Preguntas frecuentes sobre la labor del CICR en Israel y los territorios ocupados

Actualizado al 27/03/2024
El CICR presta asistencia a las personas afectadas por el conflicto y la violencia en Israel y los territorios ocupados desde 1967. La finalidad de esta página es ofrecer información fácilmente accesible a todos los que consideren que el CICR pueda serles de ayuda de alguna manera. Además, esta página aborda preguntas frecuentes sobre nuestra labor y el derecho internacional humanitario (DIH) tras la intensificación de la violencia armada que se desató en Israel y el territorio palestino ocupado el 7 de octubre de 2023.

Cómo trabajamos

¿Qué actividades realiza el CICR en Israel y los territorios ocupados?

En Israel y los territorios ocupados (es decir, el territorio palestino ocupado de Gaza y Cisjordania, y el Golán), el CICR procura mejorar las condiciones de vida de la población a través de sus actividades y programas. Visitamos a personas detenidas, reunimos a familiares separados, implementamos programas de apoyo a los medios de vida y ayudamos a mejorar el acceso a los servicios básicos, como los de agua y electricidad. Por sobre todas las cosas, defendemos a las personas y promovemos sus derechos y su dignidad.

Hemos estado presentes en Israel y los territorios ocupados desde 1967 y trabajamos con la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina y el Magen David Adom en Israel. El CICR tiene oficinas en Tel Aviv, Cisjordania y Gaza.

Aquí se puede consultar un resumen de las actividades que realizamos en el primer semestre de 2023.

¿Cuál ha sido la respuesta de emergencia del CICR desde el 7 de octubre?

Gracias a décadas de presencia en Gaza, nuestros equipos están preparados para apoyar la infraestructura esencial que presta servicios de salud y abastece de agua y electricidad.

En Gaza, el CICR tiene más de 100 empleados, que han estado trabajando sin descanso desde la escalada del conflicto armado para prestar la ayuda que tanto se necesita. Además, otros especialistas en medicina, cirugía y contaminación por armas, se han desplegado rotativamente en Gaza. Este equipo presta apoyo a hospitales y practica cirugías vitales en casos traumáticos. También ha distribuido artículos domésticos de primera necesidad a miles de personas desplazadas internamente.

En Israel, nuestros equipos han entregado material forense y prestado asistencia en salud mental. Hemos ofrecido todo el apoyo y los conocimientos que podrían ayudar a las autoridades, dentro del cometido del CICR.

Seguimos pidiendo la inmediata liberación de los rehenes. Gracias a nuestro papel de intermediario neutral, hemos facilitado la liberación de 109 rehenes. Pero, en relación con los que siguen en cautiverio, nuestro pedido es muy claro: necesitamos acceso a ellos, evaluar sus necesidades y restablecer el contacto con sus familiares. Las personas que están retenidas como rehenes deben ser liberadas. Las personas detenidas deben ser tratadas con humanidad.

¿El CICR está más activo en los territorios ocupados que en Israel?

Nuestros equipos en el terreno evalúan continuamente las consecuencias del conflicto en el plano humanitario y hacen todo lo posible por prestar ayuda en función de las necesidades identificadas. En el territorio palestino ocupado, las necesidades de ayuda humanitaria son mucho más acuciantes que en Israel: los datos sobre desempleo y dependencia de la asistencia humanitaria son claros indicadores de esta realidad. Por otro lado, la capacidad técnica y financiera de Israel para responder a las necesidades de la población israelí supera por lejos la de las autoridades palestinas y de Hamás.

El CICR nunca reemplaza o duplica los servicios existentes; responde a las necesidades que las autoridades competentes no pueden atender. En el sur de Israel, por ejemplo, nuestros equipos visitan con regularidad a las comunidades afectadas por la violencia. Los mecanismos de respuesta de emergencia de esas comunidades son muy fuertes. Sin embargo, seguimos de cerca la situación y estamos preparados para prestar apoyo si detectamos que hay necesidades insatisfechas.

¿Qué sucedería si el CICR tomara partido y comprometiera sus principios de neutralidad e imparcialidad?

Si el CICR tomara partido, perdería la confianza de las partes. Sin esa confianza, no podríamos seguir realizando nuestras actividades para salvar vidas y responder a las necesidades de las comunidades afectadas, las personas detenidas, las personas enfermas o los familiares de personas desaparecidas. Nuestra neutralidad y nuestros principios no siempre son bien comprendidos, sobre todo en situaciones donde se juegan emociones fuertes. Sin embargo, nuestra neutralidad e imparcialidad son críticas para nuestra capacidad de operar en cualquier contexto.

¿El CICR toma en cuenta la religión cuando decide dónde prestará ayuda humanitaria?

No, no lo hace. El CICR no es una organización religiosa y solo presta ayuda en función de las necesidades humanitarias.

Como parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, nuestra labor humanitaria se guía por los Principios Fundamentales, que enfatizan la neutralidad, la imparcialidad y la independencia. No nos involucramos en cuestiones religiosas o políticas ni participamos en controversias.

Nuestra misión se centra solamente en aliviar el sufrimiento humano, prestar ayuda a quienes la necesiten y mantener los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia en nuestras actividades humanitarias. Si bien algunos símbolos asociados con el Movimiento, como los de la cruz roja y la media luna roja, pueden tener nexos históricos con orígenes religiosos, el Movimiento en sí se define como una entidad no religiosa dedicada a la acción humanitaria y a la protección de la vida y la dignidad humanas.

Qué dispone el derecho

¿Por qué el CICR considera que el territorio palestino está ocupado, si Palestina nunca fue un Estado?

La ocupación es una cuestión de hecho: se considera que un territorio está ocupado cuando se halla bajo la autoridad de un ejército enemigo. El hecho de que el territorio esté bajo el control de un soberano apenas comienza una ocupación es irrelevante, y la controversia respecto de la condición de Estado de Palestina no tiene incidencia en esta determinación jurídica.

Desde el conflicto armado internacional de 1967 entre Israel y los Estados vecinos que dio lugar a la aplicación de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, el territorio palestino ha estado bajo la autoridad del ejército israelí. Por lo tanto, el CICR considera que los territorios controlados por Israel están bajo la ocupación beligerante israelí, lo que afirma la aplicabilidad de iure del derecho de la ocupación (Reglamento de La Haya de 1907 y cuatro Convenios de Ginebra de 1949). La aplicación del derecho de la ocupación no incide en ninguna disputa relativa a la soberanía del territorio.

¿Qué condición tiene la Franja de Gaza para el derecho internacional humanitario?

El CICR considera la Franja de Gaza como parte del territorio palestino Ocupado porque Israel ejerce elementos importantes de autoridad sobre la franja, incluidas sus fronteras (espacio aéreo, tierra y mar, salvo la frontera con Egipto). Si bien Israel ya no mantiene una presencia permanente dentro de la Franja de Gaza, sigue teniendo algunas obligaciones establecidas por el derecho de la ocupación que se corresponden con el grado de control que ejerce sobre ella.

¿Qué dispone el DIH sobre la protección de los hospitales?

Las leyes de la guerra prohíben los ataques directos contra loa hospitales y el personal médico, que gozan de protección especial en virtud del DIH.

Ahora bien, un hospital puede volverse un objetivo militar legítimo si contribuye a operaciones militares específicas del enemigo y si su destrucción ofrece una clara ventaja militar para el atacante.

Ante la duda, no pueden ser atacados. Los hospitales pierden su protección únicamente en determinadas circunstancias, por ejemplo, si se los utiliza como base para lanzar un ataque, como depósito de armas o para ocultar a soldados/combatientes sanos. Y en esos casos también rigen algunas condiciones. Antes de responder a esos actos con un ataque, una parte en conflicto debe emitir una alerta, con un plazo determinado, y la otra parte debe haberla ignorado.

¿Qué estatuto tienen los rehenes en el derecho internacional humanitario (DIH)?

Son rehenes las personas que, independientemente de su estatuto, hayan sido capturadas por una persona o una organización y que pueden ser heridas o muertas si no hacen lo que esta persona u organización les exigen. El DIH prohíbe tomar rehenes o amenazar con hacerlo durante los conflictos armados.

¿Qué normas regulan la transferencia de armas a una parte en un conflicto armado?

Con miras a reducir el sufrimiento humano, el Tratado sobre el Comercio de Armas prohíbe a los Estados Partes autorizar la exportación, el tránsito o cualquier otro tipo de transferencia de armas convencionales, municiones y partes y componentes relacionados contemplados por el TCA si se tiene conocimiento de que se utilizarán para cometer crímenes de guerra u otros crímenes internacionales (Art 6). También les prohíbe exportar armas en caso de que exista un riesgo preponderante de que las armas suministradas se utilicen para cometer o facilitar una violación grave del DIH (Art 7). Existen instrumentos regionales que imponen restricciones similares.

Todos los Estados, aunque no sean Partes en el TCA, tienen la obligación de abstenerse de transferir armas a una parte en un conflicto armado en caso de riesgo sustancial o evidente de incentivo, complicidad o ayuda en la comisión de violaciones del DIH. Por otra parte, los Estados que transfieren armas deben hacer todo lo que esté a su alcance, dentro de lo razonable, para prevenir y poner fin a violaciones del DIH cometidas por sus socios en el comercio de armas (art. 1 común a los Convenios de Ginebra de 1949). Los Estados que suministren armas a una parte en un conflicto armado en curso pueden ser considerados particularmente influyentes para hacer cumplir el DIH, dada su capacidad de facilitar o retener los medios por los cuales pueden cometerse violaciones del DIH. Negarse a transferir armas, limitar o condicionar las transferencias son medios a los que pueden recurrir los Estados que transfieren armas para prevenir violaciones del DIH..

Más información sobre el Tratado sobre el Comercio de Armas desde una perspectiva humanitaria..

¿Cuáles son las normas que rigen los sitios?

Los sitios suelen tener consecuencias graves para grandes números de civiles. Existen importantes normas del DIH que protegen a los civiles. Por ejemplo, una norma crucial establece que se debe permitir que los civiles sean evacuados de una zona sitiada. Ni la fuerza que impone el sitio ni la fuerza de la zona sitiada pueden obligarlos a quedarse en el lugar contra su voluntad.

Los sitios solo pueden dirigirse exclusivamente contra las fuerzas armadas enemigas, y está absolutamente prohibido disparar contra los civiles que huyen de una zona sitiada o atacarlos de alguna otra manera. Además, las partes deben cumplir con todas las normas que rigen la conducción de las hostilidades. Se debe prestar atención particular a preservar a los civiles cuando se sitia una ciudad y se ataca a objetivos militares en la zona sitiada. Se deben tomar todas las medidas de precaución factibles para evitar o reducir al mínimo la pérdida incidental de vidas civiles, las heridas a los civiles y los daños a los bienes de carácter civil.

El DIH también prohíbe hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra. A la vez, si bien puede ser necesario ordenar una evacuación temporaria (e incluso puede requerirlo el derecho), los sitios no deben utilizarse para obligar a los civiles a abandonar una zona de forma permanente.

¿De qué protección gozan los niños?

Además de la protección conferida a la población civil en virtud de las normas que rigen la conducción de las hostilidades, el DIH otorga un respeto y una protección especiales a los niños durante los conflictos armados. Esa protección abarca el acceso a alimentos, agua, asistencia de salud, educación, protección de la separación familiar y salvaguardas especiales durante evacuaciones.

Los niños se ven profundamente afectados cuando la guerra se libra en entornos urbanos. Sufren consecuencias que inciden en salud, desarrollo y bienestar. Por ejemplo, debido a las particularidades anatómicas y fisiológicas de la infancia, los explosivos diseñados para herir a un combatiente adulto pueden provocar lesiones muy graves y, a menudo, mortales a un niño. Los niños también corren riesgo de perder el contacto con sus familiares o quedar separados de ellos, por ejemplo, si son hospitalizados o durante una evacuación, un desplazamiento o cuando intentan ponerse a resguardo de un ataque.

Por último, la guerra urbana priva a los niños de educación o altera su normal desarrollo, sobre todo cuando se atacan escuelas o cuando estas se ven dañadas incidentalmente o son utilizadas con fines militares. Cuando se utilizan como refugios, también se ve afectado su normal funcionamiento para fines de educación. El DIH contiene disposiciones para que alumnos, docentes y establecimientos educativos reciban protección durante un conflicto armado de modo que no se interrumpa la educación.

¿Qué establece el DIH sobre la tortura?

La tortura y otras formas de malos tratos están absolutamente prohibidas en todas partes y en todo momento. El DIH y el derecho internacional de los derechos humanos se complementan mutuamente para crear un conjunto de normas integral para la prevención y la sanción de los actos de tortura y de otras formas de malos tratos.

Los Estados han acordado que no existen excusas para cometer tortura. El sufrimiento causado por esas prácticas puede tener efectos perturbadores en las víctimas, que a veces se prolongan por años. 

¿Qué establece el DIH respecto de la seguridad alimentaria?

Una preocupación recurrente en los conflictos es la inseguridad alimentaria extrema. El DIH contiene normas importantes que pueden evitar que una situación se convierta en una crisis alimentaria extrema. Por ejemplo, las partes en conflicto tienen la obligación de satisfacer las necesidades básicas de la población que se halle bajo su control.

Por otro lado, el DIH prohíbe específicamente hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra; la violación de esa norma puede constituir un crimen de guerra. Además, los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, como los alimentos, las zonas agrícolas, las cosechas, el ganado, las instalaciones y los insumos que se utilizan para el suministro de agua potable, las obras de riego, gozan de protección específica. No pueden ser objeto de ataques, no se los puede destruir, eliminar o inutilizar de alguna otra manera.

Análogamente, el respeto de otras normas del DIH puede cumplir un papel importante en la prevención de la inseguridad alimentaria, como la protección del medio ambiente, las limitaciones de los sitios y el acceso a la ayuda humanitaria.

¿Cómo protege el DIH a las personas civiles y los bienes de carácter civil contra el peligro de las hostilidades?

El objetivo de los principios y normas del DIH que rigen la conducción de hostilidades es proteger a la población civil de los efectos de las hostilidades. Para ello, procura alcanzar un equilibrio entre la necesidad militar y la humanidad, imponiendo prohibiciones y restricciones a las armas, los medios y los métodos de guerra que pueden utilizar las partes en un conflicto.

Los tres principios fundamentales de distinción, proporcionalidad y precaución son de carácter consuetudinario y deben ser respetados en todas las circunstancias por todas las partes, tanto por los Estados como por los grupos armados no estatales, en todos los conflictos armados, ya sea que se trate de conflictos armados internacionales o no internacionales.

Según el principio cardinal de distinción, las partes en un conflicto armado deben distinguir en todo momento entre la población civil y los combatientes, y entre los bienes de carácter civil y objetivos militares.

El DIH prohíbe expresamente los ataques dirigidos a personas civiles y bienes de carácter civil, así como los ataques indiscriminados, es decir, aquellos que alcanzan indistintamente tanto a objetivos militares como a personas civiles o bienes de carácter civil, incluidos los ataques por bombardeo. Asimismo, se prohíben los actos o las amenazas de violencia cuyo propósito principal es aterrorizar a la población civil, y , y hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra.

Los principios de proporcionalidad y de precaución complementan el principio de distinción, puesto que confieren protección a las personas civiles y a los bienes de carácter civil contra el peligro de sufrir daños incidentales causados por ataques a objetivos militares. Si bien durante los conflictos armados los daños a menudo resultan inevitables, el DIH fija un límite al grado de daño incidental permisible, detallando el modo en que se debe alcanzar un equilibrio entre la necesidad militar y las consideraciones de humanidad en esas situaciones.

La regla de proportionalidad prohíbe los ataques cuando es de prever que causen daños civiles incidentales que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.

Conforme al principio de precaución, en la conducción de las operaciones militares se debe velar constantemente por preservar a la población civil, a las personas civiles y los bienes de carácter civil. En vista de que existe un riesgo grave de causar daño a las personas civiles cuando se lanza un ataque, el DIH impone obligaciones detalladas a las personas encargadas de la planificación, la decisión o la ejecución de los ataques. En particular, se tomarán todas las precauciones factibles para:

- verificar que los objetivos son objetivos militares;
- evitar, o reducir en todo caso a un mínimo, el número de muertos y heridos entre la población civil, así como los daños a bienes de carácter civil, que pudieran causarse incidentalmente;
- evaluar si es de prever que el ataque viole la regla de la proporcionalidad;
- suspender o anular un ataque si se advierte que violaría el principio de distinción o la regla de la proporcionalidad;
- dar aviso con la debida antelación y por medios eficaces de todo ataque que pueda afectar a la población civil.

El DIH también exige a las partes en un conflicto que protejan de los efectos de los ataques a la población civil y los bienes de carácter civil que estén bajo su control.

En las ciudades, a menudo coexisten los militares, las personas civiles y los bienes de carácter civil. Para las partes involucradas en las hostilidades en zonas urbanas u otras zonas pobladas, esta coexistencia presenta importantes desafíos, tanto desde el punto de vista militar como en lo que respecta a evitar los daños a la población civil. Dado que la guerra urbana entraña peligros específicos para las personas civiles, la protección que les confieren los principios y las normas del DIH es crucial.

¿Cuáles son las normas que rigen el uso de las armas, incluidas las armas explosivas?

El DIH impone numerosas prohibiciones y restricciones al desarrollo y al uso de armas específicas, tanto en virtud del derecho convencional como del derecho consuetudinario (véanse las normas 70 a 86 del Estudio del CICR sobre DIH consuetudinario). El uso de todas las armas, incluidas aquellas cuyo uso está expresamente restringido, debe en todos los casos cumplir todos los principios y normas que rigen la conducción de hostilidades, incluidas las disposiciones que prohíben los ataques directos, indiscriminados y desproporcionados aasí como las normas sobre precauciones en el ataque (véase arriba ¿Cómo protege el DIH a las personas civiles y los bienes de carácter civil contra el peligro de las hostilidades?).

Si bien el DIH no establece una prohibición general del uso de armas explosivas pesadas en zonas pobladas, su uso en esas zonas muy probablemente tenga efectos indiscriminados y, según las circunstancias, es posible que las normas del DIH prohíban ese uso. Esto reafirma el llamamiento que desde hace largo tiempo vienen realizando el CICR y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en su conjunto, por el cual exhortan a todos los Estados y a los grupos armados no estatales que son partes en conflictos armados a evitar el empleo de armas explosivas pesadas en zonas pobladas. El uso de estas armas debe evitarse en zonas pobladas, a menos que se adopten medidas de mitigación suficientes para limitar su radio de impacto y el consiguiente riesgo de daños a personas civiles.

La Declaración política sobre el fortalecimiento de la protección de las personas civiles contra las consecuencias humanitarias derivadas del uso de armas explosivas en zonas pobladas fue adoptada en 2022 por más de 80 Estados. Es el primer instrumento de su tipo que establece el compromiso para los Estados, así como para otras partes, de revisar sus políticas y prácticas militares con el fin de restringir o abstenerse del uso de armas explosivas en zonas pobladas, donde ese uso puede causar daño a la población civil. Cuando este instrumento se implementa apropiadamente, puede contribuir en gran medida a aliviar el sufrimiento de la población civil y a fortalecer el respeto del DIH.

¿Qué establece el DIH acerca de la protección de la infraestructura civil crítica?

La infraestructura civil crítica que permite brindar servicios esenciales a las personas civiles es, en principio, un bien de carácter civil y, como tal, está protegida por todas las normas del DIH que protegen a la población civil y a los bienes de carácter civil de los efectos de las hostilidades. Cabe destacar que esa protección incluye las prohibiciones de efectuar ataques directos, indiscriminados y desproporcionados así como las normas sobre precauciones en el ataque y precauciones contra los efectos de los ataques.

Los servicios esenciales para la población civil y para otras personas protegidas durante los conflictos armados están interconectados y son interdependientes. Esto significa que la alteración de un servicio puede tener efectos en cascada o repercusiones indirectas en otros, y causar perturbaciones en múltiples servicios o incluso su colapso. Por ejemplo, el suministro eléctrico es necesario para garantizar la provisión de agua y saneamiento, la eliminación de residuos sólidos y la cadena de frío. Los hospitales y los establecimientos de producción y distribución de alimentos dependen de un suministro fiable de agua potable, saneamiento y electricidad.

Los ataques que previsiblemente dañen la infraestructura crítica seguramente afectarán a gran parte de la población civil más allá de la zona de impacto del arma y por mucho tiempo más que el período inmediatamente posterior al ataque. Un daño de esta índole es relevante tanto para la proportionalidad como para las precauciones en el ataque puesto que tiene un vínculo causal con el ataque y es razonablemente previsible en el momento de este.

El DIH también confiere una protección especial y aumentada a ciertos tipos de infraestructura crítica, en particular a los hospitales y otros establecimientos y medios de transporte sanitarios, a los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, y a las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, así como a los bienes culturales, y al medio ambiente natural. Los regímenes de protección específicos difieren entre sí, pero a menudo implican la protección contra operaciones distintas de los ataques y cierto grado de protección incluso en el caso de los bienes que, de otra forma, constituirían objetivos militares.

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