Colombia no debería seguir acostumbrada a la guerra

Mientras Colombia continuaba concentrada en contrarrestar los efectos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia por COVID-19, las consecuencias humanitarias en el país empeoraron.

Según las cifras, en 2021 la mayoría de los efectos derivados de los conflictos armados y la violencia alcanzaron el nivel más alto de los últimos cinco años.

De acuerdo con el análisis realizado por el CICR, en Colombia hay seis conflictos armados (ver recuadro) y otros tipos de violencia que afectan drásticamente la vida de las personas. La reconfiguración de los actores armados no estatales y el incremento de las confrontaciones armadas, del control social y de la disputa territorial aumentaron la presión sobre la población civil y plantearon nuevos desafíos para la asistencia humanitaria.

Así mismo, vemos con preocupación que quienes hacen parte de las hostilidades realizan acciones que no están en línea con el derecho internacional humanitario (DIH) y otras normas humanitarias.

En 2021, esta situación afectó a la población civil y a quienes dejaron de participar en las hostilidades por medio de amenazas, homicidios, privaciones arbitrarias de la libertad, restricción de movimientos, desplazamientos, vinculación de niñas, niños y adolescentes con portadores de armas, violencia sexual, uso de artefactos explosivos con efectos indiscriminados, saqueos y tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otros.

Hubo, además, otras consecuencias humanitarias, generadas por la proximidad de los actores armados a la población civil y sus bienes (por ejemplo, en viviendas, escuelas, centros de salud y lugares de culto, entre otros), sin tener en cuenta el principio de precaución, un elemento básico para la protección de civiles de las hostilidades y uno de los pilares del DIH.

La pobreza y la débil presencia del Estado en zonas apartadas generan que la intensificación de los conflictos armados afecte de manera más profunda a poblaciones que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Los departamentos más afectados por los conflictos armados y la violencia son Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Córdoba, Chocó, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca, y también otros con menor densidad poblacional como Caquetá, Putumayo y Guaviare. En zonas rurales de estos lugares, el miedo se apodera de las comunidades que no pueden llevar a cabo sus actividades de subsistencia, ni acceder a servicios esenciales debido a la presencia de artefactos explosivos o de actores armados.

En algunas zonas urbanas también se viven tiempos difíciles en los que los conflictos armados y la violencia configuran la vida diaria y generan consecuencias directas sobre la población civil. Estas personas, como quienes habitan en la ruralidad, experimentan dificultades en el acceso a los servicios de salud y educación y, además, ven el incremento del costo de los alimentos y medios de transporte.

Conflictos armados en Colombia

• Estado colombiano vs. Ejército de Liberación Nacional (ELN)
• Estado colombiano vs. Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)
• Estado colombiano vs. Antiguas FARC-EP actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz
• Antiguas FARC-EP actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz vs. Segunda Marquetalia
• Antiguas FARC-EP actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz vs. Comandos de la Frontera-EB

Dentro de las consecuencias humanitarias que más nos preocupan está el aumento del número de víctimas de artefactos explosivos, que en un año creció 24 %. Se trata de una situación que además genera confinamientos y desplazamientos, y deja a las comunidades sumidas en el miedo, pues caminar por el sendero equivocado puede cambiar su vida para siempre, o incluso quitársela.

Por otra parte, también alarma el hecho de que en 2021 en Colombia hayamos documentado 168 casos de nuevas desapariciones relacionadas con los conflictos armados y la violencia.

En cuanto a las niñas, niños y adolescentes, todas las partes en los conflictos armados del país continúan vinculándolos a sus filas, o usándolos como informantes, entre otras tareas.

La falta de oportunidades, sumada al cierre de centros educativos a raíz de la pandemia, propuestas económicas atractivas por parte de actores armados, incitación por medio del consumo de alcohol o sustancias psicoactivas, y vinculación forzosa a través de amenazas a niños, niñas y adolescentes o a sus familias, fueron factores determinantes para que este grupo poblacional terminara involucrado en los conflictos armados, desconociendo los riesgos que esto conlleva. Es una situación que genera consecuencias a nivel individual, familiar y comunitario, además de la pérdida de sus proyectos de vida.

A la vez, nuestro trabajo en las zonas afectadas por los conflictos armados y la violencia nos permite afirmar que la violencia sexual continúa siendo una problemática invisibilizada en estos lugares, donde en ocasiones, no solamente es empleada con el fin de intimidar y castigar a las personas o comunidades, sino también para exhibir poder y demostrar control territorial.

Aunque existe información al respecto, es difícil establecer la magnitud real de esta tragedia debido a las consecuencias que experimentan las víctimas, que las lleva a guardar silencio, como el sentimiento de culpa, la vergüenza, el temor a las represalias, entre otras. Esto impide a quienes sobrevivieron acudir a las instituciones, por lo que es muy probable que se presente un subregistro en las cifras y encuentren dificultades para acceder a las rutas de atención.

Ni aquí, ni allá

El confinamiento y el desplazamiento son dos caras de la misma moneda. En ambos casos, la vida de las personas se ve atravesada por la toma de una decisión: quedarse o irse para sobrevivir.

En 2020, las cifras de desplazamiento y confinamiento ya eran preocupantes. No obstante, en 2021 la cifra siguió aumentando. Según información oficial, el desplazamiento masivo afectó a 52.880 personas; el desplazamiento individual, a 77.568; y el confinamiento, a 45.108. Más allá de los números, estos fenómenos impactaron la vida de estas personas de manera estructural.

Los conflictos armados también afectaron a los trabajadores sanitarios. Las cifras de la Mesa Nacional de Misión Médica revelan que el 18 % de los ataques estuvieron relacionados con estas situaciones, si bien el subregistro es enorme y la cifra podría ser mayor.

Ante este panorama, hacemos un llamado a todos los actores armados del país para que protejan de las hostilidades a quienes no hacen parte de ellas: cumplir con el DIH y otras normas humanitarias no es opcional.

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