Jurisdicción penal internacional
Desde la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional ha desarrollado de manera progresiva un sistema de jurisdicción internacional que complementa la competencia de los tribunales nacionales para juzgar a acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Se trata de un sistema doble que se apoya, por un lado, en tribunales ad hoc y otros tribunales internacionales establecidos a partir de conflictos específicos, y, por otro, en la Corte Penal Internacional.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, las potencias ganadoras establecieron tribunales penales en Alemania y Japón para juzgar crímenes de guerra cometidos en medio de las hostilidades contra la población civil y los combatientes aliados. Pese a las reservas sobre el hecho de que los vencedores tomen semejante iniciativa, el carácter horroroso de los delitos cometidos, en particular, el asesinato en masa de judíos y otras minorías, despertaron amplio apoyo público para los juicios.
A diferencia de guerras anteriores, casi la mitad de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial fueron personas civiles. Es por ello que, en agosto de 1949, la comunidad internacional también apoyó de manera activa que se ampliara el alcance del derecho internacional humanitario (DIH), principalmente, en lo que respecta a tratados, a fin de proteger de manera más eficaz a la población civil.
El CICR recibió con agrado tanto el desarrollo del DIH a través de la adopción de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 como el establecimiento de la obligación de ejercer jurisdicción universal por infracciones graves de sus disposiciones, para poner fin a la impunidad por los crímenes de guerra.
Casi medio siglo después, el final de la Guerra Fría y los conflictos librados en Europa y África, que dejaron un saldo de cientos de miles de víctimas civiles, convencieron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de la necesidad de establecer tribunales penales internacionales una vez más.
El conflicto armado en los Balcanes derivó en la creación, por parte de las Naciones Unidas, de un tribunal penal internacional en La Haya, Países Bajos, para juzgar a presuntos autores de crímenes de guerra, genocidios y crímenes de lesa humanidad. Entre los acusados, se destaca el expresidente de Yugoslavia, Slobodan Milosevic.
Al poco tiempo, la ONU también formó un tribunal en Arusha, Tanzania, para sancionar infracciones del DIH y otros crímenes internacionales cometidos en Ruanda a principios de la década de 1990.
Desde ese momento, se han establecido otros tribunales especiales para juzgar crímenes nacionales e internacionales. Algunos de esos tribunales mixtos se crearon en Kosovo, Bosnia Herzegovina, Timor Leste, Sierra Leona, Camboya y, más recientemente, Líbano.
Estos tribunales penales internacionales (y mixtos) pueden contribuir al desarrollo y al esclarecimiento del DIH y del derecho de los derechos humanos. También pueden fortalecer el respeto del DIH al hacer justicia para las víctimas, funcionar como elemento disuasivo para conflictos armados futuros y contribuir a la reconciliación y la reconstrucción al determinar qué ocurrió efectivamente durante un conflicto.
En 1998, la decisión por parte de la comunidad internacional de establecer la Corte Penal Internacional también fue un intento de responder a estas preocupaciones, al ofrecer un espacio para tratar causas que los Estados no pueden o no quieren llevar a juicio.