Desde hace años la violencia en México ha provocado múltiples consecuencias humanitarias: homicidios, desapariciones, desplazamientos, separación de familias. Ello incluye a las personas migrantes que enfrentan en su paso diferentes peligros y a las comunidades cercadas de miedo por la presencia de grupos armados. A ello hay que sumar los estragos generados por la pandemia.
Pese a la interminable pandemia por COVID-19, los flujos migratorios aumentaron en 2021. Aunado a ello, el incremento en el número de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado en México alcanzó un máximo histórico. Las personas migrantes se ven obligadas a tomar rutas cada vez más peligrosas, exponiéndose a múltiples riesgos. Para brindarles protección y asistencia continuamos trabajando con la Cruz Roja Mexicana y albergues de la sociedad civil, y mantenemos un diálogo bilateral y confidencial con las autoridades con el fin de compartir las observaciones y recomendaciones acerca de la vulnerabilidad que enfrentan las personas migrantes en México.
En este país casi 100 000 personas viven con la incertidumbre de no conocer la suerte y paradero de sus seres queridos; la pandemia tampoco ha detenido sus esfuerzos para buscarlos, ni nuestros esfuerzos para acompañarlos en el conocimiento y ejercicio de sus derechos. Además, trabajamos de la mano con las autoridades para que las personas fallecidas no identificadas sean tratadascon dignidad, puedan recuperar su identidad y ser restituidas a sus familias.
En comunidades afectadas por la violencia apoyamos iniciativas que faciliten el acceso de las personas a servicios esenciales, y fortalezcan el tejido social. El CICR también visitó lugares de detención con el fin de que las personas privadas de libertad gocen de un trato y condiciones de vida dignos, conforme al derecho internacional.
El CICR en México seguirá trabajando para responder a las consecuencias, visibles e invisibles de la violencia.
