Discurso pronunciado por el señor Peter Maurer, presidente del CICR, ante la Sección de Alto Nivel de la Conferencia de los Estados Partes en el Tratado sobre el Comercio de Armas.
Hoy en día, asistimos a guerras cruentas que arrasan muchos países en todo el mundo; Siria, Yemen, Irak, Sudán del Sur y Somalia vienen a la memoria, entre otros. La violencia urbana aumenta vertiginosamente en América Latina; en los últimos años, nuevos conflictos han surgido en lugares como Ucrania.
Observamos una pérdida cada vez mayor de vidas civiles a raíz de ataques indiscriminados; la destrucción de servicios esenciales, como el suministro eléctrico y de agua; ataques contra hospitales y trabajadores de la salud; así como personas que se ven forzadas a huir de sus hogares. Como resultado, vemos que las lesiones, el hambre y las epidemias se cobran aún más vidas. En algunos contextos, las víctimas de ataques directos quedan ahora superadas por las víctimas de las consecuencias indirectas de ataques que interrumpen y destruyen servicios sociales básicos.
El daño económico también es enorme – el costo del conflicto se estima en 13,6 billones de dólares anuales – tanto como 13% del mundial.
Los conflictos armados y la violencia son exacerbados por un suministro constante de armas y municiones. Las transferencias de armas alcanzan su nivel más alto desde el final de la guerra fría. El flujo de armas continúa – abierta o secretamente – hacia beligerantes y extremistas violentos en determinadas zonas de Oriente Próximo, África y Asia, y alimenta el crimen organizado en América.
Es un panorama que incita a la reflexión. A tres años de la adopción del Tratado sobre el Comercio de Armas, existe una necesidad imperiosa de convertir las palabras en hechos y de prevenir el daño devastador e irreparable que se produce cuando las armas caen en manos equivocadas.
92 Estados que ya son parte en el Tratado y se reconoce ampliamente que las armas y municiones no son simplemente otra forma de bienes comerciales. Instamos a los Estados que aún no son parte a demostrar su compromiso de actuar con responsabilidad en el comercio de armas, mediante la firma del Tratado, para que se convierta en un instrumento jurídico de carácter verdaderamente universal.
Con demasiada frecuencia, cuando visito las operaciones del CICR, observo la brecha entre la promesa y la implementación, entre la ley y el respeto a la ley, y el sufrimiento que resulta.
Recientemente, en Yemen, vi cómo la guerra erosiona casi todos los aspectos de la vida de las personas. El comercio de armas es rampante y su flujo continúa, a pesar de las violaciones reiteradas del derecho internacional humanitario. Los servicios públicos han sufrido bombardeos, el sistema de salud se encuentra doblegado y ha estallado una epidemia de cólera sin precedentes. Conocí madres que se veían forzadas a tomar decisiones imposibles: entre comprar alimentos o medicamentos caros para sus familias.
Y, por supuesto, no se trata sólo de Yemen. En muchos de los lugares donde el CICR trabaja, vemos qué sucede cuando las guerras se libran sin límites.
En Sudán del Sur, el mes pasado, me impactó cómo el ciclo interminable de violencia ha provocado que un tercio de la población, cuatro millones de personas, huyeran de sus hogares. Los enfrentamientos parecen calibrados para causar un nivel máximo de penuria, con la ayuda de un comercio descontrolado y la proliferación de armas pequeñas. Vi niños que no tendrían más de diez años de edad portando armas, niños que deberían estar en la escuela y no librando una guerra.
Existe la necesidad imperiosa de que todos los Estados hagan un análisis honesto de las consecuencias de sus acciones, pero también de su inacción.
La inadecuada gestión de la cadena de suministro, sin tener en cuenta cómo se usarán las armas, es poner un precio vil a la vida de los civiles.
Todas las partes implicadas en el comercio de armas asumen, en especial, la responsabilidad de velar por que los destinatarios respeten el derecho internacional humanitario. Se trata de un papel crucial e influyente porque proporcionan los medios con los cuales se libran los conflictos – y se cometen violaciones de las normas.
Los Estados exportadores de armas tienen, a la vez, la responsabilidad y el poder de velar por que las armas que suministren no sean utilizadas para cometer o facilitar violaciones del derecho internacional humanitario (DIH) y de los derechos humanos.
Antes de tomar la decisión de transferir armas, deben considerar una serie de garantías, como velar por una adecuada gestión de las existencias de armas, formar a los destinatarios en DIH y derechos humanos y, en general, velar por que los destinatarios tengan los medios para cumplir sus obligaciones en materia de DIH y derechos humanos.
Y cuando, a todas luces, las partes beligerantes no respetan el derecho, o cuando existe un riesgo considerable de uso indebido de armas, en esos casos las armas no deben ser transferidas en absoluto.
Ha llegado la hora, señoras y señores, de que los Estados Partes se concentren en la aplicación, en el más alto nivel, de sus obligaciones en virtud del Tratado, también en lo que atañe a las cuestiones difíciles. Los altos niveles de aplicación son fundamentales para la credibilidad del tratado como marco mundial para el comercio responsable de armas.
El Tratado sobre el Comercio de Armas ofrece un plan para actuar a todos los Estados, individual y conjuntamente. Los animo a debatir esta semana para seguir abordando abiertamente las realidades que enfrentamos. Se trata de un desafío importante pero esencial, si deseamos convertir las palabras en hechos y proteger a las comunidades de la peor brutalidad de la guerra.
