Señor presidente, excelencias: Muchas gracias por la oportunidad de ofrecer este informe y a China por convocar a este debate abierto.
Desde mi último informe sobre la protección de los civiles, hemos sido testigos de la profundización de la fragilidad mundial debido a la suma de los desafíos de los conflictos armados, la pandemia, la crisis económica, el aumento de la desigualdad y el cambio climático.
En los conflictos actuales, observamos círculos viciosos de violencia en los que se cruzan motivos políticos, ideológicos, étnicos, religiosos y delictivos, así como violaciones de normas fundamentales que generan enormes dificultades en el ámbito de la protección.
A nivel general, nuestra lucha se dirige contra cuestiones tales como la fragmentación y la proliferación de actores, la privatización de la guerra producto de la participación de empresas privadas militares y de seguridad en el campo de batalla, la amplia disponibilidad de armas y la violencia urbana.
La guerra y la violencia internas y entre Estados y grupos armados no estatales se tornan aún más complejas debido a la expansión de la violencia entre comunidades en numerosos contextos.
Como consecuencia, las personas y las comunidades locales deben hacer frente a considerables riesgos y obstáculos. Quienes son de por sí más vulnerables –en concreto, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, las minorías y los ancianos– son los más perjudicados y son víctimas de una marginación cada vez mayor.
El CICR ha publicado recientemente su primer informe integral sobre las repercusiones sistémicas de la COVID-19 en las comunidades que soportan la doble carga de la guerra y la enfermedad. Quisiera dedicar mi informe de hoy a las conclusiones de ese informe, en vista de las graves y complejas dificultades que se presentan en el ámbito de la protección.
Huelga decir que la pandemia no se reduce solo a una crisis sanitaria: ha profundizado las necesidades en materia de protección y ha generado nuevas preocupaciones.
Hemos observado las consecuencias para los niños: la separación de las familias, el cierre de escuelas y la interrupción de la vacunación y los cuidados médicos de rutina.
Hemos observado las consecuencias para los migrantes, los refugiados y las personas internamente desplazadas: la exclusión de los sistemas públicos de asistencia sanitaria y de protección social, el rechazo en las fronteras y la imposibilidad de ejercer el derecho de solicitar asilo.
Hemos observado las consecuencias para las personas que se hallan en lugares de detención, donde la ausencia de los mecanismos del debido proceso y de los procedimientos judiciales pone la vida –y la esperanza– en suspenso; y donde las enfermedades mortales pueden propagarse rápidamente en el contexto de cárceles superpobladas y carentes de recursos.
O las consecuencias para quienes han perdido a seres queridos y la importancia de respetar la dignidad de las personas fallecidas durante una emergencia, la crisis mundial en materia de salud mental y el sufrimiento en silencio de los familiares de las personas desaparecidas durante un conflicto.
Estimados colegas: contar con sistemas de salud sólidos quizá nunca haya sido tan necesario como ahora. Resulta paradójico, entonces, que la asistencia de salud sea blanco de ataques.
Transcurridos cinco años desde que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exigiera el fin de la impunidad para los ataques a la asistencia de salud, nuestras observaciones en 40 países afectados por conflictos indican que dichos ataques no han cesado y que continúan las dificultades para prestar asistencia de salud debido al incumplimiento del derecho internacional humanitario. Asimismo, hemos observado un incremento en la cantidad de ataques cibernéticos contra establecimientos sanitarios.
Queda claro que no se está haciendo lo suficiente para proteger a los trabajadores ni a los establecimientos sanitarios, ni para transformar en acción la resolución 2286.
No podemos permitir que bombardeen impunemente los hospitales, que los enfermos y los heridos mueran innecesariamente, que las enfermedades se propaguen sin control, ni que las vacunas que salvan vidas se reserven solo para unos pocos privilegiados.
La crisis mundial nos obliga a cambiar para abordar los desafíos presentes y futuros. Nunca ha sido tan necesaria la acción colectiva para cuidar a las personas más vulnerables de la sociedad.
Necesitamos un cambio radical en el comportamiento de los beligerantes en los conflictos armados. Necesitamos solidaridad política e inversión en infraestructura y servicios básicos; necesitamos más protección para los civiles y un apoyo más amplio y sustancial para la acción humanitaria.
Esta es la tarea más urgente que los miembros del Consejo tienen por delante. Hemos visto que las decisiones que se adoptan aquí –o la falta de decisiones– pueden tener consecuencias humanitarias enormes y devastadoras en todo el mundo.
Hoy quiero que dirijamos la atención a cinco llamamientos clave que consideramos que fortalecerán la protección de los civiles:
Primero, las partes en conflicto y todos los que ejercen influencia en ellas deben respetar el derecho internacional y proteger a los civiles.
El respeto del DIH es un elemento fundamental, pero a menudo omitido, en el discurso sobre la COVID-19.
La pandemia ha dejado al descubierto los efectos corrosivos de las infracciones del DIH en las sociedades. La destrucción de los sistemas sanitarios y los servicios esenciales provocó desplazamientos a gran escala y limitó la capacidad de las personas para soportar futuros impactos.
Por otra parte, queremos expresar nuestro deseo de que no se impida ni se demore el acceso humanitario a las poblaciones que lo necesitan. Si bien las organizaciones humanitarias neutrales e imparciales deben respetar las normas jurídicas nacionales e internacionales, los Estados tienen la obligación de facilitarles la tarea y de no obstaculizar sus actividades con discursos vagos y dudosos sobre la soberanía y la seguridad.
Segundo, solicitamos a los Estados que den prioridad a la implementación plena de la resolución 2286, adoptando medidas concretas para proteger la asistencia de salud.
Los Estados que apoyan la resolución mencionada deben dar el ejemplo e implementar medidas tales como políticas nacionales para garantizar la aplicación de regímenes internacionales en forma de medidas de protección concretas, así como doctrinas y prácticas militares que protejan la asistencia de salud durante los conflictos, incluso durante operaciones militares conjuntas.
Tercero, y más concretamente, esperamos que los miembros del Consejo procedan con determinación para mejorar sus acciones y utilicen su relación especial con aliados, asociados e intermediarios a fin de hacer respetar el DIH.
No habrá más respeto del derecho si los miembros del Consejo continúan exponiendo a otros mientras no aceptan que se les haga un examen crítico a ellos y a sus aliados. Examinar las operaciones militares propias y aprovechar las relaciones para mejorar el cumplimiento del DIH es fundamental.
Hoy en día, nadie hace la guerra solo. A través de la transferencia de armas, la capacitación, el equipamiento, el asesoramiento, la asistencia, la cooperación en tareas de inteligencia, el fortalecimiento de las capacidades, la información y el apoyo logístico, los miembros del Consejo participan directa o indirectamente en operaciones militares que se ejecutan en distintas partes del mundo, donde, a veces, observamos que se incumplen las normas del DIH.
Al mismo tiempo, no se presta la atención suficiente a cómo se puede fortalecer el respeto del derecho mejorando las operaciones de cada Estado y utilizando su influencia para promover el respeto del derecho y aumentar la protección de los civiles y de todas las personas que no participan en las hostilidades. En un estudio reciente, "Allies, partners and proxies", el CICR propuso un marco para la reflexión estratégica sobre cómo minimizar los riesgos de violaciones del derecho y cómo optimizar resultados en materia de protección en esas situaciones.
Estamos preparados, bilateral y multilateralmente, diplomáticamente y de manera confidencial, para colaborar con ustedes a fin de alcanzar mejores resultados.
Mi cuarto llamamiento consiste en alentar a los Estados a apostar por las respuestas locales y a dar prioridad a la participación de la comunidad y al fomento de la confianza antes, durante y después de situaciones de crisis.
Hemos observado los peligros que se suscitan cuando las comunidades no confían en las medidas implementadas por los gobiernos durante una pandemia, como en el caso de la COVID-19, y hemos observado la velocidad con la que se difunden la información errónea, la desinformación y los rumores, que pueden incitar a la violencia contra los trabajadores sanitarios y los equipos de respuesta.
En las respuestas inclusivas se debe considerar, asimismo, el acceso igualitario a las vacunas y los medicamentos, tanto entre países como dentro de cada país, de forma que no se excluya a ningún sector de la población, por ejemplo, a las personas que viven en zonas controladas por grupos armados no estatales. Esto es fundamental, no solo para estar a la altura de los imperativos éticos y para superar la pandemia, sino también para prevenir que se consoliden las debilidades sistémicas que quedaron expuestas durante la crisis.
Y quinto, instamos a los Estados a fortalecer los servicios de salud, agua y saneamiento y a protegerlos en todo momento, de conformidad con las normas del derecho internacional humanitario.
El mal estado delos servicios esenciales puede haber acelerado la trayectoria de la pandemia causada por la COVID-19, pero, en la otra cara de la moneda, el CICR advierte que la rehabilitación de infraestructuras y capacidades da sus frutos en una emergencia de gran escala.
Fortalecer los servicios esenciales en zonas afectadas por conflictos no es solo un asunto de interés técnico; también requiere apoyo político. Y el CICR ha observado con agrado que el mes pasado, durante la presidencia de Vietnam, los 15 miembros del Consejo copatrocinaron la resolución 2573, que insta a todas las partes en conflictos armados a proteger las infraestructuras civiles. Expresamos nuestras felicitaciones por la aprobación unánime de esta resolución e instamos a los Estados a que procedan a su plena implementación.
El CICR continúa exhortando a las partes en conflictos armados a evitar el uso de armas explosivas con amplio impacto en zonas densamente pobladas, debido a la alta probabilidad de que tengan efectos indiscriminados. Apoyamos firmemente el proceso diplomático en curso para la formulación de una Declaración Política destinada a fortalecer la protección de las personas civiles contra el uso de esas armas.
Estimados colegas:
Con una firme voluntad política, podemos valernos de las prácticas idóneas y de las ideas surgidas durante la pandemia para implementar políticas de largo plazo que aborden los factores individuales y sistémicos que aumentan la vulnerabilidad.
Una de esas prácticas es un mayor acceso a las redes de seguridad social y los sistemas de protección social para los solicitantes de asilo, los refugiados y otros migrantes, así como para las personas internamente desplazadas.
Otra es un mayor recurso a medidas no privativas de la libertad para reducir la superpoblación carcelaria y a la tecnología para facilitar el contacto entre las personas detenidas y sus familiares.
Es mucho lo que podemos hacer, y mucho depende del apoyo político.
El CICR pone al servicio de los Estados su experiencia y su asesoramiento, y espera seguir interactuando con ustedes.
Muchas gracias.
