La población civil, atrapada entre el miedo y la zozobra

En diversos territorios del país, la población afronta un sufrimiento indescriptible que se agudiza cuando los actores armados incumplen las normas del derecho internacional humanitario (DIH) y otros principios humanitarios.

En 2022, nuestros equipos en el terreno documentaron 400 presuntas violaciones del DIH y otras normas humanitarias*, de las cuales más de la mitad correspondieron a homicidios, amenazas, violencia sexual, empleo de artefactos explosivos con efectos indiscriminados, reclutamiento, uso y participación de niños, niñas y adolescentes en las hostilidades, privaciones arbitrarias de libertad, tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otras conductas graves.

Así mismo, se reportaron hechos relacionados con la conducción de las hostilidades, como casos de incumplimiento de las partes en conflicto respecto de la obligación de tomar precauciones para proteger a la población y los bienes civiles de los efectos de estas hostilidades.

La presencia de actores armados cerca de centros poblados y el uso de bienes civiles con fines militares aumentó la presión sobre las comunidades y su temor de quedar en medio del fuego cruzado o de que sus espacios comunales se convirtieran en objetivos militares.

Un escenario complejo al que se sumaron otras dificultades. El año pasado, registramos 515 víctimas de artefactos explosivos, el número más alto de los últimos seis años. Esta cifra confirma la tendencia que observamos desde 2018, donde año a año la problemática se ha ido profundizando y con ello la dimensión de esta tragedia humanitaria.

En 2022, documentamos 348 casos de desaparición relacionados con los conflictos armados y la violencia que ocurrieron después de la firma del Acuerdo de Paz, de los cuales 209 sucedieron el año pasado. Estos datos no dan cuenta del número total de hechos que pudieron registrarse en el contexto nacional, pero evidencian de manera contundente que en Colombia este fenómeno no es un hecho del pasado. 

Por otro lado, de acuerdo con cifras oficiales, en ese mismo año el desplazamiento individual afectó al menos a 123 mil personas y el desplazamiento masivo a otras 58 mil. Todas ellas tuvieron que abandonar sus hogares para salvar su vida.

De igual manera, 39 mil personas estuvieron confinadas por el recrudecimiento de las acciones armadas y la presencia de artefactos explosivos en sus territorios. El 64 % de la población confinada se identificó como indígena y el 27 %, como afrodescendiente.

El análisis de esta información desde una perspectiva territorial muestra que en algunas zonas las dinámicas del confinamiento y el desplazamiento han sido constantes, mientras que en otras han cambiado considerablemente. En el primer escenario, por ejemplo, se encuentran Nariño y Chocó. Estos dos departamentos han ocupado, en los últimos cuatro años, el primer lugar de mayor afectación por desplazamientos masivos y confinamientos, respectivamente.

En lo que respecta a las situaciones de cambios considerables, un ejemplo es Arauca. En este departamento, el confinamiento aumentó 10 veces respecto de 2021 y el desplazamiento individual pasó de 763 personas reportadas ese mismo año a más de 19 mil desplazadas en 2022.

El año pasado también continuaron los ataques contra la asistencia de salud, siendo particularmente graves los hechos que se registraron en las zonas más afectadas por los conflictos armados y la violencia, como el asesinato de trabajadores de la salud y pacientes, amenazas, violencia sexual, extorsiones, bloqueo de ambulancias, entre otros. Algunos de estos casos ni siquiera se reportaron al sistema oficial por el temor de las personas afectadas.

También resulta relevante llamar la atención sobre el fenómeno del reclutamiento, uso y participación de niños, niñas y adolescentes en las hostilidades. Nos preocupa que los actores armados estatales y no estatales continúan involucrando a los menores de edad en los conflictos armados. Esto genera profundas consecuencias para ellos, como la separación de sus familias, la pérdida de sus proyectos de vida, afectaciones psicológicas, ser víctimas de violencia sexual, heridas, mutilaciones y muertes.

La ausencia de entornos seguros, de oportunidades de vida, de acceso a educación, así como el incremento del control social y de la presencia de portadores de armas cerca de lugares poblados aumenta la vulnerabilidad de los menores de edad frente a esta problemática.

Así mismo, nos preocupa la violencia sexual que, lamentablemente, sigue presente en el contexto de los conflictos armados. Estos actos de violencia son utilizados muchas veces por los portadores de armas como forma de represalia para generar miedo o para exhibir poder y destruir el tejido social de las poblaciones. Existen muchas expresiones de violencia sexual, además de la violación, como el acoso sexual o la desnudez forzada, que tienen consecuencias devastadoras para las víctimas, para las familias y para toda la comunidad.

Sin embargo, en la mayoría de los casos no se reporta por temor a la revictimización o por el sentimiento de culpa o vergüenza que pueden experimentar las personas afectadas. Las barreras para el reporte de los casos de violencia sexual son una limitación para que una víctima acceda a las rutas de atención antes de que trascurran 72 horas de los hechos, aun tratándose de una urgencia médica por estar en riesgo la vida de la víctima.

Todos estos elementos evidencian la complejidad del contexto actual, donde las dinámicas de los conflictos armados pueden variar ampliamente de una región a otra, así como el comportamiento de los portadores de armas y la dimensión de las consecuencias humanitarias.

En diversos territorios del país, la población afronta un sufrimiento indescriptible que se agudiza cuando los actores armados incumplen las normas del derecho internacional humanitario (DIH) y otros principios humanitarios.

En 2022, se intensificó la disputa territorial en varias zonas del país. Esto agudizó distintas problemáticas y aumentó el riesgo para la población civil, pues las comunidades no solo tuvieron que afrontar las consecuencias directas de los enfrentamientos (confinamiento, desplazamiento masivo, presencia de artefactos explosivos, daño de bienes civiles, entre otras), sino también la presión por parte de los actores armados que, en múltiples ocasiones, las acusaron de pertenecer, auxiliar o favorecer a una u otra parte en el conflicto por el simple hecho de habitar en el territorio y quedar en medio de la confrontación armada.

En otras situaciones, por el contrario, durante algunos meses del segundo semestre disminuyeron los enfrentamientos entre el Estado colombiano y los grupos armados, lo que redujo los efectos directos de las hostilidades y significó un cierto alivio para la población. No obstante, la situación para las comunidades de estos territorios continuó siendo complicada ya que en algunos lugares se mantuvo el control social de los portadores de armas y, con ello, las consecuencias humanitarias que podrían desprenderse de este fenómeno, tales como amenazas, atropellos y distintos tipos de abuso.

De acuerdo con nuestra clasificación jurídica actual basada en los criterios del DIH, en Colombia existen siete conflictos armados de carácter no internacional. Tres de ellos son entre el Estado colombiano y los siguientes grupos armados: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Antiguas FARC-EP actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz.

Los otros cuatro conflictos son entre grupos armados. Uno es entre el ELN y las AGC, y los tres restantes entre las Antiguas FARC-EP actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz y la Segunda Marquetalia, los Comandos de la Frontera – Ejército Bolivariano, y el ELN, respectivamente. Este último conflicto fue clasificado recientemente a partir de la observación y el análisis de las hostilidades entre ambos grupos y sus consecuencias humanitarias, durante los dos últimos años.

Las dinámicas cambiantes del contexto territorial, la reconfiguración de los actores armados no estatales, el deterioro de la situación humanitaria y la débil presencia de las instituciones estatales, que históricamente ha existido en las zonas más afectadas por los conflictos armados, evidencian múltiples desafíos en el plano humanitario y plantean un escenario difícil frente a las condiciones de vida y de seguridad de la población civil.

Sin embargo, es importante precisar que tanto las cifras como el análisis que se exponen en este informe corresponden a la realidad que observamos durante 2022. Dada la situación dinámica actual en Colombia, este panorama podría cambiar.

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