En 2009, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Unión Interparlamentaria confeccionaron un informe que contiene una "ley modelo" destinada a ofrecer lineamientos a los legisladores para generar instrumentos jurídicos que aborden la problemática de las personas desaparecidas y sus familiares. La ley modelo integra estándares internacionales para que el enfoque esté basado en derechos. El mencionado informe se ha utilizado como referencia a lo largo del presente estudio de compatibilidad, principalmente para las recomendaciones que se formulan.
Previo al 2009, el CICR había generado espacios de análisis y propuestas sobre el tema. En febrero de 2003, organizó una Conferencia Internacional de Expertos Gubernamentales y no Gubernamentales, sobre las personas desaparecidas a raíz de conflictos armados o de violencia interna y los problemas que afrontan las familias de dichas personas. La XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada en diciembre de ese mismo año, la cual aglutina a todos los Estados firmantes de los Convenios de Ginebra, además de los miembros del movimiento, reconoció la importancia que reviste la problemática de las personas desaparecidas.
En años más recientes el CICR ha posicionado la necesidad de incorporar la temática de migrantes desaparecidos en el texto del Pacto Mundial sobre Migraciones de las Naciones Unidas, adoptado en diciembre de 2018. También ha llevado el tema de los desaparecidos a la agenda del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde 2017, como parte de su estrategia diplomática mundial sobre dicho tema, hasta la adopción de la Resolución 2474 sobre la cuestión de las personas desaparecidas en los conflictos armados, adoptada en junio de 2019. El objetivo era perfilar la cuestión de las personas desaparecidas como una prioridad humanitaria durante los conflictos y sacar a la luz las obligaciones pertinentes del DIH. Con este estudio, se espera alcanzar una mejor comprensión de las brechas normativas salvadoreñas en la temática de las personas desaparecidas, así como contribuir técnicamente en la adopción de legislación para prevenir y resolver la situación de las personas desaparecidas y sus familiares.
