El Salvador: personas privadas de libertad
Las personas privadas de libertad tienen derecho a recibir un trato humano y condiciones de reclusión dignas, así como a mantener el contacto con sus familiares.
Durante 2019, mantuvimos un diálogo fluido y confidencial con las autoridades penitenciarias (salientes y entrantes) y promovimos, junto a la Dirección General de Centros Penales, el conocimiento y la aplicación de los estándares internacionalmente reconocidos en materia de detención. A pesar del estado de emergencia, nunca perdimos el acceso a los centros penales.
Trabajamos para procurar que las consecuencias de los regímenes restrictivos que se aplican en los centros de seguridad y máxima seguridad fueran abordadas en cumplimiento de los estándares internacionales y constatamos la implementación de algunas recomendaciones. En las visitas a los centros penales de Ilopango, Ciudad Barrios, Quezaltepeque, Zacatecoluca e Izalco Fase III, el CICR se entrevistó con las personas privadas de libertad, el personal técnico y de seguridad, y expuso sus observaciones de manera confidencial a las autoridades penitenciarias.
Promovimos el diálogo con las autoridades para visibilizar las necesidades particulares de las mujeres, personas del colectivo LGTBI y extranjeros privados de libertad, dado que, si bien estas poblaciones no representan un alto porcentaje del total de la población privada de libertad, merecen una atención diferencial que promueva la reintegración social y considere sus necesidades con una perspectiva de género.
Elaboramos un estudio sobre el perfil socioeconómico y criminológico de las mujeres privadas de libertad a fin de conocer la situación, entender sus necesidades y formular recomendaciones para atenderlas. Asimismo, el país fue sede regional del segundo taller sobre Gestión Penitenciaria de Centros de Mujeres con Enfoque de Género, que permitió el intercambio de buenas prácticas entre representantes de los sistemas penitenciarios de América Central y México.
Capacitamos al personal penitenciario en gestión penitenciaria, las Reglas Mandela y las Reglas de Bangkok, estándares de referencia internacional sobre el trato debido a las personas privadas de libertad y a las mujeres detenidas, respectivamente. Con la donación de equipos tecnológicos a la Escuela Penitenciaria, promovimos la formación virtual (o e-learning) del personal penitenciario.
Donamos materiales y brindamos acompañamiento técnico para ejecutar algunas obras de infraestructura en centros penales, así como para mejorar el acceso al agua y saneamiento básico. También donamos kits de higiene, suplementos alimenticios, medicamentos, equipamiento médico, prótesis y órtesis para las personas detenidas.
Promovimos encuentros con jueces y defensores, en los que analizamos la aplicación de medidas alternativas a la detención provisional, el otorgamiento de beneficios penitenciarios, las excarcelaciones humanitarias y la vigilancia penitenciaria. Asimismo, facilitamos intercambios de experiencias con jueces y defensores de Costa Rica a fin de conocer buenas prácticas para una defensa técnica que promueva el respeto de las garantías judiciales de las personas detenidas.
Rocío está privada de libertad desde 2014. Vive en la prisión con uno de sus hijos. Durante el periodo de reclusión, estuvo embarazada dos veces. Tuvo una hija estando detenida, y se la llevaron al poco tiempo de nacida. Su segundo hijo, en cambio, ha podido permanecer con ella en la Granja Penitenciaria.
Lo más duro (del tiempo que llevo privada de libertad) ha sido sobrellevar el cuidado y la crianza de mi hijo. Es duro cuando un hijo pregunta: '¿Mamá, por qué no vamos a la calle? ¿Por qué no salimos?'. Muchas preguntas que son difíciles de responder. (...) Aquí nos apoyan con diferentes programas que nos ayudan a la reinserción. (...) Creo que me pueden servir porque nos
ayudan a superar carencias
