Presidente del CICR: ¿por qué no logramos reducir el terrible sufrimiento causado por la violencia sexual en situaciones de conflicto armado?

Gracias por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes sobre el tema de violencia sexual y migración.

La violencia sexual es un delito aborrecible. De eso no caben dudas.

Algunos podrán considerarlo un resultado inevitable de la crueldad y el caos de la guerra, de la violencia y de la inestabilidad.

Pero no es inevitable; al contrario, nunca es accidental. Nadie viola a otra persona por accidente.

Si bien las motivaciones para para perpetrar un acto de violencia sexual pueden ser muchas, la intención suele ser quebrar o deshumanizar a la otra persona y ocasionarle el mayor daño posible. Y, las más de las veces, esos actos están arraigados en normas de género subyacentes.

Así esté dirigida contra mujeres, hombres, niños o niñas, la violencia sexual siempre es la expresión de una relación de poder desigual.

Los migrantes son especialmente vulnerables a este fenómeno: quizá no conocen bien el país en el que se hallan, no cuentan con redes de contención y están en situaciones de desequilibrio de poder.

En ocasiones, la violencia sexual siguen provocando daño y sufrimiento mucho tiempo después de ocurrida: por el estigma social que recae sobre la persona que lo sufrió, por la falta de acceso a los servicios o por una legislación insuficiente a nivel nacional.

Les soy totalmente sincero: en algunas de las reuniones que he tenido sobre cuál es la respuesta más apropiada a la violencia sexual en el marco de nuestras actividades operacionales, me encuentro con la opinión de que es una cuestión impulsada por el interés de los donantes y no una preocupación real en sociedades atravesadas por la guerra.

O bien que en uno u otro contexto, la violencia sexual, en realidad, no existe; o que no es muy importante, debido a circunstancias culturales o políticas particulares.

En ese sentido, fue muy interesante ver las estadísticas generadas a partir de 54 talleres comunitarios organizados entre 2015 y 2018 en torno de los principales problemas que afectaban a la población. La violencia sexual era la preocupación número uno entre las jóvenes. Otras personas la mencionaron entre sus principales miedos, a la par de las tensiones en la comunidad, la inseguridad económica, el desplazamiento y los saqueos.

Hace poco, en el marco del Foro Económico Mundial, participé en un diálogo con un grupo de fundaciones y empresas acerca de la "creación de valor en contextos frágiles". Se identificaron dos amenazas principales para un proyecto: la corrupción y la violencia sexual.

Eso se debe, en parte, a la importancia estratégica que tienen las mujeres en el desarrollo económico productivo y la generación de resiliencia.

Con esto, quiero hacer hincapié en lo siguiente: dentro de nuestra propia organización, se nos presenta el desafío de formular respuestas sustanciales y orientadas al futuro. Tenemos que seguir insistiendo sobre el tema, exponer pruebas de que el problema existe y mostrar cómo hacerle frente.

Pero lo que digo no es ninguna novedad para quienes estamos aquí. Y tengo la seguridad de que no soy el único que se pregunta por qué, pese a que tenemos las mejores intenciones, no logramos reducir de manera sustancial el daño y el sufrimiento terribles que provoca la violencia sexual en los conflictos armados.

Sabemos que se trata de un tema sensible, a menudo considerado como un tabú. Pero ¿es posible que estemos sobredimensionando ese carácter de tabú? Ahora bien, en caso de que efectivamente sea un tabú, ¿lo es desde la perspectiva de las organizaciones humanitarias o de las personas afectadas?

¿Estamos desautorizándonos conceptualmente al mencionar todas las complejidades de la cuestión sin mostrar cómo adoptar medidas concretas?

¿Obramos con demasiada cautela en la adopción de medidas preventivas para abordar estas cuestiones con los portadores de armas?

¿O no somos capaces de generar un entorno donde una persona se sienta cómoda para hablar acerca de los hechos traumáticos que vivió, para confiarnos su información más personal?

¿Acaso el tema está tan estrechamente vinculado a cuestiones más amplias de género y poder, que no lograremos avanzar a menos que avancemos también en esos terrenos?

¿O tendrá que ver con que, lamentablemente, la justicia y la rendición de cuentas son tan escurridizas?

Sé que el tema es sumamente complejo. Si bien no tengo las respuestas a todas estas preguntas, me gustaría invitarlos a reflexionar con honestidad y alentarlos a adoptar medidas tangibles.

También quiero reiterar la determinación del CICR de considerar el tema de la violencia sexual en nuestras actividades operacionales como una de nuestras prioridades en el marco de nuestra nueva estrategia institucional.

Lo que también implica un cambio de foco en el debate: pasar de qué hacer a cómo hacerlo.

Estamos decididos a seguir trabajando día tras día para prevenir la violencia sexual por medio del diálogo con las partes en conflicto, las autoridades estatales y otras partes interesadas, poniendo el acento en la mejor aplicación de la normativa, la reducción del riesgo por medio de nuestros programas de protección y asistencia, y en la prestación de asistencia y cuidados a los y las sobrevivientes.

No obstante, insisto en tender a la aplicación de medidas específicas y concretas para lograr efectos medibles.

Por el momento, es evidente que no estamos abordando el problema en toda su dimensión y a la velocidad que requiere. Quizá ni siquiera haya consenso sobre qué se necesita hacer.

No podemos hablar de los esfuerzos emprendidos por las organizaciones humanitarias sin mencionar que son las autoridades nacionales las que tienen la principal responsabilidad de prevenir la violencia sexual y disponer lo necesario para que las víctimas reciban atención y justicia.

El derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos lo establecen claramente: la violación y otras formas de violencia sexual constituyen infracciones de sus normas.

Existen muchas medidas de protección que pueden adoptar las autoridades de los Estados, incluso para los migrantes. Por ejemplo:

• incorporar las disposiciones correspondientes en sus marcos jurídicos y sus políticas para garantizar la protección de todas las personas, incluidos los migrantes, en particular los que están en mayor situación de riesgo, como los niños no acompañados, los migrantes irregulares o los migrantes alojados en campamentos o en lugares de detención;
• disponer lo necesario para que las instituciones, como las cárceles, y las autoridades estatales se organicen y se capaciten según los estándares más elevados, y puedan responder a las necesidades de protección de las víctimas de violencia sexual;
• hacer lo posible por que se satisfagan las necesidades médicas, tanto físicas como psicológicas, y que se eliminen los obstáculos que impiden el acceso a los servicios.

El CICR está dispuesto a apoyar esta labor y ayudar a las autoridades a encontrar soluciones.

Hay obligaciones que competen a los Estados, pero mientras la violencia sexual siga siendo un fenómeno generalizado, nosotros también tenemos un papel que cumplir.

Ha llegado el momento de abrirnos, de hacer frente a las barreras, de traer nuevas soluciones y de avanzar hacia una reducción sustancial de la violencia sexual.

Discurso de apertura en el evento Violencia sexual contra migrantes: ha llegado la hora de pasar a la acción, 10 de septiembre de 2018, Ginebra.