Honduras: personas privadas de libertad
A raíz de diversos hechos de seguridad en los que fallecieron personas privadas de libertad, el Gobierno Hondureño declaró el estado de emergencia en el sistema penitenciario nacional a finales de 2019, lo que implicó una intervención coordinada por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina), incluidos los centros de internamiento para menores.
La seguridad de las personas privadas de libertad y del personal penitenciario es motivo de preocupación. Seguimos fortaleciendo el diálogo con las autoridades penitenciarias, la junta interventora y los operadores de justicia para contribuir a la protección de las personas privadas de libertad.
Continuamos con nuestra labor para mejorar el trato y las condiciones de detención apoyando y asesorando a las autoridades penitenciarias y a otros actores competentes. Visitamos los centros penitenciarios de máxima seguridad, el único centro penitenciario de mujeres del país y los centros pedagógicos de internamiento para jóvenes. Pese a esta priorización en las visitas, apoyamos a la totalidad de la población carcelaria con el establecimiento de mesas de diálogo en gestión penitenciaria, garantías judiciales y acceso a la salud.
Trabajamos en el fortalecimiento de la Escuela Penitenciaria, mediante capacitaciones que ofrecemos a su personal y a los aspirantes al Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Con un enfoque interdisciplinario y una atención particular a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad (jóvenes, mujeres, comunidad LGBTI), facilitamos el diálogo y la cooperación entre las instituciones con el fin de garantizar el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad, en concordancia con los estándares internacionales.
Mediante el proyecto Sistema Digital de Expedientes Penitenciarios (Sidiexp), apoyamos a las autoridades en la implementación de un registro nacional penitenciario para la correcta administración de los registros carcelarios y la provisión de servicios, como los de clasificación, acceso a la salud y beneficios carcelarios.
Asimismo, impartimos formaciones sobre leyes y estándares aplicables a personas privadas de libertad a miembros de los Consejos Técnicos Interdisciplinarios (CTI) en los diferentes centros de detención y elaboramos Protocolos de Actuación.
La coordinación entre el Instituto Nacional Penitenciario (INP), el Ministerio de Salud (Sesal) y el CICR, a través de la mesa de salud penitenciaria, permitió fortalecer el sistema de salud de los centros de detención de Honduras y mejorar la cobertura y la calidad de los servicios sanitarios.
Indira lleva cinco años detenida en el sector de Casa Cuna. Dio a luz a su hija en prisión, y su familia la cuida mientras ella está privada de libertad.
Saber que a tu hijo le hace falta algo y no poder tenerlo es muy difícil. Se sufre mucho en estos lugares. Es muy difícil (...) Aprendí a valorarme y a querer a las personas que yo no quería en las calles.
