Artículo

Un aumento preocupante de la violencia contra la salud en Colombia

La violencia en el marco de los conflictos armados ha afectado profundamente la salud física y mental de las comunidades, en particular de aquellas que habitan las zonas más apartadas del país. Esta violencia se manifiesta en forma de amenazas, agresiones físicas, muertes, violencia sexual y otras afectaciones. Sin embargo, paradójicamente, el personal sanitario, cuya misión es curar y aliviar el sufrimiento, se convierte en blanco particular de actos violentos.

Durante 2023, la Mesa Nacional de Misión Médica registró 511 actos violentos contra la asistencia de salud en todo el país. De estos, 140 (27 %) estuvieron relacionados con los conflictos armados. La mayoría fueron contra la vida y la integridad del personal sanitario e impactaron directamente a auxiliares, enfermeros, psicólogos, odontólogos, médicos, conductores de ambulancias y equipos de salud pública, quienes sufrieron las consecuencias físicas y emocionales de estos actos.

Los departamentos de Cauca, Chocó, Arauca, Nariño y Caquetá fueron los más afectados. En algunos de ellos, equipos completos de personal sanitario se vieron forzados a dejar de trabajar, lo que resultó en la privación total de servicios de salud para comunidades enteras.

Vale la pena señalar el incremento en la intensidad de esta violencia, que se refleja en el homicidio de nueve personas, la cifra más alta registrada en los últimos cinco años. Cinco de estas personas eran sanadores tradicionales en Cauca y Valle del Cauca. Dicha pérdida no solo despoja a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de los conocimientos ancestrales de quienes les cuidan desde una perspectiva cultural, sino que además pone en riesgo la supervivencia de poblaciones que ya no cuentan con la primera respuesta que, en ocasiones, es la única asistencia de salud disponible en sus territorios. En este sentido, hacemos un llamado a respetar la vida e integridad de quienes brindan asistencia de salud, considerando a los sanadores comunitarios y tradicionales, quienes también están protegidos por el DIH.

El suroccidente alberga múltiples afectaciones por los conflictos armados y la violencia, como los desplazamientos, la presencia de artefactos explosivos y los ataques a la asistencia de salud. Esta realidad impacta a toda a la sociedad; por eso el irrespeto del DIH no debería volverse una normalidad

Kian Abbasian, exjefe de la subdelegación del CICR en Cali

A través de nuestro programa "Salud Mental para Personal de Salud Víctima de Violencia", identificamos que el 86 % del personal que participó presentó niveles preocupantes de sufrimientos psicológicos. Entre los síntomas más comunes se encuentran ansiedad, dificultades cognitivas e irritabilidad, además del sufrimiento individual que padecen los trabajadores de la salud y que supone una limitación en su capacidad de cuidar a los demás.

El personal sanitario que brinda asistencia a las comunidades en las zonas más afectadas por los conflictos armados y la violencia es guardián de la vida. Su trabajo es el lazo que sostiene la esperanza de aquellos que dependen de sus cuidados. Estos proveedores de asistencia comunitaria, sanadores tradicionales, auxiliares, psicólogos, odontólogos, enfermeros, médicos, conductores de ambulancia y personal de apoyo sanitario son quienes persisten en la tarea de curar las heridas del cuerpo y la mente causadas por los conflictos armados en Colombia y que viven en medio de la zozobra propia de la violencia. Deben ser protegidos y respetados en todo momento.