Una oportunidad única para reglamentar el uso de la fuerza
Hablemos del elefante en la habitación: el uso de la fuerza en Honduras es un tema sensible pero imperioso de abordar. El cuestionamiento social sobre el actuar de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en recientes eventos demuestra la relevancia de regular el actuar de los cuerpos de seguridad en sus tareas diarias a través de mecanismos legales y protocolos precisos.
Por Karim Khallaayoun, Jefe de Misión del Comité Internacional de la Cruz Roja en Honduras
En un país como Honduras, donde hay varios órganos de seguridad, es importante que exista congruencia entre los conceptos y el modo en el que los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad ejercen su legítima facultad de usar la fuerza. En sus funciones de mantener la ley, la seguridad y el orden público, todos, sin excepción, deben actuar bajo un mismo estándar, con la visión de proteger sin discriminación el derecho a la vida y a la integridad, con pleno respeto al derecho internacional de los derechos humanos.
El uso de la fuerza, regido por normas internacionales, solo debe darse cuando es absolutamente necesario y persiguiendo objetivos legítimos. Los principios rectores de esta facultad que tienen los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son: legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y responsabilidad.
La potencial aprobación de la Ley del Uso de la Fuerza en Honduras beneficiaría tanto a la sociedad como a los cuerpos de seguridad, pues establece un marco claro de actuación y reduce el riesgo del uso ilícito de la fuerza, permitiendo así proteger mejor a las personas. Por ello, se hace indispensable el respaldo del actual anteproyecto de ley que cuenta ya con dos dictámenes favorables de la Comisión de Derechos Humanos en el Poder Legislativo.
Esta ley tiene el potencial de facilitar el trabajo de otros operadores de justicia del Estado, como jueces y fiscales, pues, al aplicar los estándares claros derivados del derecho internacional, las investigaciones y la atribución de responsabilidades en casos de presunto uso ilícito de esta facultad serían más diligentes.
De aprobarse la ley, las autoridades competentes tendrían 120 días para establecer un reglamento particular que recogería toda la normativa contemplada en distintas normas y regulaciones nacionales, como el Código Penal, la Ley de Policía y Convivencia Social, la Ley Orgánica de la Policía Nacional, ente otros. Con ello, se armonizarían el lenguaje y los conceptos emanados del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre la aplicación del uso de la fuerza, sentando así un ejemplo a nivel regional.
Un marco normativo fuerte y protocolos reglamentados y estandarizados van de la mano con el fortalecimiento de la doctrina, las capacidades y la profesionalización de todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, proceso en el que la academia puede jugar un rol fundamental. La capacitación y el entrenamiento son medidas indispensables y deben ser continuos y permanentes y darse a todos los niveles jerárquicos. Desde el 2013 hasta la fecha, el CICR ha contribuido con la formación de 25 instructores de Policía Nacional, 54 instructores militares y más de 20.000 oficiales militares y de policía sobre este tema.
La regulación del uso de la fuerza debe tomar en cuenta las medidas posteriores relativas a las personas que resulten heridas y/o fallecidas por un acontecimiento derivado de la actuación de las fuerzas de seguridad. Es importante establecer mecanismos claros y expeditos para la atención médica inmediata, la notificación a los familiares, apoyo psicológico y otras medidas de reparación.
Este año, Honduras tendrá elecciones y es necesario dar un mayor impulso y relevancia a esta discusión y a la aprobación y reglamentación de la Ley de Uso de la Fuerza previo a estos eventos. La situación postelectoral del año 2017 dejó importantes lecciones, tareas pendientes y la demanda de miles de hondureños de un cambio profundo sobre el manejo de situaciones de protestas.
Consideramos, desde nuestra visión estrictamente humanitaria y neutral, que regular el uso de la fuerza contribuirá a consolidar estos cambios necesarios para mejorar la profesionalización y rendición de cuentas de los de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Además, representa una oportunidad para sentar las pautas en el respeto al Derecho Internacional de los Derechos Humanos de forma ejemplar en América Central.
Descarga aquí la sección de Honduras del Balance Humanitario 2020-2021
