Armas: declaración del CICR ante la ONU, 2017

Este año se ha avanzado de manera extraordinaria hacia el cometido de eliminar las armas de destrucción masiva a nivel mundial. Asimismo, se han alcanzado hitos importantes en relación con tratados fundamentales que prohíben o limitan el uso de determinadas armas a raíz de los inaceptables costos humanos que acarrean.

Estos logros han sido posibles gracias al valor, la determinación y la acción concertada de los Gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil, particularmente la Campaña internacional para abolir las armas nucleares (ICAN), a quienes transmitimos nuestras más sinceras felicitaciones por haber sido distinguidos este año con el Premio Nobel de la Paz. Estos logros son fuente de esperanza e inspiración para renovar las acciones destinadas a atender las consecuencias humanitarias de ciertas armas.

El 7 de julio, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recibió con agrado la adopción del Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares por parte de 122 Estados, al concluir la conferencia de negociación encomendada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estamos agradecidos de que el preámbulo del tratado destaque el papel desempeñado por el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en este logro histórico, así como la participación de la ONU, de la sociedad civil y de los hibakusha.

Este Tratado representa un paso fundamental y tan esperado hacia el objetivo universal de un mundo libre de armas nucleares. Partiendo del reconocimiento de las consecuencias humanitarias catastróficas de estas armas, este instrumento las prohíbe clara e íntegramente en virtud del derecho internacional humanitario (DIH). Califica cualquier uso de las armas nucleares como una aberración a los principios de humanidad y los dictados de la conciencia pública. Contiene fuertes compromisos de asistencia a las víctimas de los ensayos nucleares y del uso de las armas nucleares, así como a la reparación de zonas contaminadas. Asimismo, proporciona vías de adhesión para todos los Estados, incluidos los que poseen o están asociados a las armas nucleares.

Si bien el Tratado no provocará la desaparición inmediata de las armas nucleares, refuerza el tabú que existe en torno de su empleo y representa un claro elemento disuasorio de su proliferación. Se trata de un paso concreto en pos de cumplir obligaciones y compromisos internacionales de larga data en relación con el desarme nuclear, en particular, en virtud del artículo VI del Tratado sobre la no proliferación (TNP), que sigue siendo la base del marco normativo en materia de desarme y no proliferación nuclear a nivel internacional.

El CICR encomia a los Estados que han firmado y ratificado el tratado desde que se abrió a la firma hace tres semanas. Instamos al resto a ponerse a la altura de las circunstancias y adherirse lo antes posible.

El CICR hace un llamamiento a los Estados que hoy no están en condiciones de adherirse al tratado, como los que poseen armas nucleares y sus aliados, a que adopten medidas urgentes para prevenir el uso de armas nucleares, a la espera del cumplimiento cabal de sus obligaciones en materia de desarme nuclear.

Ante el aumento de la tensión, tanto a nivel regional como internacional, el riesgo del empleo deliberado, por accidente o error de cálculo, de las armas nucleares se ha elevado de forma pronunciada a niveles que no se registran desde la Guerra Fría. Este dato es sumamente perturbador. Debería movilizar a los Estados que poseen armas nucleares y a sus aliados a implementar los compromisos contraídos hace tantos años, por ejemplo, en el marco del Plan de acción de la Conferencia de las Partes encargada del examen del TNP de 2010, a fin de reducir los peligros nucleares. Uno de esos compromisos consiste en la reducción del estado operacional de las armas nucleares con miras a asegurar que todas las armas nucleares dejen de estar en estado de gran alerta (tal como solicitaba la resolución relativa a la suspensión del estado de alerta, adoptada por 174 Estados el año pasado en el marco del 71.o período de sesiones de la Primera Comisión). Los compromisos tendientes a la reducción del riesgo también abarcan la disminución del papel y de la importancia de las armas nucleares en todos los conceptos, las doctrinas y las políticas militares y de seguridad. Las medidas de fomento de la confianza, como el establecimiento de centros conjuntos de alerta temprana, también son fundamentales para reducir el riesgo nuclear.

El presidente del CICR, Peter Maurer, ha propuesto que las iniciativas destinadas a la reducción de riesgos sirvan como un punto de partida común para el diálogo entre los Estados que adoptaron el Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares y los que aún no están en condiciones de adherirse. Independientemente de sus posturas respecto del tratado de prohibición, todos los Estados deberían reconocer que los riesgos que conlleva el empleo de las armas nucleares nunca son aceptables. Sabemos, sobre la base de la experiencia, que hasta el más mínimo intercambio nuclear comportaría sufrimientos humanos atroces y tendría repercusiones prolongadas e irremediables a nivel mundial. Prevenir el empleo de las armas nucleares es de interés fundamental para todos los Estados y representa, sin lugar a dudas, un imperativo humanitario.

Este año se conmemora el vigésimo aniversario de la entrada en vigor de la Convención sobre las armas químicas, que ha sido un éxito excepcional. Hoy, todos los Estados, salvo cinco, son partes en la Convención. Gracias a la dedicada labor de los Estados Partes que poseen armas de este tipo, con el apoyo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), el 95% de todas las existencias declaradas de armas nucleares ha sido destruido, con lo cual nos acercamos a la promesa de la Convención sobre las armas químicas de lograr un mundo donde no existan estas armas tan atroces. El CICR felicita a la Federación de Rusia por haber llevado a término recientemente la destrucción total de sus existencias de armas químicas.

La prohibición absoluta del empleo de armas químicas es una norma del DIH consuetudinario vinculante para todos los actores, sean estatales o no estatales. En líneas generales, la prohibición ha sido ampliamente acatada, también gracias a la total aplicación y el carácter prácticamente universal de la Convención sobre las armas químicas. Las recientes y reiteradas confirmaciones del uso de armas químicas en Siria e Irak son una aberración que todos los Estados deben condenar de la manera más categórica, al igual que cualquier uso de armas químicas, sin importar quién las emplee ni dónde. La manera en que la comunidad internacional reacciona ante las violaciones de la prohibición de las armas químicas es esencial para defender la norma y garantizar el respeto del derecho.

Si bien los nuevos avances científicos y tecnológicos son muy prometedores para el futuro de la humanidad, su empleo como medio de guerra puede implicar riesgos considerables para la protección de las personas civiles y desafiar las normas del DIH vigentes. El CICR acoge con satisfacción las propuestas recientes formuladas en el marco de la Convención sobre las armas biológicas, la Convención sobre ciertas armas convencionales (CCA) y ante esta Comisión respecto de las maneras de afrontar nuevos avances en ciencia y tecnología, con todo lo que implican para las normas actuales del derecho internacional que prohíben o limitan el uso de ciertas armas.

Es indiscutible que toda nueva tecnología de guerra debe poder utilizarse —y utilizarse efectivamente— en estricto cumplimiento del DIH. Sin embargo, los desafíos que suponen, para el respeto del DIH, los sistemas de armas autónomos y las capacidades cibernéticas y, lo que es aún más importante, sus profundas implicaciones para el futuro de la guerra, imprimen carácter urgente a los debates internacionales en torno de estos nuevos medios de guerra en particular.

En los últimos tres años, en reuniones de expertos de la CCA sobre sistemas de armas autónomos "letales", se han identificado muchos de los cuestionamientos humanitarios, jurídicos y éticos que plantean estas armas. En los debates entablados en el marco de la CCA, se ha manifestado un consenso generalizado entre los Estados en cuanto a la obligación de conservar el control humano sobre los sistemas de armas y el uso de la fuerza.

En efecto, la conservación del control humano es un punto de partida necesario para propiciar un entendimiento común entre los Estados. La próxima reunión del Grupo de expertos gubernamentales sobre sistemas de armas autónomas letales de la CCA, presidida por India, será una oportunidad de considerar en mayor profundidad dónde establecer los límites con respecto a la autonomía de los sistemas armamentísticos para asegurar el cumplimiento del DIH y dar respuesta a las preocupaciones éticas que suscita este tema. El CICR exhorta a todos los Estados a aprovechar esta oportunidad.

Durante el año que pasó, se denunciaron ataques cibernéticos en varios países, que afectaron el funcionamiento de las redes eléctricas, de las instalaciones de salud y de una planta de energía nuclear. Afortunadamente, este empleo hostil del ciberespacio no tuvo consecuencias humanitarias de gran escala. No obstante, nos recuerda de forma muy patente la vulnerabilidad de la infraestructura civil esencial a los ataques cibernéticos y las considerables consecuencias humanitarias que estos ataques pueden desencadenar.

Para el CICR, es indiscutible que el DIH rige y restringe el uso de las capacidades cibernéticas como medios y métodos de hacer la guerra durante los conflictos armados. Fundamentalmente, el DIH prohíbe los ataques cibernéticos contra bienes o redes de carácter civil, así como los ataques cibernéticos indiscriminados y desproporcionados. Sin embargo, la interconectividad del ciberespacio plantea desafíos considerables en cuanto a la protección de las personas civiles frente a los ataques indiscriminados o al daño incidental excesivo, dado que los servicios esenciales para la población civil (hospitales, electricidad, redes de abastecimiento de agua y telecomunicaciones) se valen de sistemas informáticos para su funcionamiento.

Para ser claros, la afirmación por parte del CICR de que el DIH es aplicable a las operaciones cibernéticas no implica bajo ningún punto de vista que la Institución apruebe la guerra cibernética o la militarización del ciberespacio. Todo uso de la fuerza por parte de un Estado, ya sea físicamente o a través del ciberespacio, está restringido por la Carta de las Naciones Unidas (jus ad bellum). La cuestión es que, además e independientemente de las exigencias de la Carta de las Naciones Unidas, si un Estado opta por desarrollar capacidades cibernéticas militares, ya sea con fines defensivos u ofensivos, debe hacer lo posible por ceñirse al DIH (jus in bello).

Las singulares características del ciberespacio plantean interrogantes también singulares en cuanto a la interpretación de las normas del DIH, interrogantes que los Estados deben abordar con carácter urgente. Por lo tanto, el CICR lamenta que el quinto Grupo de expertos gubernamentales de la ONU sobre los avances en la esfera de la información y las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad internacional no haya conseguido adoptar un informe aprobado por consenso durante su reunión final en junio de este año. Instamos a los Estados a que renueven los debates en los foros correspondientes acerca de los problemas de importancia crítica que plantea la guerra cibernética, con miras a llegar a un acuerdo respecto de la protección que otorga el DIH al uso civil del ciberespacio. El CICR ofrece toda su disposición a aportar sus conocimientos sobre el tema en el marco de estos debates.

El grueso del sufrimiento de la población civil en los conflictos armados aún es consecuencia de las armas convencionales, dato que puede resultar obvio. Dos cuestiones en particular exigen acción inmediata por parte de los Estados.

En primer lugar, ante las brutales guerras que se libran hoy en distintas partes del mundo, guerras en las que el CICR es testigo de un sufrimiento cada vez mayor producto de ataques indiscriminados e incluso ataques directos contra personas civiles, hospitales y trabajadores humanitarios, resulta urgente la necesidad de transferencias responsables de armas. Los Estados que prestan apoyo a las partes en los conflictos armados por medio del suministro de armamento tienen una responsabilidad especial, ya que proporcionan los medios por los cuales podrían cometerse y efectivamente se cometen violaciones del DIH. Deben utilizar su influencia para velar por que esas partes a las que prestan apoyo respeten el DIH.

Esto implica, entre otras cosas, poner fin a las transferencias de armas ante la comisión manifiesta de violaciones graves o en situaciones en las que haya un riesgo claro de que vayan a cometerse.

El Tratado sobre el comercio de armas (TCA) ofrece un proyecto de acción para reducir el sufrimiento humano que atañe a todos los Estados que participan en la cadena de suministro de armas. El CICR insta a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a ratificar o adherirse al TCA. Además de consolidar avances a largo plazo en materia de protección de la población civil y de aumento de la seguridad de las comunidades, las transferencias responsables de armas sentarán las bases para la paz, la seguridad y la estabilidad a nivel regional e internacional. Asimismo, los Estados deben adoptar las medidas prácticas que se han comprometido a adoptar en virtud de otros instrumentos, como el Programa de Acción sobre las Armas Pequeñas y Ligeras de la ONU. El año próximo, la tercera conferencia encargada del examen del Programa de acción, presidida por Francia, nos dará la posibilidad de considerar las sinergias con el TCA, como las prácticas idóneas para prevenir el desvío y la proliferación ilícita de armas pequeñas y ligeras, y de promover la transparencia y la rendición de cuentas en las transferencias de armas.

En segundo lugar, dado que las hostilidades tienen lugar cada vez más en zonas urbanas, y que unos 50 millones de personas sufren los efectos de la guerra en las ciudades, la protección de las personas civiles exige que las partes en los conflictos armados reevalúen su elección de los medios y métodos de guerra, en particular el uso de armas explosivas en zonas pobladas. En las guerras urbanas actuales en Medio Oriente y en otras partes del mundo, el CICR, en calidad de actor humanitario en la línea del frente, puede dar cuenta de los desastrosos efectos que tienen las armas explosivas pesadas para las personas civiles y de cómo alteran los servicios esenciales para su supervivencia, ya sea la asistencia de salud, el suministro eléctrico o de agua. El CICR continúa exhortando a las partes en los conflictos armados a que eviten el uso de armas explosivas con amplio impacto en zonas densamente pobladas debido a la alta probabilidad de que provoquen efectos indiscriminados. El Secretario General de las Naciones Unidas ha expresado un llamamiento similar. Cada vez más Estados avalan esta postura, e instamos a los que no lo han hecho a hacer lo propio. Se trata de una cuestión que atañe a todos los Estados, ya que los tipos de armas mencionados forman parte de los arsenales de la mayoría de los países. Celebramos todos los esfuerzos desplegados para abordar este problema humanitario urgente, como la iniciativa promovida por Austria de formular una declaración política no vinculante que identifique las prácticas idóneas al respecto.

El vigésimo aniversario de la firma de la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal es motivo de celebración e inspiración. El tratado fue adoptado en 1997, momento en el que poblaciones civiles en todo el mundo seguían sufriendo los efectos de un legado mortal de décadas de uso generalizado de minas antipersonal. En esa época, la mayoría de los Estados seguía utilizando o almacenando minas antipersonal. Hoy, veinte años después, el tratado cuenta con 162 Estados partes, gracias a cuyos esfuerzos concertados se han destruido más de 51 millones de existencias de minas antipersonal y se han limpiado miles de kilómetros cuadrados de tierras que fueron devueltas a las comunidades para su empleo con fines productivos. Cabe destacar que el número anual de nuevas víctimas de las minas ha disminuido drásticamente en los últimos veinte años, aunque el aumento reciente de nuevas víctimas debería ser motivo de preocupación generalizada. El CICR expresa su profunda consternación por los informes sobre el uso de minas antipersonal en conflictos recientes por parte de Estados que aún no se han adherido al tratado, así como de grupos armados no estatales. La experiencia ha demostrado que, en última instancia, los civiles son quienes pagan el precio: ven destruidas sus vidas, su integridad física y sus medios de subsistencia. Todo empleo de minas antipersonal es inaceptable.

La Convención puso de manifiesto la eficacia del liderazgo y de la determinación de los Estados, en colaboración con la sociedad civil y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a la hora de dar respuesta a una catástrofe humanitaria provocada por armas inaceptables, mediante la prohibición y la eliminación totales de esas armas en virtud del DIH. Sin embargo, resta mucho por hacer para lograr un mundo sin minas antipersonal. El CICR exhorta a los Estados que aún no son Partes a que se adhieran al tratado lo antes posible y a participar, mientras tanto, en la decimosexta Reunión de Estados Partes de la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal en Viena en diciembre.