Guerra urbana: un problema histórico que exige soluciones innovadoras
La guerra urbana no es un fenómeno nuevo: las ciudades han sido escenario de violencia desde que los seres humanos comenzaron a construirlas. Algunas imágenes que han circulado en los últimos años –desde Alepo, Mosul y Saná hasta Marawi, pasando por Mogadiscio, Donetsk y Mekelle– no dejan mucho lugar a duda de que los pueblos y las ciudades seguirán siendo uno de los principales campos de batalla en los conflictos armados del futuro. Es de esperarse que los beligerantes sigan utilizando métodos tradicionales, como asedios, túneles, armas trampa, artillería, morteros y francotiradores, y los complementen con sistemas modernos, como nuevas tecnologías de combate y precisión. Este panorama tan cambiante nos obliga a reflexionar con urgencia y profundidad sobre cómo se libran los conflictos urbanos contemporáneos y las consecuencias devastadoras que producen en las ciudades y sus habitantes desde el punto de vista humanitario. En este artículo, Laurent Gisel, director de la Unidad de Armas y Conducción de las hostilidades; Pilar Gimeno, directora de la Unidad de Protección de la Población Civil; Ken Hume, director de la Unidad de Fuerzas Armadas y de Seguridad; y Abby Zeith, asesora jurídica, presentan una nueva serie de textos sobre la guerra urbana. En los meses y años venideros, se sumarán aportes de una amplia gama de especialistas, que debatirán y analizarán en profundidad los desafíos humanitarios, jurídicos, militares y de otras índoles que plantea la guerra urbana, como la elección de los medios y métodos de guerra durante el combate en las ciudades, las prácticas de grupos armados no estatales, el papel del derecho y de los juristas militares, tácticas de sitio, guerra subterránea, medidas de precaución, escudos humanos y aprendizajes a partir de operaciones urbanas recientes.
Por Laurent Gisel, Pilar Gimeno Sarciada, Ken Hume, Abby Zeith
Hace diez años, los sirios salieron a las calles, lo que derivó en tensiones políticas y, rápidamente, en un conflicto armado. Desde entonces, sus efectos han sido devastadores para el país y su población. El mundo se horrorizó ante la destrucción de ciudades tan queridas y casi míticas, como Damasco, Alepo, Raqa, Palmira y Homs, producto de intensas batallas urbanas, que trajeron consigo muerte, heridas y desplazamiento para sus habitantes. La guerra en estas ciudades ha dejado marcas profundas en el tejido social de las comunidades afectadas y le ha arrebatado la juventud a generaciones enteras.
En líneas más generales, en las últimas décadas, hemos visto un resurgimiento de la guerra urbana en Oriente Medio y en otros lugares, cuyas consecuencias han recaído sobre cerca de 50 millones de personas en todo el mundo.
Hoy en día, los centros urbanos suelen ser vulnerables a los conflictos. ¿Los motivos? Los mismos por los cuales esos centros urbanos se consideran núcleos fundamentales de la vida civil.
En primer lugar, su valor estratégico. Al concentrar un alto volumen de población, poder, actividad económica, instituciones sociales, historia y cultura, y encarnar la identidad nacional, el control de las ciudades y sus habitantes se considera como un logro de alto valor estratégico para los beligerantes.
En segundo lugar, el rápido aumento de la urbanización, que, a su vez, otorga aún más valor estratégico a las ciudades. Por primera vez en la historia, viven más personas en zonas urbanas que en ámbitos rurales, proporción que se elevaría un 68 por ciento para 2050. A raíz del crecimiento vertical de las ciudades y el aumento en la densidad poblacional, los centros urbanos serán lugares cada vez más congestionados, complejos e interdependientes.
Por último, es posible que los beligerantes trasladen los enfrentamientos a una zona urbana a modo de estrategia. El terreno físico y humano de una ciudad puede significar ventajas desde el punto de vista del defensor y disminuir la superioridad tecnológica de un oponente más poderoso. Los atacantes también podrían intentar arrinconar a los defensores en una ciudad para evitar que se escapen o bien recurrir a la guerra de sitio.
En el caótico contexto de las ciudades en conflicto, se presentan varias dificultades en los planos humanitario, jurídico y militar, así como varias maneras de superarlas. En esta nueva serie de artículos en nuestro blog sobre cuáles son las mejores maneras de minimizar las consecuencias de la guerra urbana desde una perspectiva humanitaria, invitamos a nuestros lectores a reflexionar de manera crítica acerca de problemas de siempre –y soluciones modernas a ellos–.
El costo humano de la guerra urbana
Toda conversación sincera al respecto de este tema debe partir de las personas afectadas. La guerra urbana tiene consecuencias humanitarias complejas, directas e indirectas, inmediatas y a largo plazo, visibles e invisibles.
Lo que caracteriza particularmente al combate en las ciudades es que se entremezclan los objetivos miliares con las personas civiles y los bienes de carácter civil. Esta cercanía plantea dificultades considerables para el cumplimiento cabal, por parte de los beligerantes, de una norma esencial del derecho internacional humanitario: el principio de distinción. Para las personas civiles que se ven envueltas en las hostilidades urbanas, las consecuencias son nefastas. Gracias a nuestra presencia en el terreno y junto con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, hemos sido testigos directos del sufrimiento enorme y complejo que provoca la guerra urbana a la población civil.
Las heridas y muertes entre las personas civiles, así como el daño a bienes de carácter civil y otros bienes protegidos, ocurren a niveles sobrecogedores. Esta situación puede atribuirse, en gran medida, al uso de armas explosivas con una amplia zona de impacto en centros urbanos. Si bien han sido diseñadas para campos de batalla abiertos, hoy en día estas son las armas que más predominan en la guerra urbana: artillería pesada, en la mayoría de los casos, sin guiar, morteros y lanzacohetes múltiples, bombas y misiles de gran tamaño, y artefactos explosivos improvisados.
Paralelamente, los servicios urbanos indispensables para sostener la vida se ven alterados por el impacto directo, indirecto y acumulado de las hostilidades. A menudo, los habitantes de las ciudades se ven privados de alimentos, agua, saneamiento, electricidad y atención de salud. La falta de respuesta a esas necesidades básicas se agrava cuando una ciudad es sitiada, cuando se niega el acceso de organizaciones humanitarias imparciales a la población civil o cuando los conflictos urbanos pasan a ser prolongados.
Si bien es posible que algunas personas civiles no puedan salir de una zona sitiada, los enfrentamientos en los centros urbanos suelen derivar en desplazamientos en masa, que modifican de manera permanente el paisaje y tejido social de muchas ciudades en todo el mundo. La única opción disponible para las personas civiles termina siendo escapar, lo que conlleva un gran peligro. Se ven expuestas a ser objeto de ataques, a quedar atrapadas en medio del fuego cruzado, a recibir malos tratos de las partes en conflicto y a separarse de sus familiares. Cuando han cesado los enfrentamientos, muchas personas desplazadas no pueden regresar, a menudo, durante años, debido a la presencia de municiones sin estallar y otros tipos de contaminación por armas, así como a la falta de servicios esenciales.
Muchas de estas consecuencias no son propias de la guerra en las ciudades, sino que ocurren a niveles considerablemente más elevados en contextos urbanos a raíz de la densidad de población y de bienes de carácter civil, las tácticas y armas utilizadas por los beligerantes y el carácter, a menudo, prolongado de los enfrentamientos urbanos.
Las consecuencias humanitarias de la guerra urbana exigen una respuesta humanitaria más sostenida e integral. El CICR y todo el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja siguen fortaleciendo su capacidad de prevenir estas consecuencias y responder a ellas. Promovemos un enfoque integrado multidisciplinario que combina actividades de prevención, protección y asistencia, adaptadas específicamente al contexto urbano. Dialogamos con los beligerantes en todos los niveles, movidos por la experiencia personal de los más afectados.
Un contexto difícil para los beligerantes
No caben dudas de que la guerra urbana es una de las formas más intensas y destructivas de combatir. Es devastadora para la población civil, los heridos y enfermos, y las personas privadas de libertad. También presenta muchísimas dificultades tanto para el ataque como para la defensa.
El campo de batalla urbano es multidimensional. Los beligerantes deben considerar las actividades exteriores (es decir, fuera de los edificios y las zonas subterráneas), así como las actividades ocultas que se desarrollan al interior (dentro de los edificios y en espacios subterráneos). Al transitar calles angostas, rodeadas de estructuras de hormigón y acero, las fuerzas terrestres se encuentran en peligro inmediatamente.
El campo de batalla urbano implica un gasto de recursos altísimo, no solo en los intentos por derrotar al enemigo, sino también en los esfuerzos por respetar las obligaciones humanitarias, como el establecimiento de rutas de evacuación seguras para las personas civiles que deseen irse por voluntad propia, la atención de las necesidades de la población civil desplazada, la prestación de servicios médicos tanto a personas civiles como a combatientes heridos, la gestión de restos mortales y la remoción de armas sin estallar.
Los enfrentamientos en las ciudades plantean a los beligerantes varios problemas jurídicos, morales y estratégicos. Es el caso, especialmente, que se presenta cuando un adversario ha establecido defensas entre la población civil, recurrido a bienes protegidos por el derecho internacional humanitario con fines militares o, incluso, utilizado a personas civiles como escudos humanos.
Estas situaciones ponen a los jefes militares frente a complejos dilemas, sobre todo en cuanto a mando y control, comunicación e inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Por ejemplo, el terreno y la multiplicidad de actores que operan en él pueden dificultar que los jefes operacionales intervengan de manera directa en la batalla táctica una vez iniciada. Estos problemas pueden exacerbarse cuando se realizan operaciones en centros urbanos a la par de fuerzas asociadas o como parte de coaliciones. A raíz de estos dilemas, es común que a los subordinados se les encargue operar de manera descentralizada durante las operaciones urbanas, ya sea individualmente o en grupos reducidos, y tomar decisiones importantes con independencia y sin consulta, ni siquiera asesoramiento jurídico.
No obstante, la descentralización de la autoridad implica una gran responsabilidad. Entre otras obligaciones, los comandantes de alto rango deben procurar que los jefes y soldados bajo su mando estén preparados, capacitados y equipados para tomar decisiones y llevar a cabo sus operaciones con idoneidad, desde el punto de vista jurídico y humanitario.
Incluso la guerra urbana tiene límites
El derecho internacional humanitario o DIH parte de la premisa de que la guerra debe librarse dentro de determinados límites. Estos límites se imponen para preservar la vida y la dignidad de los seres humanos y proteger a quienes no participan o han dejado de participar en las hostilidades, particularmente, las personas civiles.
Los principios básicos del DIH relativos a la conducción de las hostilidades –los principios de distinción, proporcionalidad y precaución– tienen como finalidad proteger a las personas civiles de los efectos de la guerra. Los bienes esenciales para la supervivencia de la población están estrictamente protegidos, así como la infraestructura y el personal médico y humanitario. Si bien las circunstancias de la guerra urbana pueden hacer que la aplicación de estas normas sea más complicada que en el campo abierto dada la proximidad entre los objetivos militares y las personas y los bienes protegidos, precisamente por eso es que las normas revisten tanta importancia en esas situaciones.
La protección de las personas civiles atrapadas en medio del combate urbano comienza con el cumplimiento cabal y de buena fe del DIH, también conocido como el derecho de los conflictos armados o las leyes de la guerra. No obstante, las devastadoras consecuencias humanitarias de la guerra urbana plantean serios interrogantes sobre cómo interpretan y aplican las normas pertinentes del DIH las partes en esos conflictos. Recientemente, el CICR ha desarrollado algunas de sus perspectivas respecto de los desafíos en relación con el DIH que surgen a partir de la urbanización del conflicto, así como algunas cuestiones jurídicas sobre las que se podría arrojar más luz.
Los procesos y las políticas formuladas para incentivar el cumplimiento del DIH u otorgar una protección adicional también revisten una gran importancia. Al respecto, desde 2011, el CICR insta a los Estados y a todas las partes en conflictos armados a evitar, como norma, el uso de armas explosivas con una amplia zona de impacto en zonas pobladas, es decir, a no emplearlas a menos que se adopten medidas de mitigación suficientes para limitar el alcance de sus efectos y, así, disminuir el riesgo de daños civiles. En efecto, estas armas no son adecuadas para el combate urbano debido a las altas probabilidades de que su empleo en ese tipo de entornos afecte de manera indiscriminada tanto objetivos militares como a personas civiles y bienes de carácter civil. El secretario general de las Naciones Unidas y varios Estados (v., por ejemplo, la Declaración de Maputo y la Declaración de Santiago ) se han sumado al pedido del CICR. Actualmente, los Gobiernos están en proceso de elaborar una declaración política que abordará la cuestión del daño a la población civil provocado por el empleo de armas explosivas en zonas pobladas, iniciativa que el CICR recibe con agrado.
Preparación y capacitación: requisito indispensable
La protección de las personas civiles debe priorizarse en todas las operaciones militares y, en particular, en el entorno urbano, donde el riesgo para la población civil es más elevado. En todos los niveles, así como antes de la etapa de planificación de cualquier operación urbana, es necesario que las autoridades civiles y los jefes militares expresen con claridad, por ejemplo, en doctrinas y directivas, la intención de colocar el cumplimiento del DIH y la protección de las personas civiles en la base de toda misión, y los jefes subordinados deben estar capacitados para manifestar esta intención en su toma de decisiones.
Lograr que se respeten más el DIH y las políticas específicas relativas a la guerra urbana no será posible si las fuerzas militares y los grupos armados no estatales no están debidamente capacitados y equipados para afrontar las exigencias del entorno urbano, si no siguen órdenes estrictas respecto de qué comportamientos adoptar y si no se aplican sanciones eficaces en caso de desobediencia. Además de la integración formal del derecho, incentivar a que soldados y combatientes internalicen los valores que este representa por medio de fuentes informales de socialización es de particular importancia para la guerra urbana, que pone a prueba constantemente la noción tradicional de mando y control.
Las doctrinas y la capacitación en relación con la guerra urbana deben ser realistas. Debería hacerse más hincapié en la preparación de las tropas en torno de cómo incide la presencia de personas civiles a gran escala en las operaciones, la elección de objetivos de ataque u otros aspectos del combate. A la inversa, también debería ponerse énfasis en cómo la guerra urbana afecta las ciudades y su población. En particular, es necesario priorizar la adopción de precauciones para evitar o, por lo menos, minimizar las víctimas civiles y el daño a los bienes de carácter civil, como componente básico de todo programa de entrenamiento para el combate urbano. Las fuerzas armadas deben ser capaces de comprender, prever y mitigar la variedad de efectos nocivos a largo plazo que provoca la guerra urbana para los habitantes de una ciudad, incluido el desplazamiento, la falta de acceso a servicios esenciales o la pérdida de medios de subsistencia, y de qué manera esos riesgos pueden verse exacerbados por el uso de métodos específicos como el asedio. De la misma manera, las tropas deben estar capacitadas para identificar riesgos y oportunidades de aumentar el respeto del DIH durante operaciones militares en asociación con otros actores.
Según un estudio reciente del CICR, la capacitación más eficaz es la que se dicta de manera intensiva con métodos mixtos, como instrucción en el aula, análisis de estudios de caso, puestos de mando y ejercicios prácticos en el terreno y juegos de guerra, y en la que los instructores gozan de alta credibilidad entre los soldados. La eficacia debe ponerse a prueba bajo presión. Por ejemplo, las escuelas de Comandancia y Estado Mayor deben preparar a los futuros jefes y oficiales para las verdaderas dificultades humanitarias que tendrán que atravesar cuando se vean obligados a desempeñarse en un medio urbano. Esquivar y evitar las ciudades en una guerra no siempre será viable, por más preferible que sea.
Mejorar la protección de las personas civiles en el campo de batalla urbano
Más allá de la preparación, surgen muchas otras necesidades en el campo de batalla en sí.
En primer lugar, los jefes operacionales deben configurar el campo de batalla a nivel estratégico, operacional y táctico de manera que se minimicen los enfrentamientos urbanos, para favorecer así las estrategias y tácticas que desplazan los enfrentamientos hacia fuera de las ciudades, en la medida de lo posible.
En segundo lugar, en conflictos recientes, se ha observado un resurgimiento del asedio y otras tácticas de cercado. Esas tácticas plantean muchos problemas jurídicos, humanitarios y en materia de políticas. Hoy en día, los sitios solo son lícitos cuando están dirigidos exclusivamente contra las fuerzas armadas enemigas. La parte asediante ya no puede usar la difícil situación de los civiles privados de los insumos esenciales para su supervivencia en una zona sitiada como medio para someter al enemigo. La aplicación de varias normas derivadas del principio de precaución también exige que ambas partes permitan a las personas civiles abandonar la zona sitiada cuando resulte factible.
En tercer lugar, todos los beligerantes que planifican y deciden realizar ataques en una zona urbana, esté o no sitiada, deben saber prever los efectos directos e indirectos de sus ataques. Por ejemplo, una correcta comprensión del medio humano (capítulo 3) durante la etapa de planificación militar que consiste en la preparación del entorno desde el punto de vista de la inteligencia puede facilitar el diseño y la aplicación de estrategias eficaces para minimizar los riesgos de los daños civiles. Eso implica, por ejemplo, comprender las vulnerabilidades, las fortalezas y la resiliencia de la población, sobre la base de una evaluación multidisciplinaria centrada en las personas. Los beligerantes deben considerar, particularmente, las características, vulnerabilidades e interconexiones específicas de la infraestructura urbana esencial y los servicios esenciales para la supervivencia civil (por ejemplo, agua, saneamiento, electricidad y atención de salud). Los conocimientos que poseen organizaciones humanitarias como el CICR, que están presentes en las líneas de combate para responder a las consecuencias de la guerra urbana, pueden ser una fuente singular de información para beligerantes y comandantes en la planificación de operaciones militares, así como en la elaboración de directrices y procedimientos estandarizados sobre cómo prever y evitar provocar daños a la población civil.
Por último, los beligerantes deben poder reconocer cuándo un ataque en una zona urbana no respeta la prohibición de realizar ataques indiscriminados o desproporcionados, y deberá evitarlos. En particular, los beligerantes no deberían emplear armas explosivas con una amplia zona de impacto en lugares poblados, a menos que se adopten medidas de mitigación suficientes para limitar su radio de impacto y el consiguiente riesgo de daños civiles. En este sentido, los beligerantes deben contar con los medios y estar capacitados sobre los métodos que les permitan, efectivamente, combatir en función de las disposiciones del DIH y evitar o, por lo menos, minimizar el daño civil.
"Destruir una zona urbana para salvarla no es una opción"
Las batallas urbanas son un foco de peligro tan grande que no ha de sorprendernos que los militares puedan querer evitarlas. Tomemos como ejemplo el manual de operaciones urbanas del ejército y la Infantería de Marina de Estados Unidos (2017), en el cual se afirma lo siguiente:
Destruir una zona urbana para salvarla no es una opción para los comandantes. La densidad de las poblaciones civiles en zonas urbanas y el carácter multidimensional del entorno aumentan las probabilidad de que incluso ataques puntuales con armas de precisión provoquen lesiones a no combatientes. Si existen probabilidades de que el daño colateral sea de magnitud suficiente, esto puede justificar que se eviten operaciones urbanas, que, si bien podrían considerarse eficaces desde el punto de vista táctico, irían en contra de los objetivos nacionales y estratégicos.
Pese a todos los posibles esfuerzos que puedan desplegarse para evitar el combate en ciudades, es innegable que los conflictos armados en zonas pobladas seguirán ocurriendo durante un largo tiempo más. Para muchas personas, los nombres Alepo, Mosul y Saná evocan imágenes de destrucción y desolación de ciudades que fueron históricas e imponentes, así como de muerte, heridas y sufrimiento para la población. Tan lamentables consecuencias humanitarias deberían impulsar a los Estados y los grupos armados no estatales a detenerse a reflexionar sobre cómo hacer para que la protección de las personas civiles ocupe un lugar prioritario en todas las operaciones urbanas, así como sobre la necesidad de cambiar la visión respecto de cómo abordar esas operaciones.
Este artículo no aspira más que a exponer de manera somera las alternativas posibles para prevenir y reducir las terribles consecuencias que genera la guerra urbana para las personas civiles y los bienes de carácter civil. Muchos otros aspectos requieren de un debate y un análisis más profundos, por ejemplo, cuáles son los requisitos prácticos a la hora de separar los objetivos militares de las personas y los bienes protegidos bajo control de los beligerantes (las llamadas precauciones pasivas); las tácticas, tecnologías y equipos aptos para el combate urbano; el registro de las víctimas civiles y la investigación de las denuncias de violaciones del DIH; o la integración de aprendizajes identificados a partir de operaciones urbanas pasadas.
El CICR se ha comprometido a intensificar su acción. Seguiremos identificando y promoviendo recomendaciones y medidas prácticas para las autoridades políticas, las fuerzas armadas y los grupos armados no estatales sobre cómo prevenir y reducir estas consecuencias humanitarias, y aumentar el respeto del DIH. A través de esta serie, invitamos a los lectores de nuestro blog a que nos acompañen en una reflexión crítica acerca de cómo mejorar las prácticas militares vigentes en sus aspectos tácticos, operacionales y estratégicos en favor del cumplimiento de las obligaciones que establece el DIH y la disminución del daño a las personas civiles durante la guerra en las ciudades.
Véase también:
- Trevor Keck, What You Need to Know About Urban War, 22 de junio de 2017
- Hugo Slim, Remember the millions of people living in urban violence, 4 de julio de 2016
Artículo publicado originalmente en nuestro blog Humanitarian Law & Policy.