Nuestros llamados a la acción para Colombia
Recomendaciones sobre la situación humanitaria del país
En 2018, Colombia vive un periodo de transición política y social. A su vez, tiene una oportunidad histórica para rescatar la voz de más de 8 millones de víctimas del conflicto.
Estos son nuestros llamados a la acción frente a cuatro de los asuntos que más nos preocupan en el país.
Frente al conflicto armado
- Instamos al próximo gobierno y a los integrantes del Congreso que resulten elegidos en 2018 a priorizar en sus programas políticos la respuesta humanitaria a las víctimas del conflicto y la violencia armada.
- Los dirigentes del país en los próximos años deben comprometerse a respetar particularmente las dimensiones humanitarias del Acuerdo de Paz y garantizar recursos para su implementación.
- Es imperativo que en los acercamientos entre el Gobierno y ELN se adopten acuerdos humanitarios que tengan un impacto real en la vida de las personas que más sufren por el conflicto.
- Reiteramos nuestro llamado a la Fuerza Pública y a todos los grupos armados en el país (el ELN, las AGC, el EPL y las estructuras FARC-EP del antiguo Bloque Oriental que no se acogieron al proceso de paz) a respetar el derecho internacional humanitario (DIH) y otras normas humanitarias, y a mantener a la población civil al margen de las hostilidades.
- Recordamos al Estado su obligación de limitar el uso de la fuerza, en el marco del DIH, solamente a los grupos que hacen parte del conflicto armado, como lo define el derecho internacional.
Frente a la desaparición
- La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas debe mantener su carácter extrajudicial y humanitario, así como disponer de recursos humanos y económicos propios y suficientes.
- Las organizaciones de víctimas necesitan apoyo para fortalecerse y participar en el proceso de búsqueda: los familiares deben ser incluidos, recibir información y un trato digno en todo momento. Sus necesidades deben ser atendidas mediante una respuesta eficaz de las distintas entidades del Estado.
- Insistimos en que todas las partes del conflicto actual y todos los actores que participaron en conflictos ya finalizados, tienen la obligación de entregar la información útil para esclarecer la suerte de las personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto.
Frente a las comunidades
- Es urgente que el Estado colombiano asegure una presencia estable en las regiones más apartadas del país, con énfasis en la reconstrucción social (garantía de servicios básicos, participación ciudadana, oportunidades sostenibles, entre otros). Esta presencia estatal no debe limitarse al control territorial o policial.
- Llamamos al Estado a que responda con rapidez y efectividad a las necesidades de las comunidades que se ven afectadas por nuevos hechos de violencia armada, incluidas las zonas más vulnerables de los centros urbanos.
Frente a la crisis carcelaria
- Exhortamos al nuevo gobierno a comprometerse de manera firme a conseguir avances concretos que contribuyan a solucionar la crisis del sistema penitenciario.
- Recalcamos que debe haber una aplicación más sistemática de penas alternativas a la privación de libertad, previstas por la legislación colombiana para casos específicos.
