Guatemala: múltiples desafíos humanitarios para un nuevo gobierno

Hace más de dos años que vivo en Guatemala representando al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). En este tiempo, he recorrido el país y trabajado de la mano de nuestro socio, la Cruz Roja Guatemalteca, para cumplir con la labor humanitaria de aliviar el sufrimiento de las personas afectadas por la violencia. Hoy, Guatemala enfrenta importantes desafíos humanitarios, algunos actuales y otros derivados de los años del conflicto armado interno, que son importantes atender.

El nuevo gobierno deberá hacer frente a necesidades humanitarias derivadas de la violencia armada, la violencia sexual, los desplazamientos y las desapariciones. Estas afectan en mayor medida a poblaciones vulnerables, discriminadas y estigmatizadas en función de su género, origen y situación socioeconómica.

A las puertas de 2020, desde nuestra organización vemos con preocupación que también persisten dificultades de acceso a la educación y a los servicios de salud entre esta población vulnerable.

En un plazo de cuatro años, el próximo Gobierno tendrá varias oportunidades de actuar en favor de estas personas. Con tanto por hacer, me pregunto: ¿cuál será la postura del Estado frente a los desafíos humanitarios que se presentan en la actualidad? ¿Cómo interactuará con los actores humanitarios, nacionales e internacionales que trabajamos en el país? ¿Cómo responderá a las necesidades humanitarias de las personas?

Una de las instituciones más importantes a considerar es la Cruz Roja Guatemalteca, reconocida por liderar respuestas a necesidades humanitarias, en condiciones a menudo difíciles, a través de una extensa red de voluntarios y delegaciones en todo el territorio.

Por otra parte, está el CICR, que trabaja en el país desde la segunda mitad del siglo XX, con una sede permanente en Guatemala a partir de 1989.

Como actores humanitarios, diariamente confirmamos en el terreno los datos y estadísticas que reflejan las necesidades humanitarias que afectan a millones de guatemaltecos.

La población que migra de Guatemala por la violencia y otros motivos nos genera una gran inquietud, pues enfrenta serias dificultades en su tránsito, retorno y en los procesos de asilo. Tratamos de mitigar algunas de las consecuencias de las que son víctimas como: muertes, lesiones físicas, separación de familias, desapariciones y endeudamientos que condicionan sus vidas. Aspectos a los que, a menudo, las políticas públicas no dedican la atención ni los recursos que merecen.

Otro reto es el trabajo en la búsqueda de personas desaparecidas y el apoyo a sus familiares. Son todavía miles quienes sufren por estas circunstancias. Algunos han desaparecido por procesos migratorios, otros debido al conflicto armado del pasado y otros por las situaciones de violencia actual.

En los años que llevo aquí, he visto avances en la búsqueda de las personas desaparecidas por parte de las autoridades, en el apoyo a las familias y en el reconocimiento social de su dolor, pero aún falta mucho por hacer.

Se deben ofrecer respuestas y brindar solidaridad a las víctimas de desapariciones en Guatemala. En este respecto, saludamos los esfuerzos del poder Legislativo en favor de una nueva ley para la búsqueda de personas desaparecidas y el acompañamiento a familiares.

Reconocemos la importancia de los mecanismos Alba-Keneth e Isabel Claudina, que tienen como objetivo la búsqueda y localización de niños y mujeres reportados como desaparecidos, así como los esfuerzos en materia de búsqueda de migrantes, que se podrían concretar más aún con la implementación del Código Migratorio. Sin embargo, observamos que, quizás, el mayor desafío está en la búsqueda de personas que desaparecieron durante el conflicto armado, de cualquiera de las partes, y entre ellas miles de civiles, incluyendo niños. Estos últimos pueden ser hoy, más de veintitrés años después de la firma de la paz, adultos que están vivos sin saber quiénes son sus familias.

El desarrollo de políticas públicas es clave para responder a estos problemas humanitarios. En lo que concierne a la situación actual de seguridad, como organización humanitaria con un mandato de proteger y asistir a la población afectada por la violencia, recordamos la importancia de que las fuerzas armadas y de seguridad recurran a la fuerza solo como último recurso y en pleno respeto del derecho internacional y de los estándares internacionalmente reconocidos, incluso ante situaciones difíciles.

Por otra parte, nos parecen positivas las iniciativas de diálogo, incluidas las cívico militares, en las que, en ocasiones, hemos sido invitados como observadores.

También creemos necesario, con un sentido humanitario y pragmático, garantizar condiciones adecuadas de vida a las personas privadas de libertad, sean adultos o jóvenes. Deben ser tratadas con dignidad desde su captura hasta su excarcelación. En este sentido, animamos a las autoridades a impulsar alternativas a una detención exclusivamente punitiva y carente de vocación resocializadora pues, desde nuestra experiencia, tienen mayores beneficios para la sociedad a corto y largo plazo.

Somos conscientes de que no se pueden separar las dinámicas estructurales que existen de las problemáticas humanitarias que tratamos de atender. Cambiar esas dinámicas requiere trabajar con las autoridades, las comunidades afectadas y los sectores implicados en las respuestas de la sociedad civil organizada.

Hoy, continúan existiendo auténticas tragedias humanas en Guatemala y, tras pocos días de la toma de posesión de las nuevas autoridades del país, reconocemos la magnitud y multitud de desafíos humanitarios que persisten.

Es importante que Guatemala se concentre en trabajar en los próximos años en estos desafíos humanitarios, convertirlos en prioridades de la agenda pública y dotarlos de reconocimiento social, para entre todos construir un entorno que nos haga más humanos.