México y América Central: la regulación del uso de la fuerza es imprescindible para proteger la vida y la dignidad de las personas

Ciudad de México. En los últimos años, las movilizaciones sociales se han intensificado en el mundo por razones políticas, económicas y sociales, aumentando las tensiones entre quienes se movilizan y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Ante estos escenarios, así como a otras situaciones que afectan el orden público, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) realiza esfuerzos de sensibilización y capacitación, y sostiene un diálogo confidencial con las Fuerzas Armadas y de Seguridad para que se respeten el derecho internacional y los estándares internacionalmente reconocidos que rigen el uso de la fuerza y se promueva su cumplimiento.

"La obligación de la Policía y las Fuerzas Armadas es proteger a la población. El uso de la fuerza solo debe darse cuando es absolutamente necesario, de manera proporcionada, y persiguiendo objetivos legítimos como controlar una situación que afecte el orden público", recalcó Jordi Raich, jefe de la Delegación Regional para México y América Central del CICR.

En vista de las graves consecuencias para la vida, la integridad y la salud del uso excesivo de la fuerza, el CICR considera fundamental que se difundan e implementen las reglas y los principios que deben guiar estas acciones, procurando su respeto y cumplimiento.

Para ello, la Delegación Regional del CICR en México y América Central busca impulsar un debate sobre los desafíos y retos pendientes en el uso de la fuerza en el cumplimiento de la ley, los escenarios actuales en los que se ejerce esa facultad y la prevención de consecuencias humanitarias en la coyuntura prevaleciente en la región.

Así, ha lanzado una campaña en la que, a través de diversas actividades, busca difundir ampliamente entre los encargados de hacer cumplir la ley y otros actores comprometidos en el análisis de la actuación de las instituciones que ejercen esa facultad – como operadores de justicia, defensorías del pueblo, medios de comunicación y expertos académicos, entre otros– las reglas, alcances y límites del uso de la fuerza, para generar reflexiones sobre las implicaciones que conlleva esta responsabilidad y facultad.

"El CICR busca que se asegure que la vida y la dignidad de las personas sean protegidas y minimizar al máximo las consecuencias humanitarias que pueden derivarse del uso de armas de fuego y otras armas o equipos en operaciones de restablecimiento del orden", enfatizó Raich.

El uso de la fuerza es la facultad que tienen los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (policías y fuerzas armadas) para mantener o restablecer la seguridad y el orden público afectados por alteraciones de diverso tipo. Esta facultad está regida por normas internacionales y debe seguir principios claramente establecidos.

El CICR recuerda que los principios rectores del uso de la fuerza son: legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y responsabilidad.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza.

Los encargados de hacer cumplir la ley deben asegurarse de que su elección en el uso de armas y otros equipos son compatibles con las normas internacionales sobre uso de la fuerza.

La organización humanitaria destaca la importancia de que se conozcan las facultades y responsabilidades de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en cuanto al uso de la fuerza, así como sus derechos y los límites y principios que rigen dicha facultad. De ello depende el poder garantizar el respeto y la protección de las personas.