemos, por experiencia, que si se mejora el acceso al agua limpia y los artículos de higiene y si se adoptan otras medidas, como la instalación de estaciones para el lavado de manos, es posible prevenir la propagación de enfermedades dentro y fuera de los lugares de detención. Estos lugares deben adaptar sus rutinas diarias para mitigar los riesgos de contaminación y, a la vez, evitar que se altere en forma excesiva e innecesaria la vida cotidiana de los detenidos. El CICR ha comprobado que, con medidas de ese tipo, se ha conseguido prevenir la propagación del virus del Ébola en las cárceles.
Los Convenios de Ginebra establecen que los prisioneros de guerra y los internados civiles tienen derecho a que se les practiquen exámenes médicos frecuentes para supervisar su estado de salud y detectar enfermedades contagiosas. Los Convenios ofrecen orientaciones sobre la instalación de guardias de aislamiento para prevenir la propagación de ese tipo de enfermedades, de ser necesario. Las medidas de aislamiento y separación deben ser humanas en todo momento y no impedir el derecho de los detenidos a estar en contacto con el mundo externo.
El CICR trabaja junto con las autoridades competentes para fortalecer las prácticas habituales de los establecimientos, como el examen médico de los nuevos detenidos que ingresan al lugar y la instalación de estaciones de lavado de manos para detenidos, visitantes, personal y proveedores. Además, prestamos apoyo para la aplicación de medidas de desinfección, como campañas de fumigación, distribución de jabón y de otros artículos y material de higiene para los detenidos. El CICR también mejora las condiciones de saneamiento y de otra infraestructura en las cárceles.
"Los problemas y las carencias de los sistemas de detención que nos preocupaban antes de la COVID-19 no han desaparecido. Lamentablemente, esas debilidades pueden aumentar los riesgos de salud de los detenidos y del personal si la enfermedad ingresa en los lugares de detención", dijo el señor Ballon.
El contacto con los familiares es un apoyo emocional y psicológico para los detenidos. Las restricciones impuestas a raíz de la COVID-19 han vuelto más difíciles las visitas de familiares, lo que añade estrés tanto a los detenidos como a sus seres queridos en estos momentos tan difíciles. El CICR alienta y, cuando es necesario, apoya a las autoridades penitenciarias a que pongan en práctica modalidades alternativas de comunicación entre los detenidos y sus familiares, como llamadas por teléfono y por video. Esos contactos son importantes para la tranquilidad mental de los detenidos y de sus familiares. Por este motivo, el CICR alienta a las autoridades a que tomen las medidas necesarias para mantener una comunicación regular y transparente con los detenidos y con sus familias acerca de las razones, las modalidades y la duración de las restricciones impuestas.
La reducción del número de personas retenidas en establecimientos penitenciarios sin duda puede ayudar a reducir los riesgos que conlleva la COVID-19. Sobre la base de su labor en situaciones de sobrepoblación carcelaria y de sus actividades para promover la adopción de medidas no privativas de la libertad y alternativas a la detención, el CICR ha acercado varias opciones a los Estados, las autoridades judiciales, los fiscales y las autoridades penitenciarias para ayudarles a considerar y sopesar los numerosos y complicados factores que intervienen en esas decisiones.
Para más información:
Ewan Watson, Ginebra, portavoz, +41 792 446 470, ewatson@icrc.org
Chris Hanger, Ginebra, portavoz, +41 79 574 06 36, changer@icrc.org
Ruth Hetherington, Oriente Medio, portavoz, +41 79 447 3726, rhetherington@icrc.org
Sarah Alzawqari, Oriente Medio, portavoz, +961 3138 353, salzawqari@icrc.org
Crystal Wells, África Oriental, portavoz, +254 716 897 265, cwells@icrc.org
