Armas químicas y armas biológicas
La comunidad internacional prohibió el empleo de armas químicas y biológicas después de la Primera Guerra Mundial y reforzó esa prohibición en 1972 y 1993, cuando proscribió también el desarrollo, la producción, el almacenamiento y la transferencia de dichas armas. A raíz de los adelantos de las ciencias de la vida y la biotecnología y los cambios en cuanto a las condiciones de seguridad, ha crecido la preocupación de que las restricciones impuestas desde hace años al empleo de armas químicas y biológicas se vean socavadas o ignoradas.
El uso inadecuado de la ciencia o de los avances científicos para el desarrollo de armas que envenenen o propaguen deliberadamente enfermedades siempre ha provocado alarma y repudio en la opinión pública. El CICR dio cuenta del horror que provocó en la opinión pública el empleo de esas armas en el llamamiento que formuló en febrero de 1918, en el que se refirió a ellas como "inventos propios de la barbarie" que "sólo pueden ser calificados de criminales".
Durante siglos han existido tabúes contra esas armas, pero el empleo de gas tóxico en la Primera Guerra Mundial condujo al primer acuerdo internacional, el Protocolo de Ginebra de 1925, por el que se prohíben los gases asfixiantes, tóxicos y de otro tipo, así como los métodos de guerra bacteriológicos.
A pesar de la enorme destrucción, la gran cantidad de muertes y los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial, los principales beligerantes del conflicto no emplearon armas químicas ni biológicas. Es probable que no lo hayan hecho por temor a que el atacado respondiera empleando armas similares pero, aun así, quedó claro que el Protocolo de Ginebra de 1925 había establecido normas nuevas y claras al respecto en el derecho internacional.
El Protocolo ha sido respetado en casi todos los cientos de conflictos armados que han tenido lugar desde 1925. Las pocas violaciones de sus normas, bien conocidas por todos, han recibido la condena del mundo entero y, en algunos casos, ha habido acciones judiciales contra quienes las perpetraron.
El Protocolo de 1925 ha marcado un hito en el derecho internacional humanitario. Los instrumentos jurídicos que se elaboraron posteriormente fueron las Convenciones que aprobaron los Estados en 1972 y en 1993.
La Convención 1972, a la que se suele hacer referencia como la Convención de armas biológicas o la Convención de armas biológicas y toxínicas, supuso un gran avance hacia la eliminación total de ese tipo aberrante de armas. Como el empleo de esas armas ya había sido proscrito por el Protocolo de 1925, la Convención de 1972 prohibió el desarrollo, la producción, el almacenamiento, la adquisición, la retención y la transferencia de esas armas, incluidos sus sistemas de lanzamiento, además de exigir su destrucción.
De conformidad con la Convención, los países deben promulgar leyes nacionales que refuercen las prohibiciones antedichas. En las conferencias de examen que celebran periódicamente los Estados Partes, se evalúa el cumplimiento de las disposiciones del tratado y se adoptan recomendaciones en favor de su implementación y efectividad.
La Convención sobre las armas químicas de 1993 tuvo un desarrollo jurídico similar a la anterior, pues amplía la prohibición del empleo establecida en el Protocolo de 1925 al desarrollo, la producción, el almacenamiento, la retención y la transferencia de armas químicas, incluidos sus sistemas de lanzamiento. Exige también la destrucción de esas armas.
Dado que los avances en química pueden ser también muy beneficiosos para la humanidad, la Convención promueve y supervisa el desarrollo de la industria química a nivel mundial.
El control internacional está a cargo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, con sede en La Haya, que proporciona asistencia técnica a los Estados en la implementación de las disposiciones de la Convención. Los Estados tienen la obligación de designar una autoridad nacional que garantice la coordinación y la implementación.
Dado el enorme potencial, tanto beneficioso como perjudicial, de los avances en las ciencias químicas y biológicas la vigilancia del posible empleo de esos adelantos para desarrollar armas químicas y biológicas sigue siendo sumamente pertinente.
En respuesta a esas preocupaciones, el CICR hizo un llamamiento en septiembre de 2002 sobre "Biotecnología, armas y humanidad", que se centra en la posibilidad no sólo de que la ciencia se utilice con fines hostiles, sino también de que los adelantos científicos se utilicen para modificar agentes de enfermedades existentes de modo de tornarlos más nocivos, fabricar virus a partir de materiales sintéticos y químicos para alterar la conciencia, el comportamiento o la fertilidad.
El llamamiento insta a que se renueven los esfuerzos para luchar contra las amenazas emergentes, sobre todo la movilización de lo que llamó la "red de prevención", es decir una red mundial de todos los interesados en las ciencias biológicas y la biotecnología, procedentes de los sectores público y privado, científicos y juristas, que podrían ayudar a prevenir las consecuencias catastróficas del desarrollo no reglamentado de la biotecnología.
Más recientemente, el CICR ha manifestado su preocupación por el interés que podrían tener las fuerzas policiales, armadas y de seguridad en emplear sustancias químicas tóxicas, sobre todo drogas anestésicas peligrosas, como armas para el mantenimiento del orden destinadas a dejar inconscientes a las personas contra las que se las emplea o a provocarles incapacidades graves. Esas sustancias han sido llamadas "agentes químicos incapacitantes".
No se trata de los agentes de represión de disturbios, comúnmente conocidos como "gases lacrimógenos" y que están permitidos por la Convención de armas químicas como un medio para el mantenimiento del orden, incluida la represión de disturbios, solamente.
El CICR organizó dos reuniones de expertos internacionales, en 2010 y en 2012, a fin de analizar las consecuencias del empleo de "agentes químicos incapacitantes". En ese proceso, se estableció que el empleo de esos agentes podría poner en peligro la vida y la salud de las personas expuestas, socavar el derecho internacional que prohíbe las armas químicas y convertirse en un "terreno resbaladizo" hacia la reintroducción de las armas químicas en los conflictos armados.
A fin de contrarrestar esos riesgos, en febrero de 2013 el CICR instó a todos los Estados a que limitaran el empleo de sustancias químicas tóxicas como armas para el mantenimiento del orden sólo a los agentes de represión de disturbios.
