Con la expansión de la pandemia de COVID-19, los Estados afrontan una crisis de salud pública sin precedentes, que los ha obligado a adoptar medidas rigurosas. En este escenario, los movimientos migratorios añaden un nivel de complejidad adicional: los migrantes no deben verse afectados de manera desproporcionada ni por la propia pandemia ni por las medidas lícitamente adoptadas por los Estados para responder a esta crisis. Muchos gobiernos ya están elaborando soluciones innovadoras e inclusivas para asegurar que los migrantes, independientemente de su condición jurídica, sean tenidos en cuenta en sus respuestas y para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales incluso en estos momentos excepcionales.
El propósito de esta nota es ayudar a los Estados a elaborar respuestas a la COVID-19 que sean eficaces y que además tengan en cuenta las vulnerabilidades específicas y las necesidades de protección de los migrantes, con inclusión de los refugiados y otras personas que necesitan protección internacional a través de la ley, y ayudarlos a conciliar el imperativo de proteger la salud pública con el respeto de los derechos individuales.
