Lima (CICR) - La Mesa de trabajo sobre hacinamiento penitenciario en el Perú, creada en 2015, concluye el año con acuerdos concretos y propuestas legislativas para la reducción del hacinamiento, que al 2015 sería del 100% a nivel nacional, según el Instituto Nacional Penitenciarios (INPE).
"Reducir las condiciones de hacinamiento es una tarea muy difícil pero no imposible de lograr, si se toman medidas necesarias para abordar la problemática desde varios aspectos", sostiene David Cisneros, responsable del programa penitenciario de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para Perú, Bolivia y Ecuador.
Entre las propuestas trabajadas en la Mesa está el reglamento de la Ley 30219 sobre un "Beneficio Especial de salida para sentenciados extranjeros" y una propuesta de modificación de esta norma para exonerar del pago de la reparación civil a los sentenciados extranjeros que se postulan a este beneficio y facilitar así que puedan acceder al mismo. Ambas iniciativas serán alcanzadas a la Comisión de Justicia del Congreso de la República o autoridades del Gobierno en el primer trimestre de 2016.
Otro problema que genera hacinamiento es el uso de la prisión preventiva (54% de las personas privadas de libertad), por lo que la mesa analizó resoluciones judiciales e identificó las variables usadas por los jueces para la concesión de dicha figura. Se propusieron actividades de capacitación para los magistrados en el Centro de Investigaciones del Poder Judicial y en la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia.
Otra propuesta recomendada por la Mesa es el uso de grilletes electrónicos como medio alternativo a la privación de la libertad. Se conformó una comisión entre el INPE y el Poder Judicial para elaborar el reglamento y facilitar su aplicación cuando se apruebe la concesión a la empresa seleccionada para brindar el soporte técnico.
En el Perú, como en otros países de América Latina, el hacinamiento es una realidad que pone en evidencia la necesidad de contar con políticas integrales penales, penitenciarias y de prevención de la criminalidad. El hacinamiento genera graves consecuencias humanitarias, que se expresan en las inadecuadas condiciones de detención, el trato a las personas privadas de libertad, la dificultad para ejercer las garantías judiciales que los protegen, la poca cobertura de los programas de recuperación y un déficit en materia de infraestructura penitenciaria.
Frente a esta situación, el CICR convocó a todos los actores involucrados en esta problemática a fin de diseñar estrategias de corto, mediano y largo plazo destinadas a aliviar las difíciles condiciones de detención y contar con penales ordenados, seguros y con buen trato a las personas privadas de libertad.
En enero de 2014, el conversatorio "Medidas de Emergencia ante la crisis generada por el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios", reunió a autoridades públicas relacionadas con la situación penitenciaria (jueces penales, autoridades penitenciarias, fiscales, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República). Una de sus recomendaciones fue conformar una Mesa Permanente encargada de monitorear la situación, trabajar propuestas y hacer recomendaciones.
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