Mapa crítico de la situación humanitaria en Colombia

En el contexto de la pandemia por COVID-19, se profundizaron las consecuencias humanitarias del conflicto armado y se agudizó la violencia contra la población civil en varias zonas del país. 

Ante esta realidad, nos preocupa especialmente el aumento de homicidios perpetrados contra individuos y grupos de personas protegidos por el derecho internacional humanitario (DIH) y otras normas humanitarias, así como el incremento de otras prácticas violentas que adoptaron los portadores de armas para ejercer el control social en los territorios.

En algunas zonas, por ejemplo, los grupos armados impusieron medidas de control severas con el argumento de intentar detener el contagio del virus, lo que restringió la movilidad de las comunidades y las expuso a consecuencias como la falta de acceso a sus medios de vida y a servicios básicos salud.

Además, las sometió a una situación de miedo e intimidación, ya que, al no cumplir con estas medidas de control social, la población fue víctima de amenazas y homicidios.

Este panorama se ensombreció aún más porque continuaron las desapariciones, los desplazamientos masivos, el confinamiento, los ataques contra la Misión Médica y los accidentes con artefactos explosivos, entre otros.

Más de la mitad de los departamentos sufrieron el impacto de varias consecuencias humanitarias de manera simultánea: en Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca se registró el porcentaje más alto de población afectada.

No obstante, en otros lugares con menor densidad poblacional, como Caquetá, Guaviare y Putumayo, las comunidades también padecieron el recrudecimiento de la violencia.

El riesgo y la presión sobre la población civil aumentó considerablemente en las regiones vulnerables, pero paradójicamente esta realidad se invisibilizó

La pandemia por COVID-19 planteó nuevos desafíos para la asistencia de las personas afectadas por el conflicto y la violencia armada, ya que aisló a más comunidades e imposibilitó que estas hicieran visible su realidad. 

Además, generó mayores obstáculos para que las víctimas pudieran acceder a las rutas de atención estatal y de atención humanitaria, así como para que las instituciones pudieran acceder a ellas. 

La presencia de las instituciones del Estado continúa siendo débil en las zonas más afectadas por el conflicto. Sumada a los efectos de la pandemia y al deterioro de la situación humanitaria, esta realidad crea un contexto difícil respecto de las condiciones de vida y de seguridad de la población civil.

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