Editorial: Una década de acción humanitaria en favor de las personas afectadas por la violencia
Por Karim Khallaayoun, jefe de misión del CICR en Honduras
En 2022 el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) cumple una década de presencia permanente en Honduras. Después de años de realizar actividades humanitarias puntuales en el país y de brindar asistencia a la población afectada por varios conflictos armados internos en Centroamérica, muchas de cuyas víctimas buscaron refugio en Honduras, el CICR consideró que era imprescindible tener una misión permanente en este país, uno de los más afectados por la violencia en la región.
El objetivo era y sigue siendo atender los retos humanitarios que enfrentan las personas migrantes y personas desplazadas internamente, las personas privadas de libertad, los familiares de personas desaparecidas y las víctimas de violencia, entre las que se incluyen muchos niños y jóvenes.
Apenas un mes antes de la firma del acuerdo de sede entre el CICR y el gobierno de Honduras en 2012, el país era testigo de una de las mayores tragedias en un centro penitenciario: el incendio en la Granja Penal de Comayagua, en el que fallecieron más de 360 personas. Frente a la emergencia, el CICR apoyó los esfuerzos de las autoridades para la identificación de las víctimas y para prestar atención médica y psicológica a sus familiares.
En Honduras brindamos asistencia técnica para la prevención de desastres en instalaciones penitenciarias, como el sucedido en Comayagua, y dialogamos con las autoridades para lograr la implementación de las Reglas Nelson Mandela, con el fin de garantizar el tratamiento digno de las personas privadas de libertad. Con la llegada de la pandemia por la COVID-19 en 2020, acompañamos los esfuerzos del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y de la Secretaría de Salud (Sesal) para contener los contagios en los centros penitenciarios y avanzar en la vacunación.
En estos 10 años también hemos sido testigos de los impactos que causa la violencia en la vida de las personas: amenazas, desplazamientos, migraciones, separación de familias, entre otros. Hemos enfocado nuestros esfuerzos en brindar a las personas desplazadas internamente y a las personas migrantes una respuesta integral para que puedan continuar con su proyecto de vida.
Hay que destacar, asimismo, el acompañamiento técnico a un proyecto de ley para abordar de manera estructural el desplazamiento interno que afecta a más de 247 000 personas; también, asistimos a personas migrantes y personas desplazadas internamente con necesidades de protección y brindamos rehabilitación física a quienes, en la ruta migratoria o por la violencia, sufren una discapacidad física o la amputación de alguna de sus extremidades.
Esta década ha estado marcada también por las dolorosas historias de las familias que buscan a un ser querido. Con ellas hemos trabajado de la mano para conocer sus necesidades y preocupaciones humanitarias. En 2014 publicamos la Evaluación sobre la situación de las familias de personas migrantes desaparecidas, uno de los pilares de nuestra respuesta humanitaria ante la desaparición en la región.
Seguimos brindando apoyo técnico para que las autoridades de Honduras y de los países de la región fortalezcan sus procesos de cooperación con el fin de lograr que las personas desaparecidas vuelvan a casa o que, en todo caso, sus familias conozcan su paradero.
En este tiempo hemos echado a andar proyectos para proteger a niños y jóvenes de la violencia y para brindar atención médica a los heridos: nuestra colaboración con el Hospital Escuela Universitario ha sido uno de los más grandes logros que nos ha permitido llevar atención médica de emergencia a las personas que más lo necesitan.
Hace siete años una persona nos dijo que "en Honduras puedes encontrar la muerte a la vuelta de la esquina". Hasta que la violencia deje de trastocar las vidas que crecen en este país, seguiremos trabajando para mitigar sus consecuencias, convencidos de que cada acción humanitaria es un paso más para encontrar, a la vuelta de la esquina, la vida.
