Llamados a la acción para Colombia en 2023

La realidad de los colombianos que viven en medios de los conflictos armados y la violencia sigue siendo compleja. Estos son nuestros llamados a la acción para el año 2023 frente los asuntos que más nos preocupan en Colombia.

Frente a los conflictos armados

• Es fundamental que los actores armados permitan el acceso de las organizaciones humanitarias imparciales a los distintos territorios para que puedan aliviar el sufrimiento de la población civil y ayuden a mitigar las consecuencias humanitarias de los conflictos armados y la violencia. Esto incluye respetar los estándares y modalidades de estas organizaciones, basados en los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia.
• En el marco de los diálogos o negociaciones que puedan darse entre el Estado colombiano y los grupos armados, es importante que las partes consideren compromisos que conlleven a un mayor respeto del DIH, para reducir los efectos de los conflictos armados y determinar también eventuales obligaciones posconflicto. El DIH no debe ser interpretado políticamente o relacionado con decisiones políticas, a fin de que no se menoscabe su capacidad de proteger a las personas afectadas por conflictos armados.
• El respeto del DIH significa todo para las personas afectadas por los conflictos armados. Cuando se respeta la protección que confieren estas normas, disminuye el sufrimiento humano. De ahí nuestra insistencia a las partes en conflicto para que protejan la vida y la dignidad de las personas que no participan o que han dejado de participar en las hostilidades y las traten con humanidad en cualquier circunstancia.
• Hacemos un llamado a los actores armados para que dimensionen y reduzcan las consecuencias humanitarias que genera la presencia, uso y abandono de artefactos explosivos y los efectos directos e indirectos que tienen para la población civil.
• Es esencial que los niños, niñas y adolescentes no sean asociados de manera alguna con actores armados. En ese sentido, es importante que los actores armados estatales y no estatales respeten la protección que les confiere el DIH y otras normas humanitarias. De igual manera, es indispensable que el Estado colombiano fomente espacios de protección y promueva oportunidades en zonas rurales y urbanas a fin de prevenir el reclutamiento, el uso y la participación en hostilidades de menores de edad.
• Insistimos en la importancia de que el Estado fortalezca su capacidad institucional para brindar una respuesta integral a las personas afectadas por los conflictos armados.

Frente a la desaparición

• A fin de prevenir las desapariciones, instamos a los actores armados a tomar las medidas necesarias, como hacer una gestión adecuada de cadáveres y permitir el contacto con los familiares. Así mismo, les pedimos que entreguen a las instituciones pertinentes dedicadas a la búsqueda toda la información que tengan y que sea útil para esclarecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas.
• Recordamos a los fiscales, jueces y autoridades en general que el Mecanismo de Búsqueda Urgente es una herramienta indispensable que debe activarse de forma inmediata y adecuada en casos de desaparición.
• Pedimos al Estado y a la sociedad colombiana que continúen apoyando a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en la importante labor humanitaria que realiza. Esto tanto en los recursos económicos que necesita para su funcionamiento, como en la articulación interinstitucional y el acceso a información pertinente para el desarrollo de su trabajo

Frente a la Misión Médica y otras formas de asistencia de salud

• Exhortamos a los actores armados a que cesen los ataques contra las personas, las instalaciones y vehículos sanitarios que prestan asistencia de salud. En especial, es necesario su cuidado y protección en los lugares donde los servicios sanitarios son más frágiles, como sucede en las zonas más afectadas por los conflictos armados y la violencia.
• Insistimos a la ciudadanía para que respete, proteja y reconozca el papel fundamental que tienen en la sociedad la Misión Médica y otras formas de asistencia de salud. Así mismo, le recordamos la importancia de permitir que estas personas desarrollen su labor en cualquier circunstancia y sin ningún tipo de limitación arbitraria.

Frente a las personas privadas de libertad en centros penitenciarios

• Valoramos las iniciativas encaminadas a reformar y humanizar el sistema penal y penitenciario promovidas por el Estado colombiano. En particular, destacamos muy positivamente la aprobación del Proyecto de Ley 093 del año 2019, que consagra el servicio de utilidad pública para mujeres cabeza de familia privadas de libertad, como forma de sanción penal alternativa, incorporando las recomendaciones que presentamos.
• Teniendo en cuenta que, pese a los esfuerzos realizados, el Estado no ha logrado satisfacer de forma integral las necesidades de las personas privadas de libertad, y partiendo del principio del uso racional y excepcional de la prisión, es necesario un rediseño de la política criminal para que garantice un mayor acceso a la asistencia jurídica, el respeto de los plazos procesales y mejores alternativas a la detención, que incluyan un enfoque diferencial.

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