Armas autónomas: el CICR insta a los Estados a avanzar hacia la negociación de un tratado

En medio de los llamados a defender el orden internacional basado en el derecho y en un contexto de creciente preocupación por los riesgos humanitarios que plantea el desarrollo y el uso irrestrictos de armas autónomas, cada vez más Estados apoyan la formulación de normas internacionales jurídicamente vinculantes sobre este tipo de armas. El CICR está convencido de que esas normas se necesitan con urgencia, y exhorta a los Estados a tomar medidas inmediatas y concretas a nivel internacional a fin de preparar el terreno para la negociación de un tratado..

Los sistemas de armas autónomos, según la interpretación del CICR, son armas que identifican y atacan objetivos sin intervención humana. Una vez que una persona la activa, el arma autónoma inicia por sí misma un ataque en respuesta a información sobre el entorno, que recibe a través de sensores y en función de un perfil general del objetivo. La consecuente pérdida de control y criterio humanos en el uso de la fuerza suscita graves preocupaciones humanitarias, jurídicas y éticas.

A fin de prevenir riesgos severos para las personas afectadas por la guerra y atender consideraciones éticas, el CICR ha recomendado que los Estados adopten normas nuevas y jurídicamente vinculantes en relación con las armas autónomas. En nuestra opinión, para conservar suficiente control y criterio humanos en el uso de la fuerza, es necesario prohibir ciertos tipos de sistemas de armas autónomos y regular rigurosamente el resto.

Los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre Ciertas Armas Convencionales (CAC) vienen examinando cuestiones relacionadas con las tecnologías emergentes en el ámbito de los sistemas de armas autónomos letales desde 2014. Este año, el Grupo de Expertos Gubernamentales de la Convención se dispuso a "considerar propuestas y elaborar medidas", tomando en cuenta el ejemplo de los protocolos preexistentes de la CCAC y aprovechando la labor desarrollada en el pasado.

Para el CICR, resulta alentador que un conjunto cada vez más numeroso de Estados considere que es tan factible como necesario imponer límites convenidos internacionalmente. En los últimos meses, muchos Estados han manifestado estar a favor de establecer normas jurídicamente vinculantes. Las conclusiones preliminares presentadas al comienzo de la sesión de la semana pasada reflejan los principales ámbitos en los que hay consenso y que pueden constituir el punto de partida para el Grupo de Expertos Gubernamentales, en particular:

• reconocer que, a fin de cumplir con el derecho internacional humanitario, el uso de la fuerza debe estar sujeto a una valoración de cada contexto y el control humanos;
• por consiguiente —y, desde la perspectiva del CICR, también por motivos éticos y humanitarios—, reconocer además que algunos tipos de armas autónomas no deben utilizarse jamás;
• reconocer que el uso de las demás armas autónomas debe ceñirse a controles y restricciones, y que deben adoptarse medidas concretas a fin de mitigar los riesgos que dicho uso conlleva.
 

Lamentablemente, a pesar de las diversas propuestas presentadas por los Estados —entre ellas, la elaboración de prohibiciones y restricciones internacionales— y los incansables esfuerzos del presidente, el embajador Soares Damico, de Brasil, las conclusiones del Grupo de Expertos Gubernamentales no reflejan la gravedad del problema ni la urgente necesidad de una respuesta internacional, no dan cuenta de los retos específicos que plantean las armas autónomas ni brindan orientación alguna sobre medidas eficaces para afrontarlos.

El derecho internacional humanitario debe seguir evolucionando a fin de reafirmar y reforzar la protección de las personas afectadas por conflictos armados, y no quedar rezagado frente a la tecnología y la práctica militares, que están en constante desarrollo. La CCAC se estableció precisamente porque los principios del derecho internacional humanitario que rige todos los métodos y medios de guerra no siempre han resultado suficientes para impedir los graves daños causados por algunos tipos de armas convencionales. La "necesidad de continuar la codificación y el desarrollo progresivo de las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados" se refleja en el preámbulo de la CACC. En los esfuerzos que está realizando en pos de fortalecer la Convención, el Grupo de Expertos Gubernamentales debe guiarse por la voluntad de preservar la vida, la salud y la dignidad de quienes no participan en las hostilidades, y de proteger a los combatientes de todo daño y sufrimiento que no se justifiquen por la necesidad militar.

El CICR aprecia el trabajo extenso y detallado que llevan adelante los Estados Partes desde hace ocho años, así como las propuestas cada vez más concentradas y convergentes sobre alternativas concretas para hacer frente a los riesgos que conllevan las armas autónomas. También nos reconforta constatar que las posiciones de los Estados han evolucionado en sustancia y ambición a lo largo de los últimos años. En efecto, muchos Estados Partes ya se han comprometido a preconizar un instrumento jurídicamente vinculante, promover activamente la prohibición internacional de ciertas armas autónomas, dar un carácter concreto a las normas que rigen el desarrollo y el uso de armas autónomas, y emprender las iniciativas necesarias para regularlas en todo el mundo.El CICR confía en que los Estados traducirán su compromiso con la defensa del derecho humanitario internacional en la adopción sin demora de medidas fructíferas a nivel internacional.

El CICR tiene la convicción de que los Estados encontrarán la manera de elaborar una respuesta internacional eficaz proporcional a los riesgos —humanitarios, jurídicos, éticos y de otra índole— que traen aparejados los sistemas de armas autónomos. Necesitamos con urgencia nuevas normas jurídicamente vinculantes sobre las armas autónomas, en particular:

• la prohibición de todo sistema de armas autónomas cuyo diseño o uso impidan comprender, predecir y explicar cabalmente sus efectos;
• la prohibición de todo sistema de armas autónomas diseñado o utilizado para aplicar fuerza contra las personas;
• restricciones jurídicas específicas para el diseño y el uso de los sistemas de armas autónomos no prohibidos, en particular, que permitan aplicar un criterio y un control humanos a cada ataque.