Derecho a saber: que florezca esperanza para las víctimas
Nuestra organización ha sido testigo directo de que a pesar del tiempo y de los obstáculos, el anhelo de las familias por tener una respuesta de quienes aman permanece.
Hace 25 años la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) presentó su Informe "Guatemala: memoria del silencio", sobre víctimas del conflicto armado interno. En seguimiento a las recomendaciones, se instituyó el 25 de febrero como el Día nacional de dignificación de las víctimas del conflicto armado interno, para conmemorar a las más de 200,000 personas fallecidas y 45,000 desaparecidas. La ausencia de estas personas sigue siendo hoy día uno de los estragos más dolorosos de este conflicto.
Un cuarto de siglo ha transcurrido y persiste la deuda histórica del Estado guatemalteco de atender la legítima demanda y derecho de los familiares de personas desaparecidas: saber qué ha ocurrido con sus seres queridos y dónde se encuentran.
En los últimos 27 años, desde la firma de los acuerdos de paz, el anhelo de las familias por tener una respuesta se ha mantenido inquebrantable. A lo largo de este tiempo, la búsqueda de personas desaparecidas, así como la recuperación, identificación y restitución a sus familias de las personas fallecidas, y el acompañamiento de éstas, ha sido encabezada de forma incansable, en gran medida, por organizaciones de familiares y de la sociedad civil, a quienes el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha tenido la oportunidad de acompañar como parte de su labor humanitaria, tal como lo hace en otras partes del mundo.
A nivel institucional, uno de los avances más significativos ha sido el establecimiento en 2004 del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), que concluyó oficialmente en diciembre de 2023. Sin embargo, y pese a su mandato, éste se enfocó principalmente en el resarcimiento económico, dejando fuera otras medidas clave para alcanzar una reparación integral –individual y colectiva–, así como para la dignificación de las víctimas.
Quedaron fuera formas de reparación fundamentales: el establecimiento de una política de búsqueda y localización de personas desaparecidas, acciones de reconstrucción de la memoria, la adopción de un marco normativo apegado a estándares internacionales que contribuya a que estos hechos no vuelvan a ocurrir, entre otras.
Nuestra organización ha sido testigo directo de que a pesar del tiempo y de los obstáculos, el anhelo de las familias por tener una respuesta de quienes aman permanece. La edad avanzada de los familiares, el deterioro de su salud e, incluso, el fallecimiento muchas de ellas representan un doloroso recordatorio sobre el imperativo humanitario y la urgencia de dar respuesta a su necesidad de saber sobre la suerte y paradero de sus seres queridos. De desatenderse este derecho, el Estado guatemalteco seguiría contribuyendo a dejar abierta una herida del pasado que afecta tanto a las familias como a la sociedad en su conjunto.
En el Día nacional de dignificación de las víctimas del conflicto armado interno, representantes del Estado se unen a la Marcha Nacional por la Dignidad con un acto conmemorativo oficial, marcando un hito y una semilla de esperanza para miles de víctimas. Integrar las experiencias de familias de desaparecidos en los planes gubernamentales futuros es crucial. La consulta y participación de las personas afectadas en políticas de derechos humanos legitima la acción gubernamental y proporciona reparación a las víctimas.
El CICR, actor humanitario neutral, imparcial e independiente, reitera su compromiso de acompañar a las familias, organizaciones que las representan y autoridades del país en este proceso para contribuir a la respuesta anhelada durante años por miles de familias.
Dejemos que la semilla de esperanza florezca.
Columna disponible en: https://www.prensalibre.com/opinion/columnasdiarias/derecho-a-saber-que-florezca-esperanza-para-las-victimas/
