Desaparecidos, conflicto y crisis carcelaria: lo que más nos preocupa en Colombia
Balance humanitario 2018
El reto humanitario más importante que enfrenta el país en este momento es, sin duda, encontrar a quienes desaparecieron por causa del conflicto y la violencia.
Ya han pasado más de dos años desde que el Gobierno y las FARC-EP acordaron las medidas para la búsqueda de personas desaparecidas en el marco del Acuerdo de Paz. Sin embargo, este esfuerzo no ha sido suficiente: miles de familias aún esperan una respuesta sobre lo que ocurrió con sus seres queridos.
Entre 2015 y 2017, se registró un 133 por ciento de aumento en los casos de desaparición abiertos por el CICR para apoyar a los familiares en la búsqueda.
Este dato no implica, necesariamente, que se hayan presentado más casos, sino que más personas han podido reportar desapariciones, tanto recientes como antiguas.
La continuación de la violencia
La paz todavía es una frágil posibilidad. Aunque el conflicto entre el Gobierno y las FARC-EP llegó a su fin, los enfrentamientos entre grupos armados, o entre estos y la Fuerza Pública, no dio respiro en algunas zonas, principalmente campesinas, afrocolombianas e indígenas.
El Estado colombiano ha hecho esfuerzos para llegar a las comunidades más apartadas. Sin embargo, los intereses de control territorial de antiguos y nuevos grupos armados han dejado una estela de civiles afectados. Aún queda mucho por hacer para eliminar la zozobra de las regiones que deberían haberse visto más beneficiadas tras la firma del Acuerdo de Paz.
Aunque el cese bilateral pactado durante 101 días entre el Gobierno y el ELN brindó un tenso respiro en algunas partes del país, la población más afectada necesita, más que nunca, acuerdos humanitarios firmes con un impacto real en sus condiciones de vida. En nuestra calidad de intermediario neutral e independiente, permanecemos dispuestos a apoyar iniciativas que estén encaminadas a aliviar el sufrimiento de las víctimas.
En varias ciudades, el control social por parte de "combos" y pandillas, las fronteras invisibles, las amenazas, la violencia sexual y el uso de niños para actividades delictivas causan estragos humanitarios. Sin embargo, estos fenómenos muchas veces pasan desapercibidos o, en el peor de los casos, son vistos como consecuencias naturales de la desigualdad y la pobreza. Es inadmisible que tales abusos sean el status quo en distintos núcleos urbanos del país.
La crisis carcelaria
Existe un consenso de las instituciones colombianas en considerar que la política criminal del país es incoherente e ineficaz. La Corte Constitucional ha hecho hincapié en su aspecto excesivamente punitivo y en que las condiciones actuales violan la dignidad humana y los derechos de los detenidos.
Si bien reconocemos los esfuerzos de las autoridades para resolver los enormes desafíos del sistema penitenciario, consideramos que no ha habido cambios sustanciales en las difíciles condiciones de vida de las personas privadas de libertad.
La punta del iceberg es el hacinamiento: 46 por ciento en los 136 establecimientos penitenciarios del país, según cifras del INPEC de enero de 2018. Este dato indica que hay una sobrepoblación de más de 36.400 personas. No obstante, las graves consecuencias humanitarias de esta ineficiente política criminal van más allá, e incluyen la deficiente atención médica y la falta de condiciones sanitarias, lo cual acelera la propagación de enfermedades.
En un intento de reducir el delito, desde 1993 en Colombia se ha cuadriplicado el uso de la privación de libertad. Sin embargo, no existe evidencia que demuestre que un endurecimiento de las penas haya mejorado los índices de seguridad ciudadana.
