En 2017 el Estado mexicano aprobó un robusto marco normativo especializado que reconoce y garantiza los derechos de las personas desaparecidas y de sus familiares, tras un proceso legislativo que sentó un precedente histórico en la comunidad internacional al garantizar en todas sus etapas la participación de miles de familias afectadas por este flagelo, organizaciones nacionales e internacionales y autoridades.
"Las familias transformaron su dolor en un esfuerzo colectivo para impulsar y garantizar un marco jurídico que asegure la búsqueda de sus queridos desaparecidos, proteja sus derechos y ayude a prevenir nuevas desapariciones. Sus experiencias fueron y siguen siendo fundamentales para responder a esta emergencia humanitaria que no cesa y que cuenta de manera oficial a más de 114.000 personas desaparecidas", explicó Janet Carmona, coordinadora en México del programa de personas desaparecidas del CICR.
El CICR reconoce los esfuerzos institucionales que se han realizado en los últimos años para garantizar el derecho a la participación conjunta de las familias, reconocido en la LGDP. Ellas han sido el motor incansable para la implementación de este marco normativo, al participar activamente en procesos de armonización legislativa a nivel estatal bajo la metodología de parlamento abierto, en consultas para la elaboración de protocolos y lineamientos, en la creación de consejos ciudadanos y nombramiento de funcionarios, entre otros procesos.
Si bien la organización humanitaria resalta estos logros, hace énfasis en los retos que persisten y que no podrán superarse sin la participación efectiva de las familias: la adecuada colección, registro, intercambio y acceso a la información sobre los procesos de búsqueda e identificación; el reforzamiento de mecanismos de comunicación entre las fiscalías y las familias para el seguimiento de los casos; y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional.
El Estado mexicano, tanto a nivel federal como estatal, no solamente debe mantener a las víctimas en el centro de la acción gubernamental, sino también sus esfuerzos para construir sobre los avances alcanzados hasta el momento, incluido el fortalecimiento de las comisiones de búsqueda.
"Localizar a una persona desaparecida y dar respuestas a sus familiares es un imperativo humanitario, bajo la responsabilidad del Estado , que no puede ser postergado. Miles de familias en México hacen todo cuanto está en sus manos para encontrar a sus seres queridos, por lo que la articulación entre ellas y las autoridades debe ser impulsada y protegida. Sin las familias no podrá cumplirse con el objetivo de la ley", instó María Elizondo, asesora jurídica del CICR.
El CICR, en su calidad de organización humanitaria que acompaña a las víctimas de desaparición, reitera toda su disposición para continuar implementando la ley general y fortalecer la respuesta a los miles de familias que siguen buscando noticias de sus seres queridos, a través de su acompañamiento técnico y de la facilitación de espacios de diálogo.
El CICR, fundado en 1863, ayuda a personas de todo el mundo afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia, haciendo lo posible por proteger su dignidad y aliviar su sufrimiento, a menudo junto a sus asociados de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Además, la Institución procura prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales.
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