Retos humanitarios 2025: la situación en Colombia alcanzó en 2024 su punto más crítico en ocho años

En 2024, la situación humanitaria en Colombia se deterioró de manera preocupante. La intensificación de las disputas territoriales entre grupos armados, su reconfiguración y fragmentación, el incremento de las acciones armadas, el endurecimiento de los mecanismos de control sobre la población civil en zonas bajo el dominio de actores armados, así como la reanudación de las hostilidades entre la Fuerza Pública y algunos de estos grupos tras el fin de los ceses al fuego, aumentaron significativamente la exposición de la población civil a graves riesgos de protección y a violaciones del DIH.

La presencia, uso y abandono de artefactos explosivos tiene efectos devastadores sobre la población civil. El año pasado, comunidades enteras se vieron obligadas a desplazarse o confinarse debido a la constante amenaza que representan estos artefactos. Como consecuencia, estas poblaciones perdieron sus medios de subsistencia y experimentaron profundas transformaciones en su forma de vida al no poder transitar libremente por sus territorios.

En 2024, el confinamiento de comunidades en Colombia alcanzó su punto más crítico en los últimos ocho años. Los eventos de confinamiento aumentaron en un 102 %, y la población afectada creció en un 89 % en comparación con el año anterior. 

A este complejo panorama se suma el desplazamiento masivo e individual. El año pasado, 41.228 personas se desplazaron de manera masiva en 15 departamentos. Aunque esto representa una disminución en el número de personas afectadas con relación a 2023, no significa que la situación haya mejorado, ya que los eventos reportados por este tipo de desplazamiento aumentaron un 34 % debido a la intensificación de las hostilidades y del incremento de las amenazas e intimidaciones contra la población civil.

En Colombia, la desaparición de personas continúa siendo una tragedia interminable. Miles de familias durante años, e incluso décadas, han buscado incansablemente a sus seres queridos. En esa búsqueda, se enfrentan a innumerables obstáculos, dificultades y, en muchos casos, a la estigmatización por exigir respuestas sobre la suerte y el paradero de sus familiares.

Los actos violentos contra quienes brindan asistencia de salud fueron otra de las consecuencias humanitarias que se intensificaron el año pasado. La Mesa Nacional de Misión Médica registró 201 infracciones (eventos relacionados con los conflictos armados), entre ellos hechos particularmente graves, como el homicidio de 5 personas.

Otro tema que nos preocupa es la violencia sexual, una de las problemáticas más invisibilizadas en las zonas más afectadas por los conflictos armados y la violencia. Las cifras disponibles no reflejan la magnitud real de este fenómeno, pues existe un marcado subregistro. Muchas víctimas y sobrevivientes optan por el silencio, ya sea por miedo a represalias, vergüenza o sentimiento de culpa. Además, la desconfianza en las instituciones y las barreras de acceso a la ruta de atención estatal impiden que se reporte un número considerable de casos.

La compleja realidad descrita en los apartados de los Retos Humanitarios 2025 es, en parte, reflejo de la reconfiguración y fragmentación de los grupos armados, junto con un escenario inestable y en constante transformación, lo que ha intensificado los retos humanitarios. Sin embargo, esta volatilidad aún no se refleja en nuestra clasificación jurídica actual sobre los conflictos armados, puesto que, al final del 2024, no contábamos con información precisa y suficiente para establecer una nueva clasificación.

En 2024, los niños, niñas y adolescentes en Colombia continuaron siendo involucrados directamente en los conflictos por actores armados estatales y no estatales. Esta problemática se manifestó en el incremento significativo del reclutamiento, uso y utilización de menores de edad, según información recopilada por nuestros equipos en el terreno.

En 2024, las condiciones de detención de las personas privadas de libertad siguieron deteriorándose, al igual que el bienestar y la seguridad del personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a pesar de la emergencia carcelaria declarada por el Gobierno colombiano en febrero de ese año. En este contexto, debe señalarse que el INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), al ser entidades civiles, no forman parte de las Fuerzas Armadas de Colombia ni tienen un rol de participación directa en las hostilidades.

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