El medio ambiente, la guerra y el derecho
El derecho internacional humanitario (DIH) procura proteger a la población civil durante un conflicto armado y garantizar su supervivencia. Es por ello que también vela por la protección del medio ambiente natural, una condición básica para que exista la vida humana.
El DIH confiere protecciones para el medio ambiente de dos maneras: a través de sus disposiciones generales y mediante disposiciones adicionales específicas.
Las disposiciones generales relativas a la conducción de las hostilidades también se aplican al medio ambiente natural. Por lo general, el medio ambiente se considera, por su naturaleza, de carácter civil y no puede ser atacado a menos que se convierta en un objetivo militar. Asimismo, se debe contemplar la destrucción ambiental al analizar la proporcionalidad de un ataque a un objetivo militar.
El Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra introduce una norma específica que prohíbe el empleo de métodos o medios bélicos que hayan sido concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen, daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural. El Protocolo también prohíbe los ataques contra el medio ambiente como represalias.
El Estatuto de Roma de 1998, por el cual se establece la Corte Penal Internacional, tipifica como crimen de guerra ocasionar daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente, al infringirse el principio de proporcionalidad.
Entre otras normas específicas, se encuentra la prohibición de destruir tierras agrícolas e instalaciones hídricas para infligir daños a la población civil.
Uno de los principales motivos de preocupación del CICR es que la escasez de recursos hídricos se utilice como arma contra la población civil. La contaminación o destrucción de fuentes de agua puede tener consecuencias graves para la salud y la supervivencia de comunidades enteras.
Asimismo, la comunidad internacional aprobó la Convención de 1976 sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles (más conocida como “Convención ENMOD”).
Este instrumento contempla todas las técnicas que tienen por objeto alterar “mediante la manipulación deliberada de los procesos naturales la dinámica, la composición o estructura de la Tierra”.
Los Estados Partes se comprometen a no utilizar técnicas de modificación ambiental que podrían tener “efectos vastos, duraderos o graves, como medios para producir destrucciones, daños o perjuicios a otro Estado Parte”.
El CICR también trabaja para garantizar que el personal militar conozca su obligación de respetar y proteger el medio ambiente durante los conflictos armados. Con ese fin, se organizaron varios encuentros de expertos que llevaron a la adopción de las “Directrices sobre la protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado para manuales y programas de instrucción militares”, que contiene un resumen de las normas vigentes. En 1994, se presentaron las directrices ante la Asamblea General de la ONU, que recomendó a los Estados Miembros considerar debidamente dichas disposiciones.
