Impactos humanitarios de la violencia armada
¿Ya se imaginó vivir sintiendo el impacto de la violencia todos los días, en el acceso a la escuela o los servicios de salud, camino al trabajo o en los momentos de ocio? ¿Ya se imaginó tener que estar siempre alerta? Esa es la realidad de quienes conviven con la violencia armada en su vida cotidiana en Brasil.
En 2022, la tasa de muertes violentas intencionales en Brasil ascendió a 23,4 cada 100.000 habitantes, un total de 47.508 homicidios. En muchos municipios hay territorios con presencia de grupos armados que se enfrentan con las fuerzas policiales y de seguridad, o entre sí, por disputas territoriales y recursos económicos locales.
Este complejo fenómeno tiene graves efectos en la población. Algunos saltan a la vista, como los homicidios y los heridos, y otros son menos visibles, como la desaparición de personas, los desplazamientos causados por la violencia, el impacto en la salud mental y la falta de acceso a servicios públicos esenciales como unidades de salud y escuelas.
Consecuencias invisibles de la violencia armada
Falta de acceso a Servicios Públicos Esenciales
La violencia armada plantea un desafío a quienes necesitan acceder a servicios públicos esenciales, a los profesionales que trabajan en las unidades y a las autoridades, que enfrentan una serie de dificultades y barreras para prestar esos servicios a la población.
En contextos más delicados e inseguros, muchas veces es necesario interrumpir diversos servicios que deberían prestarse o inclusive cerrar escuelas, unidades de salud y unidades de asistencia social para proteger la integridad y la vida de quienes trabajan allí o las utilizan. Por ejemplo, en Río de Janeiro, el 74% de las escuelas en la red municipal de educación fue afectado por al menos un tiroteo en 2019, según datos del Instituto Fogo Cruzado.
Desaparición de personas
Todos los días, miles de brasileños viven con el dolor de desconocer el paradero de un ser querido. En 2022, se registraron 74.061 desapariciones en Brasil, un promedio de 203 por día. Algunas de esas desapariciones están relacionadas con la violencia armada. Por otro lado, se localizó a 39.957 personas, de acuerdo con el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP).
Además de la incertidumbre prolongada por la falta de noticias, la desaparición impone a los familiares de las personas desaparecidas otras consecuencias graves que acarrean necesidades específicas en el ámbito de su salud física y mental, relacionadas con su seguridad y problemas jurídicos y económicos.
Desplazamiento de personas
El desplazamiento no es un fenómeno aislado, sino que, por lo general, se trata de un último recurso para sobrevivir. Las familias que se ven obligadas a abandonar sus hogares padecen situaciones de violencia generalizada y recurrente: en sus barrios hay grupos armados que controlan y restringen sus movimientos, les imponen reglas y sanciones, crean fronteras invisibles y vuelven imposible acceder a servicios fundamentales como escuelas, hospitales o centros deportivos y culturales.
La cantidad de desplazados aumenta cada día, ya que estas personas se desplazan debido a que su ciudad es escenario de algún tipo de violencia.
Salud mental y apoyo psicosocial
En contextos de violencia armada, es fundamental tener en cuenta sus impactos potenciales sobre la salud mental y el bienestar psicosocial de las personas afectadas, entre ellas los profesionales de los servicios públicos esenciales. Factores como la violencia, el miedo y la incertidumbre pueden exacerbar el sufrimiento psicológico y trastornos mentales previos o incitar el surgimiento de nuevos (por ejemplo, agotamiento emocional, depresión, ansiedad, trastorno por estrés postraumático y trastorno bipolar).
Además, la población afectada y expuesta a los entornos de violencia armada puede acarrear consecuencias psicosociales, como la destrucción de relaciones sociales, la pérdida o separación de familiares, el deterioro de las condiciones de vida básicas y la restricción del acceso a servicios esenciales.
¿Qué hacemos?
La delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay tiene sede en Brasilia, oficinas en Fortaleza, Río de Janeiro y San Pablo y una misión en Buenos Aires.
En la región, el CICR organiza actividades y trabaja en asociación con los gobiernos locales, organizaciones y comunidades para dar respuesta e impulsar la atención de las autoridades a las necesidades humanitarias de la población en tres cuestiones prioritarias: las consecuencias humanitarias de la violencia armada, las necesidades de los migrantes y las poblaciones de acogida, y la difusión y adopción del derecho internacional humanitario (DIH), el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) y los principios humanitarios.
