La violencia no da tregua, tampoco contra la salud
En 2020, México dedicó muchos esfuerzos a mitigar la propagación de la COVID-19 mientras las consecuencias humanitarias causadas por la violencia persistieron. La pandemia mostró la fortaleza y el compromiso de miles de mujeres y hombres que volcaron sus esfuerzos en salvar vidas, e hizo también evidentes los retos para garantizar la provisión de servicios esenciales, como la salud, en comunidades con presencia de grupos armados no estatales y en lugares con alta polarización y estigmatización contra el personal médico.
Por Martin de Boer, jefe de operaciones del CICR en México
Durante el año, aún con el despliegue de medidas para contener la propagación de la COVID-19, tales como el paro de actividades, el cierre de establecimientos y los confinamientos, los asesinatos violentos no disminuyeron ostensiblemente, tampoco las desapariciones, mientras las comunidades afectadas por la violencia vieron recrudecidas sus condiciones a causa de la pandemia.
La situación de la violencia en el país sigue siendo muy compleja: evoluciona de manera desigual en diversas partes del territorio y tiene impactos visibles e invisibles en la vida de los pobladores. De acuerdo a datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado hubo 34.531 víctimas de homicidios doloso y 967 de feminicidio, una reducción que no alcanzó el 1% con relación al 2019 cuyas cifras fueron de 34.649 víctimas de homicidio doloso y 969 de feminicidio, las más altas de las últimas décadas.
Esta violencia amplia e intensa convivió durante 2020 con la crisis sanitaria desatada por la pandemia, poniendo a distintas comunidades bajo una amenaza doble. Desde hace un año, el personal de salud en primera línea trabaja sin tregua para combatir la COVID-19. Su camino no ha sido fácil y mientras a marchas forzadas adaptan sus estrategias, rutinas y jornadas laborales para salvar vidas, episodios asociados a la violencia han puesto en riesgo su integridad física y la de sus familias.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) fue testigo de cómo en contextos de pandemia, la falta de información, la incertidumbre y el miedo son caldo de cultivo para que el personal sanitario sea blanco de amenazas y ataques. Ello pone bajo una enorme presión y estrés a los sistemas de salud y a las comunidades vulnerables que ven obstaculizado el acceso a los servicios médicos debido a la violencia armada.
María Victoria es cirujana en Acapulco, México. Comienza cada día preparándose para lo peor, pero trabajando para dar lo mejor. Para ella, ir a trabajar no solo significa arriesgar su vida: significa salir y escuchar acusaciones de que los médicos propagan el virus.
En México, la delegación regional del CICR para México y América Central registró el año pasado un aumento en las agresiones en contra de los servicios de salud relacionadas con la pandemia, golpeando a los servicios médicos, de por sí bajo una gran tensión. En 2020, registramos 95 casos en total de falta de respeto y problemas de acceso a los servicios de salud, de los cuales 21 ocurrieron en un contexto de violencia o crisis ajenos a la pandemia. De estos últimos, el ingreso armado a instalaciones de salud para ejecutar a una persona fue la afectación más frecuente y el cierre de centros médicos comunitarios fue el principal impacto en cuanto acceso a servicios.
Hemos documentado el homicidio de un médico; heridas a siete miembros del personal de salud; dos ataques directos a voluntarios o instalaciones de la Cruz Roja Mexicana; once ingresos armados a instalaciones de salud y una amenaza masiva al personal de salud. Estas agresiones atentan contra el derecho a la salud de las comunidades, obstaculizando el acceso a los servicios médicos. Tan solo basta revisar que, en los últimos años, doce centros de salud en Guerrero se vieron obligados a cerrar debido a la violencia y, en Chihuahua, se registraron cierres intermitentes de instalaciones sanitarias.
Los 74 casos restantes documentados se relacionaron directamente con la pandemia. Aquellos vinculados con la COVID-19 afectaron a 117 trabajadores de la salud: 79 enfermeras, 35 médicos y tres voluntarios de la Cruz Roja Mexicana. También cinco hospitales y cuatro ambulancias fueron blanco de agresiones.
Las consecuencias de estas acciones, aunque en algunos casos fueron aisladas, son: afectaciones físicas y psicológicas, estigmatización al personal de salud y barreras para la prestación del servicio a determinados grupos o comunidades.
El seguimiento de agresiones a personal de salud en territorio mexicano forma parte del trabajo que el CICR hace alrededor del mundo en distintos contextos, procurando la protección y respeto al personal e instalaciones de este sector. La finalidad es fortalecer el acceso de la población a servicios médicos y reforzar el mensaje de que médicos y enfermeras no pueden ser, en ninguna circunstancia, blanco de ataques o amenazas.
Este informe presenta nuestras acciones más importantes durante 2020, año en el que continuamos trabajando por mejorar las condiciones de vida de los familiares de desaparecidos, de las comunidades afectadas por la violencia, de las personas migrantes, el personal de salud y de las personas privadas de libertad. Mano a mano con la Cruz Roja Mexicana, no cejaremos en nuestros esfuerzos para aliviar el sufrimiento humano y proteger la vida y la dignidad de las personas afectadas por las múltiples consecuencias de la violencia.
