Minas antipersonal

Las minas antipersonal dejan un perdurable legado de muertes, heridas y sufrimientos. Pisar una mina muchas veces significa que una o más personas -por lo general, niños- sufrirán heridas o la muerte, y que las consecuencias afectarán por siempre tanto a las víctimas como a sus familiares. La contaminación causada por las minas antipersonal impide el uso de amplias porciones de tierra, lo que afecta la producción de alimentos y destruye los medios de vida. El impacto de las minas antipersonal en las comunidades suele prolongarse durante décadas.

Ante esta realidad, la comunidad internacional aprobó en 1997 la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal, que prohíbe el uso, la producción, el almacenamiento y la transferencia de esas armas y requiere que se adopten medidas para prevenir y atender sus efectos de largo plazo.

La campaña para prohibir las minas antipersonal fue una de las mayores iniciativas humanitarias de las tres últimas décadas. El CICR, junto con los Estados, la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonal y las Naciones Unidas, abogaron por la prohibición integral del uso, el almacenamiento, la producción y la transferencia de esas armas. Los Estados respondieron aprobando la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal, pero ese fue solo el comienzo. Luego había que aplicar la Convención.

Hoy, más de 20 años después de la aprobación de la Convención, se observan avances importantes, pero quedan muchos retos por delante, especialmente en cuanto a la remoción de las minas que siguen sembradas, así como al alivio del sufrimiento de las personas heridas y de sus familiares.

Más de tres cuartas partes de los países del mundo se han adherido a la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal. Es poco frecuente que los Estados hoy recurran al uso de minas antipersonal, incluso los que no son Partes en la Convención. Hasta hace poco tiempo, se registraba una disminución constante del índice anual de nuevas víctimas de minas y otros restos explosivos de guerra. Sin embargo, esta tendencia ha comenzado a revertirse debido al uso de minas improvisadas en algunos países que actualmente viven conflictos armados. El resultado es que, en 56 países y territorios, las minas y otros restos explosivos de guerra -que quedaron de conflictos pasados y de conflictos en curso- provocan miles de víctimas por año.

Las personas heridas por minas antipersonal y otros restos explosivos de guerra por lo general necesitan atención de por vida. La Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal establece que los Estados deben ayudar a los cientos de miles de víctimas de las minas, la mayoría de las cuales se encuentran en países con servicios de salud y rehabilitación muy limitados. Si bien la inclusión de la asistencia a las víctimas en la Convención fue un logro importante, los avances en este sentido han sido escasos. Ha mejorado, en general, la capacidad de los Estados Partes de recopilar datos y entender con mayor claridad las necesidades de las víctimas, pero muchos siguen sin tener un plan nacional de asistencia a las víctimas o sin prestar los servicios adecuados a las que se encuentran en zonas remotas. Por consiguiente, muchos sobrevivientes todavía necesitan que mejoren sustancialmente sus condiciones de vida y su acceso a la atención médica, los servicios de rehabilitación física, el apoyo psicológico, los servicios sociales, la educación y el empleo.

La Convención también fija metas claras en cuanto a la remoción de las minas antipersonal. Cada Estado tiene diez años para desminar su territorio. Desde la aprobación de la Convención, se han limpiado miles de kilómetros cuadrados, y 30 Estados Partes que tenían zonas en las que se sabía o se sospechaba que había minas ahora están libres de esas armas. Se están realizando tareas de limpieza en otros 30 Estados, aunque la mayoría de ellos tuvo que extender el plazo original de diez años.

Los Estados Partes también deben destruir sus reservas de minas antipersonal. Antes de la aprobación de la Convención, se informó que más de 130 Estados poseían ese tipo de armas. Desde entonces, los Estados Partes han destruido más de 53 millones de minas. Hoy en día, se calcula que solo unos 30 Estados -de los que solo tres son Partes en la Convención- siguen almacenando minas antipersonal.

La Tercera Conferencia de Examen de la Convención -celebrada en 2014 en Maputo, Mozambique- demostró la dinámica y la actitud orientada a los resultados de los Estados que se adhirieron a este tratado. Para abordar los retos pendientes, la Conferencia adoptó el Plan de Acción de Maputo, que insta a que se adopten firmes compromisos para mejorar la labor en los ámbitos de asistencia a las víctimas, destrucción de reservas y remoción de minas, así como para alcanzar los objetivos principales de la Convención para 2025. Con esfuerzos sostenidos para implementar la Convención y los recursos necesarios, estas aspiraciones pueden hacerse realidad.