México: desaparición
Según cifras oficiales, en México hay al menos 61.637 personas desaparecidas. Cada día, llegan a las fiscalías y comisiones de búsqueda nuevas denuncias, reportes o noticias, algunas de las cuales podrían ser resueltas si la búsqueda se llevara a cabo de manera inmediata. Al mismo tiempo, llegan a diario a los servicios médico forenses (Semefo) del país los restos de personas fallecidas sin identificar, algunos de los cuales podrían ser identificados si se los analizara a tiempo y resguardara de manera apropiada.
En México, como en el resto del mundo, el CICR promueve que las acciones estatales incorporen objetivos humanitarios y respuestas al sufrimiento de los familiares, incluido el acompañamiento en salud mental. Asimismo, promueve que se establezcan medidas adecuadas a la magnitud y la complejidad del problema.
Consideramos que la mejor vía para dar respuestas oportunas y de calidad es profundizar en el modelo establecido en la Ley General en materia de desaparición de personas, que entró en vigor en 2018. Esta ley contempla la creación de un conjunto de entidades, herramientas y ámbitos de coordinación a nivel federal y estatal, y establece como principio la "participación conjunta" de los familiares de las personas desaparecidas, reconociendo en ellos no solo a beneficiarios sino también a agentes.
Asesoramos así a las autoridades de algunos de los estados (por ejemplo, estados de México, Querétaro, Coahuila, Veracruz) para que sus marcos jurídicos estatales sean compatibles con la Ley General.
También contribuimos, a nivel federal, con el diseño del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, del Protocolo Homologado de Búsqueda y del Plan Regional de Búsqueda para el Noreste de México. Para lograr mayor coordinación entre las autoridades y mejorar la eficiencia de los mecanismos de búsqueda, es necesario seguir fortaleciendo el Sistema Nacional de Búsqueda y su capacidad de articulación con las entidades federativas; considerar la creación de mecanismos de coordinación local; desarrollar el Sistema Único de Información Tecnológica e Informática (SUITI); y aprobar el protocolo homologado de búsqueda, así como otros procedimientos destinados a la estandarización de la investigación forense.
Entre las acciones que realizamos al respecto, dimos a conocer a las autoridades federales (INE, CNB y FGR) los procesos colombianos de identificación de personas fallecidas usando dactiloscopia, de cara a la futura adecuación de los procesos mexicanos de comparación de necrodactilias con registros administrativos. Asimismo, los servicios periciales de Guerrero, Jalisco, Coahuila, Estado de México, Veracruz y Puebla recibieron seguimiento y asesoría en relación con el establecimiento de archivos básicos forenses.
Para asegurar la participación de las familias, es imprescindible que sean el eje central de todas las actividades. Ellas son las destinatarias de la respuesta y las que están buscando. Son ellas las que saben mejor que nadie qué necesitan.