Cárceles, migración y uso de la fuerza en Colombia

Cárceles

Esta limitación tuvo efectos negativos en la calidad de algunos servicios básicos, como la alimentación, la salud y las garantías judiciales de las personas privadas de la libertad.

En medio de la pandemia reiteramos nuestro compromiso a través de esfuerzos conjuntos con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Cruz Roja Colombiana, para restablecer el contacto entre familiares por medio de videollamadas.

Por otro lado, las mujeres fueron la parte de la población carcelaria que resultó más afectada a la hora de mantener el contacto con sus familias, particularmente con sus hijos, durante este tiempo, por lo cual insistimos en la importancia de analizar alternativas a la prisión como opción para racionalizar el uso del encarcelamiento. Igualmente, hacemos un llamado a los órganos de control y jueces de ejecución de penas para regresar de forma presencial a las cárceles.

Además, el cierre de los centros penitenciarios tuvo un impacto directo en el aumento del nivel de hacinamiento en los centros de detención transitoria del país, donde no se reúnen las condiciones de habitabilidad adecuadas para estadías prolongadas o para tantas personas.

Migración

La población migrante con vocación de permanencia también se asienta en departamentos afectados por los conflictos armados y la violencia, lo que la expone al peligro por su desconocimiento del contexto, pero también por el rechazo, la estigmatización y la xenofobia.

A ello se suman diversas barreras institucionales que deben sortear para ser atendidos, asistidos y recibir reparaciones como víctimas de los conflictos armados, siempre mal justificadas por su condición irregular.

Por otra parte, la costa Pacífica y el tapón del Darién han sido epicentro de complejas escenas en las cuales las personas migrantes extracontinentales pasan por una selva densa, así como por viajes largos, agotadores y peligrosos que podrían llegar a costarles la vida.

El CICR valora las medidas que ha implementado el Gobierno para responder a la crisis migratoria que afronta Colombia, tales como el Estatuto Temporal de Protección, lo que permitirá a las personas migrantes buscar nuevas oportunidades y hacer parte de las dinámicas sociales y económicas del país.

Uso de la fuerza

A nivel global, durante 2021 se incrementaron las movilizaciones sociales que llevaron a miles de personas a las calles a manifestarse por diferentes razones. Colombia no fue la excepción. Tanto en zonas urbanas como rurales, el mantenimiento del orden público fue un constante desafío para la Fuerza Pública, al ponerse a prueba su capacidad de responder con apego a las normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.

Las alegaciones sobre la respuesta desproporcionada por parte de agentes estatales requieren una respuesta comprehensiva por parte del Estado. Esta debería incluir la mejora de la doctrina operativa, el entrenamiento y los mecanismos de supervisión y control sobre el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Para el CICR es importante continuar el diálogo franco y constructivo con las personas encargadas de tomar decisiones en la respuesta, protección de la población y el mantenimiento del orden público. En ese diálogo continuaremos compartiendo recomendaciones sobre el respeto de los derechos humanos y de los principios humanitarios. Estaremos dispuestos a aportar reflexiones sobre esta temática.

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