La violencia y la guerra urbana

En los centros urbanos, la población civil y los objetivos militares suelen coexistir en las mismas zonas. Las armas explosivas pesadas, como grandes bombas, misiles, cohetes, morteros y municiones de artillería, tienen mayor probabilidad de alcanzar el objetivo militar, pero también tienen áreas de impacto amplias, imprecisas y, muy a menudo, indiscriminadas, que arrasan con todo a su paso. Esto afecta significativamente a la población civil y ocasiona muertes, lesiones y traumas.

La preocupación constante por la seguridad de seres queridos y la ansiedad incesante por el alimento y por otras necesidades básicas exacerban todas las dificultades personales asociadas con esta situación traumática. Es común vivir con un dolor intenso y con miedo. Si bien muchas personas logran seguir adelante con su vida y sobrellevar la angustia, otras padecen traumas psicológicos incapacitantes.

Los enfrentamientos urbanos suelen dañar o destruir infraestructura crítica necesaria para la prestación de servicios vitales, como energía eléctrica, agua y saneamiento, asistencia de salud, alimentos y educación. La población urbana, que depende de la infraestructura y de los bienes y servicios de terceros para su supervivencia diaria, es intrínsecamente vulnerable a las interrupciones del mercado y de las cadenas de suministro. La falla de un sistema a menudo genera el colapso de muchos otros. Esto incrementa los riesgos para la salud pública y los medios de subsistencia de las personas, lo que a su vez puede llevar al desplazamiento poblacional en masa.

Los bombardeos y los ataques de artillería también pueden ocasionar daños irreparables a los hospitales, evitar que las ambulancias lleguen a los heridos y alterar la prestación de suministros médicos. Los trabajadores de la salud, como miembros de la población civil, también sufren estos efectos en forma directa y pueden verse obligados a dejar su empleo y huir.

Cuando los barrios se van convirtiendo en frentes de batalla, todos los aspectos de necesidad básica —el agua, los alimentos, la asistencia de salud, el trabajo, la educación y el alojamiento digno— empiezan a escasear. Muchas personas se ven forzadas a huir de sus hogares; esto altera su vida y las expone a mayores riesgos, como violencia sexual y de género, dado que pierden sus medios de subsistencia y sus redes de apoyo. En general, son las comunidades locales, que a menudo también sufren los efectos del conflicto armado, las que prestan ayuda a las personas que han sido desplazadas.

El desplazamiento puede continuar por muchos años, incluso después de finalizadas las hostilidades, a raíz de la destrucción de viviendas e infraestructura. Por otra parte, las zonas residenciales quedan plagadas de explosivos abandonados sin estallar. Puede llevar años, incluso décadas, retirar esos dispositivos, lo que impide que los residentes regresen a salvo a su hogar.

La destrucción masiva causada por los conflictos armados en las ciudades puede retrasar los índices de desarrollo durante décadas.

Cuando las personas abandonan las ciudades en busca de más seguridad o mejores oportunidades, la “fuga de cerebros”, es decir, el éxodo de los trabajadores que saben cómo construir, operar y mantener la infraestructura (y los sistemas complejos que dependen de ella), se vuelve un problema. De igual manera, la situación de inseguridad y el cierre de las escuelas impiden durante años que los niños puedan recibir educación, lo que dificulta que toda una generación pueda tener una mejor calidad de vida.

Las consecuencias humanitarias de la guerra urbana son complejas, directas e indirectas, inmediatas y a largo plazo, visibles e invisibles. Pero eso no significa que sean un efecto colateral inevitable de la guerra.

1. Para proteger mejor a la población y la infraestructura civil, las partes en conflicto deben aplicar y acatar con rigurosidad el derecho internacional humanitario vigente, que está adaptado a las tendencias principales de la guerra. Los principios básicos de distinción, proporcionalidad y precaución son fundamentales para proteger a la población civil de los efectos de las hostilidades en zonas urbanas.

2. A su vez, las partes en conflicto deben reevaluar con urgencia su enfoque en relación con las operaciones en entornos urbanos, lo que incluye revisar las doctrinas de guerra urbana, los procedimientos de planificación e instrucción, las tácticas y la elección de armas. La planificación y la conducción de operaciones militares deben priorizar la protección de las personas civiles, dado que las partes tienen la obligación de tomar todas las precauciones posibles para evitar causar daños incidentales a la población.

3. Las partes deben evitar por todos los medios el uso de armas explosivas pesadas. Estas armas están diseñadas para detonar una gran fuerza explosiva a distancia sobre áreas de gran tamaño y ocasionar daños indiscriminados, lo que las hace poco adecuadas para uso en zonas urbanas y otros centros poblacionales. Deben evitarse a menos que se adopten medidas de mitigación suficientes para limitar su radio de impacto y el consiguiente riesgo para la población civil.

4. Las fuerzas aliadas y los socios de las partes en un conflicto armado también tienen una gran responsabilidad: deben diseñar y encuadrar su apoyo adecuadamente con el fin de evitar exacerbar las consecuencias humanitarias en las ciudades. Deben contribuir activamente a promover más seguridad para las personas civiles y los bienes de carácter civil.