La violencia sexual en los conflictos armados: ¿podemos prevenir retrocesos en el contexto de la COVID-19?

Por May Maloney

Nada de esto debería sorprendernos; abundan los elementos de prueba para sustentar que, históricamente, las emergencias y crisis profundizan las desigualdades estructurales y exacerban los riesgos. Aun así, ocho meses después del inicio de la pandemia de COVID-19, estamos frente a una dicotomía aterradora: un aumento de casos de violencia sexual en lugares afectados por conflictos y violencia y, al mismo tiempo, una disminución de los servicios disponibles para víctimas y sobrevivientes. Somos testigos de un trágico retroceso en los avances logrados en materia de prevención y atención de la violencia sexual y por motivos de género en entornos humanitarios, y no podemos permitir que esto suceda.

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el comienzo de los 16 días de activismo contra la violencia por motivos de género. Nos recuerda la fuerza y la resiliencia de personas y comunidades, así como también la magnitud de la violencia sexual y por motivos de género, cuyas víctimas son diversas: incluyen no solo a mujeres y niñas, sino también a hombres, niños y personas de minorías sexuales y de género., La crisis mundial de violencia sexual y por motivos de género requiere un enfoque de prevención y protección centrado en los sobrevivientes en todas las actividades humanitarias; el derecho internacional humanitario ofrece una protección decisiva.

Una pandemia en paralelo. . .

Pramila Patten, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la violencia sexual en conflictos, ha denominado pandemia en paralelo al pico de violencia contra las mujeres y sus hijos desde el brote de la COVID-19. Los especialistas en derechos humanos –entre ellos, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer– han calificado esta situación como una pandemia dentro de una pandemia y han hecho llamamientos por la "paz en casa", en los que exhortaban a los Estados a eliminar la violencia por motivos de género mediante planes de recuperación posteriores a la pandemia de la COVID-19.

Las agencias humanitarias han estimado que, tan solo en los primeros seis meses de bloqueo debido a la COVID-19, podrían haber ocurrido 31 millones de nuevos casos de violencia por motivos de género. Estos actos abarcan la violencia doméstica –que constituye un delito en muchos lugares y puede ser una violación del derecho de los derechos humanos– y los actos de violencia sexual en el ámbito del derecho internacional humanitario, como la violación y la violación colectiva por portadores de armas, la prostitución forzada y la esclavitud sexual.

El CICR no necesita, desde la perspectiva operacional, esperar tales pruebas para dar respuesta (como parte de nuestra posición sobre la inversión de la carga de la prueba en materia de violencia sexual). No obstante, estamos dando seguimiento a tendencias perturbadoras sobre violaciones del derecho internacional humanitario y a información que sugiere nuevos casos (incidentes) que contribuyen a una prevalencia alta y continua de la violencia sexual y por motivos de género en zonas afectadas por conflictos. Los datos de uno de los programas de apoyo psicosocial y en salud mental del CICR revelaron que el número de sobrevivientes de actos de violencia, incluida la violencia sexual, se cuadruplicó de enero a mayo de 2020, en comparación con el mismo período en 2019. En esos mismos lugares, de enero a junio de 2020, prestamos servicios de emergencia de atención primaria de la salud a 2.001 personas dentro de las 72 horas posteriores a la violación.

Las crecientes necesidades se ven agravadas por los riesgos de explotación y abuso sexuales por parte de quienes ocupan posiciones de poder, además de la posibilidad de una mayor proliferación de estrategias negativas de estrés social y económico, como el matrimonio infantil, el intercambio de sexo para la supervivencia y otras relaciones sexuales transaccionales. Ya en abril, un país había enjuiciado ante un consejo de guerra a un miembro de sus fuerzas armadas acusado de haber cometido violación mientras difundía y aplicaba medidas de salud pública en comunidades marginadas.

. . . y un espacio reducido para ayudar

Cuando superponemos una crisis sobre otra crisis –como un conflicto armado y una emergencia de salud pública en el contexto de una emergencia climática mundial– los riesgos de violencia sexual y por motivos de género aumentan de escala, mientras que el apoyo disponible se reduce y aísla o fragmenta. Las redes de referencia que en otro momento eran sólidas –cadenas de apoyo que vinculan centros de salud al apoyo psicosocial y en salud mental y asistencia jurídica disponible a especialistas del sistema judicial pertinentes– pueden dejar de estar activas, desmoronarse, volverse "irregulares" o colapsar.

Pese al aumento de las necesidades, la prestación de servicios –por parte del CICR u otras organizaciones– se ha visto afectada por la pandemia por una serie de razones: recursos financieros, humanos y técnicos destinados a la respuesta a la COVID-19; aumento de las restricciones a la circulación, incluido el confinamiento; intranquilidad de las personas al momento de acudir a las clínicas debido a la posible exposición al virus. Estas nuevas restricciones en evolución –en un contexto en el que la violencia sexual y por motivos de género se considera en gran medida una preocupación "secundaria" o, a veces, incluso un "asunto privado"– dan lugar a una presencia reducida en el terreno y a una menor cantidad de servicios.

Para víctimas y sobrevivientes, se traduce en interrupciones de los servicios de atención y apoyo, una menor posibilidad de llegar a los centros de salud en el período crítico de 72 horas posterior a la violación, y un acceso limitado a los servicios de apoyo psicosocial y en salud mental (o una solución a distancia o por teléfono que podría poner en peligro la seguridad personal o la estabilidad financiera).

Estamos procurando atender estas carencias mediante diversas acciones: actualizar las vías de remisión y difundirlas en las comunidades en transmisiones de radio, establecer nuevas asociaciones con las Sociedades Nacionales para atender cuestiones relativas al estigma, mantener el diálogo con portadores de armas sobre la violencia sexual como una violación del DIH, y facilitar que los servicios de atención primaria de la salud que reciben nuestro apoyo puedan seguir ofreciendo cuidados vitales.

Sin un mayor apoyo económico y a los medios de sustento, como la asistencia en efectivo y la entrega de vales, existe un riesgo acentuado de estrategias de afrontamiento negativas, por ejemplo, en intercambio de favores sexuales para sobrevivir. Todos los actores en el terreno deben tomar en serio y priorizar la interacción con las comunidades, la mitigación del riesgo y el fortalecimiento de la resiliencia. Hemos comenzado la asistencia individual en efectivo y mediante vales como parte de la adaptación a este entorno.

¿Cómo puede ayudar el derecho internacional?

El derecho internacional humanitario es inequívoco en materia de violencia sexual: está prohibida en los conflictos armados tanto internacionales como no internacionales por una serie de normas de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, y su prohibición es una norma del derecho internacional humanitario consuetudinario.

Para que esté prohibido por el DIH, un acto debe tener suficiente vinculación con un conflicto armado (frecuentemente, denominado "nexo"). Algunos actos de violencia sexual y por motivos de género pueden ocurrir durante un conflicto armado que no tienen este nexo; por lo tanto, quedan fuera del ámbito del DIH. Sin embargo, el derecho en materia de violencia sexual que ocurre durante un conflicto armado no termina con la interpretación del DIH; el derecho internacional de los derechos humanos establece un marco complementario pertinente a la violencia sexual y por motivos de género en el contexto de la pandemia mundial de COVID-19. Especialmente, los tipos de violencia por motivos de género que quedan fuera del ámbito del DIH, como la violencia doméstica y de parejas íntimas –que, sin embargo, siguen ocurriendo y, de hecho, se ha demostrado que empeoran durante los conflictos armados y otras crisis, como las pandemias– pueden incumbir a las obligaciones positivas de los Estados en virtud de los tratados de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

Asimismo, en situaciones de conflictos armados, el DIH establece que las personas heridas y enfermas –incluso las víctimas y los sobrevivientes de actos de violencia sexual que necesitan atención médica– deben recibir la asistencia necesaria para su condición en la mayor medida posible y con la menor demora posible. Además, estipula que no puede haber ninguna distinción entre personas heridas y enfermas que no esté basada en criterios puramente médicos. En el marco de los derechos humanos, el hecho de no se discrimine significa que una víctima o sobreviviente de un hecho de violencia sexual tiene derecho a acceder, sin distinción alguna, a una asistencia sanitaria adecuada y oportuna. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha resaltado que el derecho a la salud sexual y reproductiva es una parte esencial del derecho a la salud e incluye la obligación de garantizar asistencia de salud física y mental a los sobrevivientes de actos de violencia sexual.

Al exponer los hechos, la imagen se vuelve clara. La violencia sexual y por motivos de género es perjudicial y contraria al derecho, y ocurre de forma corriente. Deben hacerse mayores esfuerzos para prevenirla y para atender las necesidades de sus sobrevivientes, tales como proteger la labor eficaz en este sentido que, en la actualidad, se ve amenazada. Disponemos de herramientas jurídicas enérgicas que protegen a las personas de la violencia sexual y por motivos de género y garantizan a sus sobrevivientes el acceso a los servicios de salud.

Usémoslas.

Para evitar retrocesos en el contexto de la pandemia de COVID-19, se vuelve más urgente que nunca tomar las medidas necesarias para que las herramientas jurídicas de protección se apliquen sobre el terreno en medio de la combinación de nuevos incidentes terribles de violencia sexual y por motivos de género de este año con una disminución del acceso a los servicios. Para nosotros, la campaña de los 16 días de activismo consiste en solicitar a los Estados que se comprometan con el derecho internacional, tanto en la prohibición de la violencia sexual y por motivos de género como en el acceso a los servicios de salud, sin discriminación, y en armonizar legislación nacional conforme al derecho internacional para que sea efectiva. También adoptar medidas para que los sobrevivientes de actos de violencia sexual tengan acceso a los servicios de salud sin discriminación alguna, por ejemplo, evaluar si la denuncia obligatoria actúa a favor de sus derechos y de los derechos de los trabajadores sanitarios.

Mientras tanto, la asistencia de salud sexual y reproductiva, el apoyo psicosocial y en salud mental y los servicios de protección para sobrevivientes de violencia sexual se mantienen entre las prioridades presentes y futuras del CICR, y seguiremos participando en un diálogo sobre violencia sexual en los conflictos como un crimen de guerra.

Artículo publicado originalmente en nuestro blog Humanitarian Law & Policy.