Colombia: Condiciones de detención dignas, un camino pendiente
En 2024, las condiciones de detención de las personas privadas de libertad siguieron deteriorándose, al igual que el bienestar y la seguridad del personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a pesar de la emergencia carcelaria declarada por el Gobierno colombiano en febrero de ese año. En este contexto, debe señalarse que el INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), al ser entidades civiles, no forman parte de las Fuerzas Armadas de Colombia ni tienen un rol de participación directa en las hostilidades.
Es positivo el interés estatal de explorar medidas como la Ley 2292 de 2023, que ha beneficiado en su primer año de implementación a 90 mujeres. Sin embargo, el hacinamiento sigue siendo un factor de preocupación. En los establecimientos bajo la responsabilidad del INPEC, alcanzó un promedio de 25,6 %. Además, con un déficit de al menos 16.000 funcionarios, el personal penitenciario disponible resulta insuficiente para garantizar una adecuada gestión penitenciaria, un trato digno a las personas detenidas y una resocialización efectiva.
Distintos factores llevan a que las condiciones de detención no sean acordes a los estándares internacionales. Por ejemplo, la obsolescencia de las construcciones se agrava sin el mantenimiento preventivo y correctivo en los Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional (ERON), lo que dificulta el acceso a servicios esenciales como el agua e imposibilita un abordaje integral de la salud de las personas privadas de libertad.
El modelo actual del servicio de salud, cada vez más centrado en la atención curativa, enfrenta desafíos como los altos costos y las dificultades para su gestión e implementación, así como el abordaje sistemático de la población con discapacidad. Por otra parte, la ausencia de un enfoque integral y multidisciplinario de salud mental dificulta los procesos de rehabilitación, como es el caso de quienes consumen sustancias psicoactivas. Además, la alta rotación del personal de salud, a veces víctima de amenazas, también dificulta la prestación de este servicio.
Otro escenario de preocupación es el débil sistema de información sobre personas fallecidas en los centros penitenciarios, lo que obstaculiza la adopción de medidas preventivas frente a las causas de esas muertes. Finalmente, los traslados de personas condenadas desde los centros de detención transitoria hacia los ERON aliviaron, en cierta medida y de forma momentánea, la preocupante realidad de estos lugares creados para detener a personas por un máximo de 36 horas.
Liberaciones: cómo hemos logrado que miles de personas vuelvan a casa
Durante 55 años, el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia ha facilitado que cerca de 2.000 personas se
reúnan con sus familias después de estar en poder de grupos armados. En 2024, gracias a nuestro rol de intermediario neutral, 34 personas recuperaron la libertad. Nuestra experiencia en estas operaciones y la confianza que las partes han depositado en nuestra labor han permitido que sigamos realizando este trabajo que, lamentablemente, sigue siendo necesario en el país.
Algunas veces las personas liberadas pertenecen a la población civil y otras, a grupos armados o de las Fuerzas Armadas. Los motivos por los que fueron retenidos no importan para nuestra acción humanitaria. Desde los principios de Humanidad, Imparcialidad y Neutralidad que guían nuestro trabajo, nos mueve un único interés: hacer todo para que las personas liberadas puedan volver a casa.
