Mientras el mundo conmemora el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, el 26 de junio, numerosas personas siguen siendo objeto de esa práctica atroz, en total violación del derecho internacional.
La tortura es una afrenta para la humanidad, que causa sufrimiento no solo a las víctimas inmediatas de los malos tratos, sino también a sus familiares, que pueden quedar destruidos. El trato ilícito, inmoral o inhumano nunca es la opción correcta.
Comunidades enteras padecen los efectos corrosivos de la tortura, sobre todo cuando no se la castiga. Los abusos generan odio y alimentan la venganza.
Es un deshonor para nuestras sociedades que se siga recurriendo ampliamente a la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ningún país es completamente inmune a este fenómeno, de alguna forma u otra.
Pese a la absoluta prohibición de la tortura establecida por el derecho internacional y a los esfuerzos que realiza la comunidad internacional, incluidos los organismos humanitarios, para acabar con esa práctica, aún queda mucho por hacer para evitarla.
El CICR trabaja para prevenir la tortura a través de su presencia en los lugares de detención. En 2014, visitamos más de 800.000 detenidos en 92 países; un número significativo de esos detenidos se halla ante el riesgo de sufrir tortura. Entablamos un diálogo confidencial con las autoridades a fin de mejorar las condiciones de vida de los detenidos, el trato que se les brinda y el respeto de las garantías procesales. Además, insistimos para que se confiera protección internacional a las víctimas de tortura obligadas a huir de sus países y para evitar los retornos forzosos a países donde las personas estarían expuestas al riesgo de sufrir tortura.
El CICR se congratula de que 158 Estados hayan firmado y ratificado la Convención contra la Tortura. Pero aún queda mucho por hacer para la implementación de las disposiciones de este instrumento. Si no se las incorpora en la legislación y la práctica nacionales, las normas no tienen más que un valor simbólico.
Los Estados deben enjuiciar y castigar a quienes cometan tortura. Además, deben aplicar disposiciones concretas para otorgar compensación y reparación a las víctimas de tortura y malos tratos, así como adoptar medidas prácticas para facilitar su rehabilitación física, psicológica y social.
En favor de todas las víctimas de tortura, es preciso que quienes tienen poder e influencia y quienes cometen esos actos en el terreno ayuden a poner fin a la tortura de una vez y para siempre.
Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja