Vivir sin miedo, una deuda pendiente para Colombia

Bogotá (CICR) – El incremento en el número de víctimas de artefactos explosivos y minas antipersonal, la continuidad del desplazamiento forzado y el confinamiento de comunidades, la persistencia de la desaparición de personas, las agresiones contra la Misión Médica y las violaciones al derecho internacional humanitario (DIH) marcan un crítico panorama en varias regiones del país.

En 2019, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) registró 352 víctimas de artefactos explosivos y minas antipersonal, entre las que se encuentran 159 civiles. Los accidentes se presentaron en 13 departamentos del país, entre ellos, los que presentaron mayor aumento de víctimas fueron Norte de Santander, Arauca y Antioquia. En estos tres departamentos se registró el 57% de las víctimas.

Además, en ese mismo año, según cifras oficiales, más de 25.000 personas se desplazaron masivamente y cerca de 27.600 permanecieron confinadas*. Esta cruda realidad evidencia la profundización del conflicto armado y el deterioro de las condiciones humanitarias en las zonas más vulnerables del país.

"Nuestros equipos documentaron el año pasado 987 violaciones al DIH y otras normas humanitarias. La mayoría fueron graves hechos como amenazas, homicidios, actos de violencia sexual y reclutamiento de menores. La población civil sigue sufriendo las peores consecuencias del conflicto y la violencia armada y hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, las víctimas guardan silencio sobre esta situación por temor a represalias. Vivir sin miedo es una deuda pendiente para Colombia", afirmó Christoph Harnisch, jefe de la Delegación del CICR en Colombia, durante la presentación del balance anual.

Para el CICR resulta preocupante que los actores armados continúen irrespetando las reglas mínimas de la guerra. El año pasado la organización documentó 93 nuevos casos de desaparición. Aunque las cifras reflejan en parte el complejo panorama que se vive el país, existen otros indicadores como las condiciones de salud mental, la desesperanza y el miedo, que no se alcanzan a dimensionar.

"El panorama que vemos hoy es más complejo que el del año pasado. Los grupos armados están más fragmentados y el conflicto tiene nuevas dinámicas que se expresan de manera distinta en cada territorio. Esta realidad dificulta el diálogo que tenemos con todos los actores armados para promover el respeto de las normas humanitarias y hace más difícil la protección de la población civil", indicó Harnisch.

En 2019, el Ministerio de Salud y Protección Social registró 218 agresiones contra el personal sanitario y la infraestructura de salud. En la mayoría de los casos, la naturaleza de las agresiones correspondió a lesiones y amenazas. Estos hechos, junto con las precarias condiciones de las estructuras médicas, afectaron de manera directa el trabajo del personal de salud y dificultaron la labor fundamental de salvar vidas.

En las zonas más afectadas por el conflicto y la violencia armada, el deterioro de la situación humanitaria y la insuficiente respuesta estatal para garantizar las necesidades mínimas de las comunidades aún marca la cotidianidad de los pobladores.

El año pasado la labor del CICR benefició en total a 557 mil personas, en cumplimiento de su mandato estrictamente humanitario. En ese contexto, la organización obtuvo información sobre el paradero de 116 personas desaparecidas, 75 de ellas fueron localizadas con vida. Así mismo, los equipos del CICR trasladaron los restos humanos de 60 desaparecidos para ser entregados a las autoridades o a sus familias.

"Nos esforzamos para aliviar el sufrimiento de las personas que padecen las consecuencias de la violencia, y recordarles a las partes del conflicto la obligación que tienen de respetar las normas humanitarias y excluir a la población civil de la confrontación. No hay que olvidar que las guerras sin límites son guerras sin fin", señaló Harnisch.